M+.- Lo que comenzó como un operativo del programa Salvando Vidas en Jalisco terminó, según el testimonio de un automovilista, en una presunta exigencia de dinero por parte de policías viales para evitar las sanciones previstas por la ley.
Juan, cuyo nombre fue cambiado por temor a represalias, reveló a MILENIO que en ese entonces había comprado un automóvil Mazda 3. Ese día, aseguró, no había consumido bebidas alcohólicas y conducía el vehículo; su novia sí había bebido y le pidió ponerse al volante.
Al llegar a un punto de revisión del alcoholímetro, ubicado entre las avenidas Patria y Naciones Unidas, en Zapopan, fueron sometidos al procedimiento de rutina. Todo transcurría con normalidad hasta que, según relató, los oficiales comenzaron a sugerir distintas cantidades de dinero para evitar las consecuencias legales.
"Si se quieren ir ahorita, mil 800; si llega el jefe, serán 3 mil 800, y si se van al Torito, 11 mil. Ustedes deciden".
De acuerdo con su testimonio, uno de los policías incluso le dijo: "Si gusta, amigo, a una cuadra hay un cajero; aquí cuidamos a su novia".
Reconoció que permitir que ella condujera no fue la mejor decisión; sin embargo, consideró que las autoridades debieron actuar conforme al protocolo y aplicar las sanciones correspondientes.
Este comportamiento no es inusual. Según información obtenida por MILENIO mediante una solicitud de transparencia, de 2022 a 2026 la Fiscalía del Estado abrió 85 carpetas de investigación por los presuntos delitos de abuso de autoridad, extorsión y cohecho cometidos por policías viales.
La cifra únicamente considera los casos en los que se presentaron denuncias formales, pues en la llamada cifra negra permanecen situaciones como la de Juan, que concluyen sin consecuencias para los presuntos responsables.
¿Cuáles son los delitos más denunciados?
Los datos revelan que el abuso de autoridad es el delito con mayor incidencia. Por este ilícito se han abierto 68 carpetas de investigación, equivalentes a poco más del 80 por ciento del total. A ello se suman 13 investigaciones por extorsión y cuatro por cohecho.
Las cifras muestran que las denuncias se han mantenido constantes durante los últimos cinco años. En 2022 se iniciaron 18 carpetas; en 2023 aumentaron a 22; durante 2024 se abrieron 17; en 2025 se registraron 19 y, en lo que va de 2026, la Fiscalía del Estado reporta nueve investigaciones.
Por municipio, Guadalajara concentra el mayor número de denuncias, con 25 carpetas de investigación; le siguen Puerto Vallarta, con 11; Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, con nueve cada uno; Tonalá, con seis, y Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, con cuatro casos respectivamente.
También existen investigaciones en Ameca, Cihuatlán, Cocula, Ixtlahuacán de los Membrillos, San Juan de los Lagos, Tequila y Zapotiltic, además de expedientes en los que no se precisa el municipio donde ocurrieron los hechos.
La respuesta de la Fiscalía también evidencia distintos niveles de avance en las investigaciones.
Algunas carpetas ya fueron judicializadas; sin embargo, la mayoría permanece en etapa de investigación o integración. Otras fueron enviadas a archivo temporal; una concluyó por extinción de la acción penal y otra registró abstención de investigar.
Suman quejas sobre violaciones de derechos
A las denuncias penales se suman los expedientes abiertos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).
Otra solicitud de transparencia realizada por MILENIO permitió conocer que, entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio de 2026, el organismo recibió 33 quejas contra elementos de la Policía Vial por presuntas violaciones a derechos humanos.
Los expedientes incluyen señalamientos por presuntas violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, detenciones arbitrarias, amenazas, intimidación, lesiones, extorsión, robo, prestación indebida del servicio público, ejercicio indebido de la función pública y afectaciones a derechos específicos, entre ellos los de las personas con discapacidad, los derechos laborales y el derecho a la libertad de tránsito y residencia.
El año con mayor número de expedientes fue 2022, con 15 quejas. Entre ellas destacan la 2277, recibida el 22 de marzo, en la que se denunciaron amenazas, intimidación, lesiones, violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como detención arbitraria; y la 3182, del 27 de mayo, por presunta violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica y extorsión.
Durante 2023, la CEDHJ registró ocho expedientes relacionados con amenazas, intimidación, lesiones, robo, detenciones arbitrarias, ejercicio indebido de la función pública y presuntas violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica.
En 2024 se presentaron dos quejas: la 268, recibida el 1 de febrero por presunta prestación indebida del servicio público, y la 2211, que incluye señalamientos por amenazas, violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como violación a los derechos laborales.
En 2025 únicamente aparece la queja 3314, recibida el 25 de diciembre, por presunta violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica.
En tanto, durante el primer semestre de 2026, la CEDHJ contabilizó siete expedientes que incluyen presuntas violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, ejercicio indebido de la función pública, violaciones al derecho a la propiedad o posesión, violación al derecho a la igualdad y al trato digno, intimidación, detención arbitraria y afectaciones al derecho a la libertad de tránsito y residencia.
Entre estos sobresalen la queja 1038, presentada el 24 de abril, que reúne cinco señalamientos distintos, y la 1146, del 6 de mayo, que agrega presuntas violaciones al derecho a la libertad de tránsito y residencia, así como afectaciones al derecho a la propiedad o posesión.
La CEDHJ también reportó que la Recomendación 3/2022, derivada de la queja 26/2021/II y dirigida al ayuntamiento de Guadalajara, quedó archivada con cumplimiento parcial.
La resolución documenta que el 18 de diciembre de 2020 personal de Inspección a Mercados y Comercio en la Vía Pública interceptó a un comerciante y a su hijo menor de edad en el Centro Histórico de Guadalajara, a quienes acusó de ejercer el comercio ambulante sin permiso municipal.
La Comisión concluyó que, tras negarse a entregar un soborno y oponerse al decomiso de sus carritos de elotes, ambos fueron golpeados, lesionados y detenidos de manera arbitraria, además de recibir tratos inhumanos, crueles, humillantes e indignos.
Combate a la corrupción
Cuando se consulta a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el panorama es distinto. Ya no se habla de decenas, sino de cientos de carpetas de investigación.
La solicitud de transparencia realizada por MILENIO a esta dependencia señala que, del 15 de febrero de 2018 a la fecha, se localizaron 284 carpetas de investigación iniciadas contra elementos de la Policía Vial por hechos con apariencia de delito previstos en el Código Penal del Estado de Jalisco.
Por abuso de autoridad se registraron 10 carpetas en 2018; 13, en 2019; 12, en 2020; 13, en 2021; 13, en 2022; 16, en 2023; 11, en 2024; 16, en 2025 y 10 durante 2026.
Por cohecho se abrieron nueve carpetas en 2018; una, en 2019; siete, en 2020; seis, en 2021; 12, en 2022; 22, en 2023; 16, en 2024; 31, en 2025 y 13, en lo que va de 2026.
En el rubro denominado "el que resulte" se iniciaron siete investigaciones en 2018; una en 2019; ninguna en 2020; una, en 2021; una, en 2022; cuatro, en 2023; siete, en 2024; 12, en 2025 y ocho durante 2026.
La Fiscalía también reportó una carpeta por enriquecimiento ilícito en 2025; una investigación por lesiones en 2018; expedientes por peculado en 2022 y 2024; investigaciones por robo únicamente en 2019 y 2020, así como una carpeta por amenazas en 2019 y otra en 2026.
Además, informó sobre la apertura de investigaciones por delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público durante 2020 y 2022.
Respecto al avance de los expedientes, la dependencia informó que 46 carpetas han sido judicializadas. El resto permanece en distintos estatus, entre ellos abstención de investigar, archivo temporal, remisión a otra autoridad, sobreseimiento, no ejercicio de la acción penal, investigación inicial, etapa intermedia, apelación, suspensión condicional y acumulación.
La respuesta de transparencia también muestra que las investigaciones en etapa inicial han aumentado durante los últimos años. Mientras en 2022 había cinco expedientes en esa condición, en 2023 fueron cuatro; en 2024 ascendieron a 11; en 2025 aumentaron a 37 y, durante 2026, se contabilizan 32.
En cuanto a los resultados judiciales, la Fiscalía informó que entre 2019 y 2026 se han obtenido 34 vinculaciones a proceso: una en 2019; una en 2021; cinco en 2022; tres en 2023; cinco en 2024; 11 en 2025 y 13 durante 2026.
Sin embargo, la dependencia precisó que no existe registro de sentencias condenatorias ni absolutorias derivadas de estas carpetas de investigación durante el periodo reportado.
Amplían mecanismos para denunciar; hay gente que opta por no hacerlo
Mientras las investigaciones penales avanzan en distintas etapas, la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco reconoció que la corporación mantiene un número importante de investigaciones abiertas; sin embargo, atribuyó esta situación al tamaño de la institución y al número de policías desplegados en las calles.
En entrevista, Jorge Fernando Espinoza, director de Asuntos Internos, destacó que durante su gestión se ampliaron los mecanismos para presentar denuncias, incluidos reportes telefónicos, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales.
"Si yo encuentro un video de un elemento que yo advierta que puede ser elemento operativo de la Secretaría de Seguridad, inmediatamente lo descargo y, a partir de ahí, empiezo a… no necesito que nadie se queje".
Sostuvo que también puede iniciar procedimientos sin necesidad de que exista una denuncia formal.
Explicó que la dependencia recibe quejas mediante comparecencia, llamadas telefónicas, correo electrónico, denuncias anónimas e, incluso, inicia investigaciones a partir de publicaciones difundidas en redes sociales.
"Cuando hay una denuncia, hay una queja; puede ser anónima, por teléfono o por comparecencia. Incluso, por orden del señor secretario, todo lo que advertimos que se publique en redes y que pudiera ser susceptible de investigación lo atraemos nosotros e iniciamos un acta de investigación".
Espinoza detalló que la legislación otorga hasta un año para integrar las investigaciones, periodo durante el cual pueden realizar inspecciones de campo, revisar videograbaciones, analizar imágenes del C5, entrevistar testigos y recabar elementos para determinar si procede un procedimiento de responsabilidad administrativa.
Una vez reunidos los elementos de prueba suficientes, comienza la etapa de sustanciación, en la que el policía señalado adquiere la calidad de inculpado, conoce los hechos que se le atribuyen y ejerce su derecho de audiencia antes de que la Comisión de Honor y Justicia emita una resolución.
El funcionario reconoció que muchas personas optan por no denunciar.
"La gente, la verdad, es que no todo el mundo está dispuesto a denunciar. Yo sé que es difícil; es venir al edificio, encontrarse con los elementos operativos, incluso con aquellos a quienes, en ocasiones, se está señalando".
Indicó que, una vez iniciado el procedimiento administrativo, este normalmente concluye en menos de tres meses, salvo que exista un juicio de amparo que suspenda temporalmente la resolución.
Explicó que las sanciones pueden ir desde una amonestación hasta el cese definitivo del elemento.
"Podemos absolver… pero, en todo caso, podemos sí amonestar; si es suspensión, podemos suspender entre tres y 30 días, o aplicar la más grave, que es el cese definitivo. Y hay un elemento importantísimo con el cese definitivo: por disposición constitucional, un elemento que fue cesado ya no puede regresar a una corporación de seguridad".
Durante la etapa inicial de investigación, Asuntos Internos no puede restringir las funciones del policía; sin embargo, cuando existen indicios suficientes, informa a las áreas operativas para que determinen si el elemento debe ser retirado temporalmente del contacto con la ciudadanía y reasignado a labores administrativas mientras concluye el procedimiento.
Respecto a los videos difundidos en redes sociales en los que presuntamente se observa a policías golpeando a ciudadanos, explicó que cada caso se analiza bajo el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza.
"Si de verdad obtenemos nosotros que es un uso de la fuerza, un uso de la violencia contra un ciudadano, podría ser graduado como grave y, si se gradúa como grave, una consecuencia sí pudiera ser el cese".
También existe el procedimiento de separación para policías que incumplen los requisitos de permanencia, como reprobar los exámenes de control y confianza.
En el caso de quienes no acreditan la prueba toxicológica, explicó que son desarmados de inmediato y reasignados a funciones sin contacto con la población mientras concluye el procedimiento que deriva en su separación definitiva.
Como parte de las acciones preventivas, Asuntos Internos implementa operativos sorpresa en los puntos donde se concentra el mayor número de quejas ciudadanas.
Personal de la dependencia verifica directamente que las revisiones policiales tengan sustento legal; entrevista por separado al ciudadano y al oficial, y corrobora si el elemento se identificó, explicó el motivo de la intervención o realizó alguna solicitud indebida de dinero.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente y fortalecer las investigaciones, además de preservar las pruebas.
"Necesitamos ayuda de la gente. Necesitamos que la gente denuncie para que nosotros podamos sancionar… En la medida en que la gente nos ayude a denunciar, nosotros vamos a poder dar mejores resultados".
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ksh
