La decisión del juez de enjuiciamiento Gabriel Pérez Rocha de modificar la medida cautelar de prisión preventiva contra María Hilda N., también conocida como Liliana N. o 'Miss Tortura', ha generado preocupación entre víctimas y representantes legales, quienes advierten que la acusada podría enfrentar su proceso penal en libertad pese a estar señalada por delitos relacionados con trata de personas.
Durante una audiencia realizada este 18 de junio en Puebla, el juzgador determinó sustituir la prisión preventiva que mantenía a la imputada recluida desde hace más de dos años, permitiéndole continuar el proceso desde su domicilio bajo una medida cautelar distinta. La resolución ha sido cuestionada debido a que los cargos que enfrenta están relacionados con presuntos casos de trata de personas en agravio de mujeres en situación de vulnerabilidad, originarias de comunidades indígenas de la Sierra Nororiental de Puebla.
Personas cercanas al caso, han manifestado su inconformidad al considerar que existe riesgo de que la acusada evada la acción de la justicia antes de que se desarrolle el juicio oral. Además, señalaron que durante el proceso diversos jueces habían considerado procedente la prisión preventiva, por lo que la reciente determinación representa un cambio significativo en las condiciones bajo las que se desarrollaba el caso.
Liliana N. fue aprehendida en marzo de 2024 y vinculada a proceso por el delito de trata de personas tras las denuncias de mujeres que aseguraron haber sido captadas y sometidas a explotación laboral. Las víctimas había sido traídas desde municipios serranos para realizar labores domésticas bajo presuntas amenazas, aislamiento y condiciones que vulneraban sus derechos humanos.
El caso cobró notoriedad pública debido a que la acusada, exreina de belleza y conocida como 'Miss Tortura', fue señalada por testigos de haber mantenido bajo condiciones de explotación a diversas mujeres durante varios años. Además de la denuncia inicial presentada por Teresa N., la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó posteriormente la existencia de una segunda denuncia formal por hechos similares.
La revisión de la medida cautelar se produjo luego de que se cumplieran más de dos años de prisión preventiva sin que el proceso llegara a la etapa de juicio oral. La defensa de las víctimas ha sostenido que la demora se debió, en parte, a diversos recursos legales promovidos por la representación jurídica de la imputada, situación que prolongó el avance del procedimiento penal.
Mientras tanto, el proceso penal continúa y será la autoridad judicial la que determine, en una etapa posterior, si existen elementos suficientes para emitir una sentencia respecto de los delitos que se le atribuyen.
BTO
