El combate al huachicol fiscal y la extorsión se convirtieron en dos de las prioridades del gobierno federal para fortalecer la seguridad en el país y enfrentar a la delincuencia organizada.
De acuerdo con el Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030, publicado en el Diario Oficial, el huachicol fiscal es un fenómeno complejo operado por estructuras delincuenciales que operan en distintos niveles del mercado, mantienen vínculos con servidores públicos y del que se carecen datos puntuales sobre su alcance económico.
Mientras que la extorsión es identificada como uno de los delitos que se mantiene con altas incidencias, y que representa un riesgo importante para los ciudadanos y su vida cotidiana; además, cuenta con una elevada cifra negra, es decir, la mayoría no se denuncia.
“En México, el deterioro de las condiciones de seguridad y de paz social representa un desafío estructural que afecta la convivencia ciudadana, la cohesión social y la confianza en las instituciones. Esta situación se refleja en niveles de violencia, expansión y diversificación de actividades delictivas, así como en la percepción de impunidad y la prevalencia de prácticas de corrupción. La población se encuentra expuesta a riesgos y amenazas que vulneran su seguridad, mientras que la desconfianza en las autoridades y la vulneración de derechos humanos debilitan el tejido social”, dice el documento.
Para enfrentarlos, junto con otros delitos de alto impacto como el homicidio, el gobierno plantea estrategias puntuales para medirlos, enfrentarlos y reducirlos.
Huachicol fiscal
El diagnóstico del gobierno es limitado en el informe, al señalar que emergió como un mecanismo complementario de defraudación que aprovecha lagunas legales y genera mecanismos de evasión fiscal junto con prácticas de corrupción.
Explica que se caracteriza por la simulación de operaciones de importación, venta o distribución de combustibles mediante empresas fachada, facturación apócrifa o alteración de volúmenes declarados.
Sin embargo, hasta ahora no se tiene una medición clara de lo que vale este delito.
“Actualmente no se dispone de cifras oficiales consolidadas sobre el denominado huachicol fiscal. La ausencia de datos se debe, en parte, a la complejidad del fenómeno, que involucra operaciones de facturación simulada, empresas fachada y esquemas de triangulación que dificultan la trazabilidad y la cuantificación del daño al erario público”, explica.
Por ello, ha creado una estrategia de ocho puntos enfocados a debilitar las capacidades operativas, financieras y logísticas de las estructuras delictivas dedicadas al robo y contrabando fiscal de hidrocarburos:
- Reforzar las acciones de investigación, inteligencia y reacción para dar seguimiento a operaciones.
- Fortalecer la inteligencia operativa mediante el uso de tecnología y monitoreo avanzado.
- Tener una plataforma interoperable, que concentre y comparta información en tiempo real.
- Implementar protocolos unificados de control y verificación en ductos e instalaciones de hidrocarburos, mediante sensores inteligentes, sistemas de alerta temprana y plataformas de vigilancia aérea y terrestre.
- Desmantelar la infraestructura logística y financiera utilizada por las organizaciones delictivas.
- Integrar y gestionar expedientes relacionados con posibles delitos y medidas precautorias o cautelares y sanciones jurídicas por incumplimiento de obligaciones derivadas de permisos energéticos para prevenir actividades ilícitas en el sector hidrocarburos.
Extorsión
En tanto, la extorsión es un delito identificado por el gobierno con “niveles elevados”, con una tasa en 2025 de 5 mil 971 casos por cada 100 mil habitantes, concentrada en Guanajuato, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León.
El informe señala que, además de la violencia letal, como el homicidio, la extorsión constituye un “riesgo importante” para la seguridad ciudadana, pues afecta la vida cotidiana, la economía familiar y la confianza en las instituciones.
Dice que tiene un impacto significativo en grupos en situación de vulnerabilidad, genera costos directos por pagos derivados de amenazas y costos indirectos al afectar la percepción de seguridad, restringir la movilidad de las víctimas y limitar la participación social.
“El contexto nacional también muestra que la extorsión es un delito con alta cifra negra, ya que gran parte de los casos no se denuncian por temor, desconfianza en las autoridades o percepción de que la denuncia no resultará en acciones efectivas. Esto refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, atención a víctimas, coordinación interinstitucional e inteligencia policial”, señala.
Por ello, se plantea un plan de trabajo de siete puntos para enfrentar y debilitar las redes criminales vinculadas al delito de extorsión:
- Incrementar inteligencia para detectar grupos de extorsionadores con geolocalización, inteligencia y análisis de llamadas.
- Fortalecer patrullajes en zonas de alta incidencia.
- Desplegar operativos y puntos de revisión en territorio.
- Impulsar la creación de unidades antiextorsión locales.
- Generar detenciones, así como congelamiento de cuentas bancarias e incorporación a la lista de personas bloqueadas.
- Fortalecer capacitación en manejo de crisis y negociación.
Entre otros objetivos, el gobierno busca fortalecer la coordinación para disminuir la incidencia en delito de alto impacto y la delincuencia organizada transnacional; además de restaurar la paz social, fortalecer los mecanismos de coordinación, colaboración, vigilancia y supervisión intergubernamental operativa, logística y tecnológica.
También el fomentar la construcción de una cultura de paz y legalidad para prevenir la violencia y promover comunidades seguras con participación ciudadana y mejorar los mecanismos de diálogo y colaboración social para promover la cultura de paz y legalidad en comunidades del país.
DCP
