Después de más de seis años, Armando Humberto del Bosque logró que un capitan y cuatro elementos de la Secretaría de Marina (Semar) recibieran una sentencia de 22 años de prisión por la desaparición de su hijo.
El señor Humberto contó que en 2013 su hijo tenía problemas con un hombre del poblado de Colombia, en Nuevo León, por lo que denunciaron ante autoridades, quienes a su vez pidieron apoyo a elementos de la Marina que terminaron deteniendo a su hijo.
Primero, el capitán Raúl Enrique Sánchez Labrada dijo que investigarían a su hijo para saber si no tenía nexos con el presunto delincuente y luego lo liberarían. Horas más tarde negó que lo tuvieran en sus instalaciones y lo amenazó de muerte si insistía en el tema.
Dos meses después, Humberto apareció muerto en el interior de su vehículo con un disparo en la cabeza. Tardaron tres años, en 2016, para que los marinos fueran detenidos por agentes federales a la par de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al entonces secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón.
Tres años después, el viernes 28 de febrero, un juez de distrito emitió una sentencia por 22 años de prisión y el pago de más de 300 mil pesos por desaparición forzada al capitan Raúl Enrique Sánchez Labrada y los marinos Renato Juárez Arellanes, Alfi Ahumada Espinoza, Carlos Adán Verdugo y Elíseo Sánchez Patrón, quienes se encuentran presos en el campo militar número 1.
Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, afirmó que probablemente se tata de la "primera sentencia condenatoria en contra de elementos de la Marina por el delito desaparición forzada", por lo que es importante que no se revierta el fallo para que siente precedente.
"Desde luego los sentenciados tienen derecho a presentar sus recursos de apelación y eventualmente podrían imponer un amparo directo, pero muy importante que en esa revisión del procedimiento de la sentencia no tengan respaldo institucional ni formal ni informal, porque está documentado por organismos de derechos humanos que por años, en casos como éste, los elementos de las fuerzas armadas reciben apoyo para sus defensas de autoridades castrenses sea mediante abogados de la institución o de manera externa en cabildeos con jueces y magistrados", detalló.
Mientras que el señor Humberto aseguró que aunque esto no le devuelve a su hijo ni todo lo económico y material que perdió en seis años de lucha, se siente satisfecho porque es el primer paso de justicia.
"Esta sentencia me da la satisfacción si no completa de que ella se hizo en la justicia porque aún falta camino por recorrer como lo dije hace rato, sí me da la satisfacción de que sienta un precedente para muchas otras familias que están detrás de mí batallando por lo mismo y sufriendo lo mismo", agregó.
icc
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