Ocho penales federales operados por empresas privadas cuestan anualmente casi 10 mil millones de pesos, es por eso que las autoridades penitenciarias deberán pagar hasta 2035 más de 165 mil millones de pesos, 3.6 veces los recursos anuales del programa Prospera, dirigido a combatir la pobreza en el país.
En la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que indebidamente estos compromisos de pago del esquema privado de los penales de Chiapas, Michoacán, Durango, Coahuila, Morelos, Sonora, Guanajuato y Oaxaca no están registrados como deuda pública.
Informó además que a partir de 2013 se incrementó en más de dos mil por ciento la partida presupuestal 33903 por “la entrada en operación de los Contratos de Prestación de Servicios de Largo Plazo (CPS)” y los trabajos de remodelación y equipamiento de los penales federales; sin embargo, entre 2012 y 2015 la población en los 17 que hay en el país, solo creció 2.1 por ciento.
Este año, los subsidios entregados por Sedesol al programa Prospera ascienden a 46 mil millones de pesos. El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, tiene compromisos establecidos por 165 mil 987 millones 587 mil pesos por pagar desde 2016 a 2035 para la inversión y los gastos de operación, conservación y mantenimiento de los Centros Penitenciarios Federales (CPS), los cuales se registran como gasto corriente “y no se encuentran registrados como deuda pública, aun cuando se tienen los elementos de exigibilidad similares a una línea de crédito y constituyen obligaciones de pago ineludibles para el gobierno federal”.
La ASF explicó que la Cámara de Diputados autoriza los recursos para pagar dichos penales en la partida presupuestal 33903 de servicios integrales, ya que la decisión sobre su contratación y alcances queda exclusivamente en el ámbito del Ejecutivo federal, “lo que no ocurriría si la construcción, conservación y mantenimiento de los CPS se realizara bajo el mecanismo de aprobación del gasto público federal”, generado por compromisos de pago a largo plazo, similares a la deuda pública.
Apuntó por ello que “se estima conveniente que exista una mayor participación en la regulación, aprobación, ejercicio, control, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de los CPS”.
Indicó que de acuerdo con la Ley Federal de Deuda Pública, “la contratación de servicios cuyo pago se pacte a plazos está considerada como deuda pública, lo cual aplica en este caso en particular, ya que se convino con los prestadores de servicios un pago de referencia anual por 199 mil 476 millones 600 mil pesos durante 20 años”.
La ASF comprobó que contratando los servicios en dichos penales operados por particulares se ahorraron 47 mil millones de pesos, es decir, 32.5 por ciento del valor presente en lugar de haberlos construido con recursos públicos, además de que ofrecieron condiciones más eficientes a largo plazo que una alternativa con cargo al presupuesto de gasto de inversión. No obstante, constató que los de Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas y Morelos presentaron diversas fallas en 2015.
Al final del periodo de vigencia de los contratos, se podrá decidir si adquiere las instalaciones, libres de todo gravamen y, sin limitación alguna, adjudicar un nuevo contrato. En las cláusulas se establece que las instalaciones podrán destinarse exclusivamente a los fines autorizados por el Consejo de Seguridad Nacional.
