Julia jamás había sentido la necesidad de observar los postes de luz o las luminarias; para ella, eran parte del paisaje invisible de la ciudad. Sin embargo, todo cambió hace unos días al descubrir una verdad inquietante: el narco la acechaba a ella y a toda su cuadra.
En lo alto de una estructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un lente apuntaba silencioso hacia su intimidad. Nadie supo cómo ni cuándo ocurrió la instalación, pero el movimiento fue quirúrgico. La aparición del equipo coincidió, de forma gélida, con el aviso recibido por los comercios locales: la tranquilidad tendría un precio y los criminales cobrarían su “cuota”. El asedio se completó con intentos de secuestros virtuales contra su familia y vecinos.
El origen: la profesionalización del monitoreo
Entre 2007 y 2008 comenzó en Tamaulipas lo que los especialistas denominan la “profesionalización de la delincuencia”. En esta etapa, las células delictivas integraron la tecnología disponible, instalando los primeros dispositivos de seguridad ajenos al Estado.
Se señala como pioneros a Los Zetas —quienes surgieron como brazo armado del Cártel del Golfo (CDG) para luego independizarse—. Al operar en un entorno hostil y disputar territorios con sus antiguos aliados, se vieron obligados a obtener el máximo dominio de su entorno.
En aquel entonces, las fuerzas de seguridad informaban que estas herramientas reforzaban el halconeo, labor que antes dependía exclusivamente de informantes en puntos estratégicos.
El objetivo primordial era rastrear los movimientos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Marina. Si bien inicialmente obtenían datos mediante la corrupción de funcionarios, Los Zetas transformaron el modelo al centrarse en el sometimiento total del territorio: desde carreteras hasta negocios. Con los años, todas las células delictivas que operan en la entidad adoptaron este modelo de vigilancia.
“Ellos inauguraron el modelo de dominio territorial. Siempre habían existido células en Colima, Tamaulipas o Sinaloa que tenían a su servicio autoridades locales, pero no solían ser molestados. Cuando llega un actor disruptivo como Los Zetas, necesitan extraer información de distintas fuentes. Comprendieron que debían vigilar las vías de comunicación y lo que el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) llama áreas geoestadísticas básicas; su consigna era: contrólame la tiendita, la gasolinera, la cantina y el teatro. Ese es el esquema que empezaron a aplicar”, explica Manuel Balcázar Villarreal, director de MB Consultores e investigador asociado del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza (CESIG), del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Así operan las cámaras de los narcos en Tamaulipas: tecnología y mano de obra forzada
Para entonces, los infractores ya poseían experiencia colocando antenas ilegales para sus radiocomunicaciones. Replicar este sistema en las colonias mediante cámaras fue sencillo: utilizaban la infraestructura eléctrica para obtener energía y aprovechaban las redes de telecomunicaciones existentes. Paradójicamente, el sistema de videovigilancia oficial del Gobierno de Tamaulipas no se instauró sino hasta 2013.
“Contar con equipos sofisticados también requiere personal especializado. Esto ha derivado en el rapto de técnicos con capacidades para desarrollar dicha infraestructura”, explica Gerson Mata Estrada, también investigador del CESIG. Los antecedentes son sombríos: en 2009, un grupo armado privó de la libertad en Nuevo Laredo a nueve trabajadores de Nextel, originarios de Sinaloa; en 2015 se reportó un caso similar contra un empleado de la Comisión Federal de Electricidad en Ciudad Victoria.
La explosión de los decomisos
Entre 2013 y 2019, las cifras oficiales eran escasas; en 2015 solo se reportó la incautación de 52 lentes clandestinos. Sin embargo, en 2023 los informes se volvieron más precisos. Solo en Reynosa, entre marzo y mayo de ese año, se desmantelaron redes que incluían módems y antenas de transmisión inalámbrica. En junio, operativos similares se extendieron a Matamoros, Miguel Alemán y la zona ribereña.
La tecnología también ha evolucionado: ahora utilizan dispositivos tipo PTZ, con movimiento remoto, ocultos en cajas de registro falsas y con transmisión vía Wi-Fi a centros clandestinos de monitoreo. En octubre de 2023, la Marina ubicó una de estas centrales en la habitación de un hotel en Nuevo Progreso, Río Bravo, donde hallaron varias pantallas empotradas conectadas a distintos puntos de la ciudad. No hubo detenidos, pero era evidente que había por lo menos un par de personas encargadas de monitorearlas.
El crecimiento ha sido exponencial. Mientras que en 2024 la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas solo reportó 11 de estos equipos, en 2025 se incautaron 352 —casi uno al día—. Además, el fenómeno ya no es exclusivo de la frontera: se han localizado más de 20 en Tampico, Madero y Altamira, así como 17 en Ciudad Mante, al sur del estado. Recientemente, en Abasolo se desmanteló una base de operaciones en un inmueble particular donde, además de equipo tecnológico, se decomisaron armas largas, uniformes tácticos y cuatro personas fueron detenidas.
Del espionaje policial al control social
Actualmente, la inversión para una central de este tipo ronda los 450 mil pesos. Según el investigador Manuel Balcázar Villarreal, el costo de los aparatos ha bajado tanto —hay equipos desde 300 pesos— que ya no se requiere un presupuesto extraordinario. Los especialistas coinciden en que el propósito ha mutado hacia el sometimiento social.
“Ya no solo vigilan el despliegue de las patrullas; el objetivo es la vida cotidiana de la población para diversificar delitos como el narcomenudeo o la extorsión”, señala el investigador Gerson Mata Estrada. Por su parte, Balcázar Villarreal añade que esto les permite llevar una “contabilidad” de los negocios: “Saben cuánto venden los comercios y cuánto pueden exigir de cuota, complementándolo con la intimidación física”.
Las estadísticas respaldan este temor: durante 2025, la extorsión en Tamaulipas creció 38% con respecto al año anterior. En solo diez meses se superaron las denuncias de 2024, alcanzando 108 casos oficiales. Los comerciantes de Matamoros han denunciado incluso el cobro de piso por la venta de materiales de construcción.
El halconeo digital ofrece ventajas insuperables para el crimen: observación las 24 horas, imposibilidad de soborno por grupos rivales y un ahorro en la nómina. Además, si una cámara de bajo costo es detectada, el gasto de reposición es mínimo frente a la pérdida de un informante de carne y hueso, que podría proporcionar información de más a la autoridad o a sus enemigos.
Instituciones desfasadas frente al avance criminal
Pese a los aseguramientos, los expertos señalan un retraso en la respuesta estatal. “Los grandes hallazgos no suelen ser por labores de inteligencia, sino por denuncias anónimas o encuentros fortuitos al investigar otros delitos”, advierte Gerson Mata Estrada.
Manuel Balcázar Villarreal va más allá y señala que las organizaciones criminales ya utilizan inteligencia artificial generativa para planear redes logísticas y lavar dinero.
“Las autoridades no están leyendo la coyuntura ni cuentan con perfiles especializados para identificar estos puntos potenciales”.
Para frenar este avance, proponen fiscalizar el ciclo de comercialización de equipos de telecomunicaciones, tipificar penalmente a quienes instalen esta tecnología para el crimen y capacitar a las fuerzas de seguridad en el “quinto dominio”: el ciberespacio.
Balcázar Villarreal explica que hay zonas remotas del país donde las bandas satelitales están saturadas, a pesar de que en esos sectores el nivel de ingresos promedio es apenas el salario mínimo, lo cual es una señal clara de actividad ilícita financiada externamente.
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Vivir bajo sospecha
Julia y sus vecinos comprendieron la magnitud del peligro cuando vieron a la policía retirar los aparatos frente a su casa. No hubo explicaciones por parte de la Guardia Estatal, pero cuando el decomiso se anunció en redes sociales, el pánico se instaló en el barrio.
Meses atrás, varias familias casi fueron víctimas de secuestros virtuales: una modalidad en la que los delincuentes aíslan a una persona mediante engaños telefónicos mientras exigen dinero a sus parientes. También se anunció a los comerciantes que habría que pagar piso a la delincuencia si querían seguir trabajando.
“En ese momento nos dimos cuenta de por qué conocían nuestros movimientos, el color de la fachada de la casa y los horarios de salida. Tenían nuestros números telefónicos; nos dio terror. Dejamos de recibir visitas, nos olvidamos de las fiestas y nos aislamos en nuestra propia casa”, relató doña Julia.
Abraham Rodríguez Padrón, representante de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco) en el estado, reconoció que con tal saturación de lentes es imposible distinguir cuáles pertenecen a la delincuencia organizada.
Sin embargo, aseguró que en las Mesas de Seguridad se ha instado a los mandos a actuar. “Sabemos lo difícil que es denunciar, pero la autoridad está haciendo su trabajo a través del 089”, indicó.
Mientras tanto, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Pancardo, ha ordenado un operativo de inspección de equipamiento en la vía pública de los 43 municipios tamaulipecos. Por ahora, a Julia y a sus vecinos el miedo les ha cambiado el hábito: siempre miran hacia arriba, conscientes de que, en cualquier momento, el ojo del narco podría volver a encenderse.
ICGC
