DOMINGA.– En la pista de caballos de El Villarín, en el poblado de Santa Fe, Veracruz, se vivía como una fiesta de pueblo: gritos de quienes alentaban a su favorito mezclados con la música de banda vieja que salía de unas bocinas polvosas y el olor a tierra levantada por los cascos de los equinos. Era primavera y el sol pegaba con fuerza sobre la nuca. Aun así, nadie parecía dispuesto a moverse. Los apostadores estaban junto a la baranda, con los boletos arrugados en la mano y la mirada fija en la pista, esperando que en la siguiente salida la suerte, por fin, corriera de su lado.
Era el 3 de marzo de 2007. Ahí estaba José Francisco Mendoza Gómez, venía de Tamaulipas y era conocido como Yiyo. A sus 38 años, y con muchos dólares en el bolsillo, se había vuelto aficionado a comprar caballos y autos de carreras, y quienes lo conocían decían que ya estaba bien posicionado dentro del cártel de Los Zetas.
Tiempo atrás conoció a Marisela Flores Torruco, La Dama de Hierro, quien movía la droga para el Cártel de Sinaloa y que terminaría convirtiéndose en su esposa y madre de uno de sus hijos. El Yiyo se encargaba del trasiego de la mercancía que cruzaba por Veracruz y Tamaulipas para llegar a Estados Unidos, gestionando alianzas y cobrando pagos por derecho de paso. Así fue cómo construyó un imperio criminal que tocó los niveles más altos del poder: gobernadores, políticos, militares y autoridades de seguridad pública del norte del país.
Ese día, junto a él, estaba Efraín Teodoro Torres, conocido en el mundo criminal como La Chispa o El Z-14, señalado por las autoridades como uno de los catorce desertores originales del ejército que fundaron Los Zetas. Era también uno de los más cercanos a Heriberto Lazcano y jefe regional de la plaza de Veracruz.
Pero la carrera se interrumpió. De pronto, los gritos de los apostadores y la música de la banda se apagaron de golpe, cuando empezó a escucharse el sonido de lo que parecían ser detonaciones de arma. Los que estuvieron ahí cuentan que, cuando lograron recuperarse del susto, vieron a Efraín tendido en el suelo. Uno de los criminales más poderosos yacía boca arriba, con varios tiros en el cuerpo. Aún seguía vivo.
José Francisco El Yiyo cargó a Efraín como pudo y, con ayuda de otros, lo subió a una camioneta, no había tiempo que perder. Con el ruido y la confusión aún detrás, arrancó y salió con rumbo al hospital Millenium, en el puerto, a unos cuarenta minutos del hipódromo. Ahí lo registraron con otro nombre: Roberto Carmona Gasperín. Era precaución, una forma de evitar que alguien pudiera reconocerlo y rematarlo. Aun así, aquel día El Z-14 murió en el quirófano, mientras los médicos intentaban extraerle las balas.
Nunca se confirmó quién lo asesinó. Sin embargo, los medios aseguraron que se trató de una venganza de Miguel Ángel Treviño, El Z-40, entonces líder de Los Zetas, quien habría ordenado ejecutarlo porque ya no estaba contento con él. Su cuerpo permaneció dos días en la morgue del puerto. Hasta el 5 de marzo que una mujer, que dijo ser su madre, acudió a reclamarlo. Horas después, sus familiares lo sepultaron en un panteón, en Poza Rica, Veracruz.
Pero la historia no terminó ahí. Ese mismo día, poco antes de la medianoche, el guardia del panteón vio llegar un comando armado de al menos cinco hombres. Se acercaron y le preguntaron directamente: ¿dónde está enterrado el cuerpo de Teodo? El guardia no tardó en señalar la fosa. Era fácil reconocerla, las flores recién colocadas aún despedían un olor fresco. Los hombres lo amarraron y, después de desenterrar el cuerpo, se lo llevaron. Hasta el día de hoy, el cuerpo del Z-14 sigue desaparecido.
Finalmente, el 4 de septiembre, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) anunció que el narco, temido por coordinar y ejecutar acciones violentas y enfrentamientos contra cárteles rivales, había muerto en una fiesta de rancho en el mes de marzo, e informó que había detenido a cinco hombres que participaron en la exhumación clandestina: Francisco Javier Villarreal, Eduardo Lagunes, Sergio Humberto, Hugo Francisco Barona y El Yiyo.
La PGR llevó a todos los medios del país el nombre de este narco hasta entonces desconocido. El amigo del Z-14 había sido uno de los hombres que se habían llevado el cuerpo de Efraín.
Tras su detención, El Yiyo fue trasladado desde Veracruz hasta el penal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde compartió espacio con otros narcotraficantes de alto perfil. En ese penal se encontró rodeado de Jesús Vicente Zambada Niebla, el hijo de El Mayo; Alfredo Beltrán Leyva; y Miguel Ángel Félix Gallardo, El Jefe de Jefes, el viejo fundador del Cártel de Guadalajara.
En 2010, luego de tres años recluido, José Francisco escuchó su nombre en una sentencia que le devolvió el aire. La PGR, con una investigación deficiente, no logró comprobar los cargos de delincuencia organizada ni el robo del cuerpo, y con eso, finalmente, recobró su libertad. Pero ese tiempo tras las rejas le costó caro. Parte del patrimonio que había acumulado con sus actividades ilegales se esfumó: pagó a sus abogados con carros de lujo, camionetas blindadas, propiedades y, según quienes lo conocieron en ese tiempo, hasta avionetas.
Finalmente sus excentricidades lo hicieron visible para el gobierno de Estados Unidos. Su nombre quedó grabado en la historia judicial de ambos países: fue uno de los 26 narcotraficantes entregados en agosto de 2025 por Claudia Sheinbaum a Donald Trump, el segundo gran envío de capos del sexenio, una apuesta diplomática para calmar las presiones de Washington sobre el crimen organizado.
Esta es la historia de José Francisco Mendoza Gómez: un hombre criado entre caballos y polvo de carretera en el ejido Santa Cruz de Llera, Tamaulipas, que pasó de apostar fortunas en pistas de arrancones a mover cocaína entre fronteras, de construir hipódromos a levantar empresas con dinero sucio, de salir absuelto del Altiplano a terminar extraditado en el avión más incómodo de su vida. La historia de cómo un hombre puede ganarlo todo… y perderlo dos veces.
La participación del Yiyo en el Cártel de Sinaloa
Se sabe poco sobre su niñez, lo único confirmado es que nació en Santa Cruz de Llera, Tamaulipas, un pequeño pueblo a una hora de Ciudad Victoria, un día de febrero de 1969. Al empezar el milenio, su vida había dado giros que nadie podría haber imaginado. De aquel niño que corría entre animales, árboles y ríos en la zona rural, se había transformado en un hombre con dinero, poder y conexiones que atravesaban fronteras entre países.
En 2005, José Francisco levantó en Güémez, un pequeño poblado a veinte kilómetros de la capital de Tamaulipas, una pista de carreras de caballos que llamó El Árabe. La construcción era sorprendente para la región, bastante rural: contaba con un túnel subterráneo que conectaba ambos extremos de los carriles, al estilo del Hipódromo de las Américas en la Ciudad de México. El terreno pertenecía a un comerciante árabe décadas atrás establecido en la zona. Su origen, comentado entre los locales, inspiró el nombre del centro ecuestre.
Por esa época, otro de los pasatiempos de José Francisco era la velocidad. Aficionado a las carreras de arrancones de cuarto de milla, viajaba por distintos puntos del país para participar en ellas. Lo hacía con un despliegue poco común: tráileres para los autos de carrera, un autobús para los pilotos y parte del personal que lo acompañaba. Según conocidos, El Yiyo podía gastar más de treinta mil dólares en una sola jornada de competencia. Dos años después, aquel mundo de lujo y velocidad se vería interrumpido con su detención.
En 2016, José Francisco formó parte de la organización Flores-Torruco, investigada por tráfico de cocaína con destino a Estados Unidos. La red estaba conformada por Marisela Flores Torruco, La Dama de Hierro; José Francisco Mendoza Gómez; Alfonso Padilla Flores, Poncho-CR7; José Padilla Flores, Pepe-Goni; y Qiyun Chen, La China. La estructura operaba desde México como un engranaje logístico y financiero: respaldaba envíos marítimos y aéreos que partían de Colombia hacia Panamá, donde la droga cambiaba de manos antes de continuar su viaje a territorio mexicano. Ya en México, la red movía la cocaína por tierra rumbo al norte, hasta alcanzar la frontera con Estados Unidos. Paralelamente, realizaban operaciones financieras en varios países para garantizar el flujo constante de dólares.
Los documentos judiciales relatan que José Francisco estaba al centro del trasiego y de las ganancias que cruzaban fronteras entre México y Estados Unidos. No sólo movía mercancía y dinero. Secuestros y asesinatos formaban parte de su rutina para lidiar con sus competidores, dejando un rastro de intimidación y poder que consolidaba la fuerza de la organización y su propio nombre dentro de ella.
Sin embargo, la primera en caer sería la Dama de Hierro. El 8 de julio de 2017, la Policía Nacional de Colombia cerró el cerco tras varios días de investigación, operativos en ese país y análisis de información. Marisela había ingresado a Colombia meses como turista, pero las agencias internacionales ya conocían sus nexos con los cárteles. La Corte Distrital de Virginia la reclamaba por coordinar el tráfico de drogas desde Panamá, México, Colombia y Guatemala hacia Estados Unidos.
Se había ganado la confianza de peligrosos capos –entre ellos El Chapo– y realizaba a pedido secuestros y homicidios selectivos contra rivales en el tráfico de drogas. Se cree que antes de su detención buscaba asociarse con el Clan del Golfo. La Interpol tenía ficha roja en su contra. Cuando la detuvieron, Guzmán ya purgaba condena en Manhattan. Para El Yiyo, la caída de ella fue también la suya: sin saberlo aún, el reloj ya marcaba la cuenta regresiva.
Su arresto no sólo estremeció a la organización que ambos integraban, sino que también rompió la estructura emocional que lo había acompañado durante años. Entre ellos, cuentan quienes los conocieron, existía un vínculo tan profundo como peligroso: una mezcla de lealtad, pasión y ambición que podía sostenerlos o destruirlos con la misma intensidad. Según fuentes cercanas, Marisela le habría dicho una frase que él tomó como advertencia y tal vez como provocación: ‘A donde vaya, te voy a llevar conmigo’. Con los años, la promesa terminó convirtiéndose en presagio. Cuando Estados Unidos solicitó su extradición, la sombra de ella volvió a alcanzarlo.
Así pasó de narco a empresario con el gobierno de Tamaulipas
Para intentar legitimarse y ocultar sus negocios ilegales, a través de su última pareja, Yasmín Quintanilla, José Francisco fundó Megamax. La compañía generó alrededor de 47 millones de pesos entre 2022 y 2023 gracias a contratos con el gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, y con el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gáttas.
Formalmente, la constructora estaba a nombre de su mujer, quien figuraba como responsable legal. Pero su rol iba mucho más allá de firmar documentos: trabajaba codo a codo con él, negociando directamente entre el gobierno y Mendoza. Mientras ella representaba a la empresa, José Francisco se ocupaba de los contactos políticos, moviéndose con tal desfachatez que incluso asistió al primer informe de gobierno del alcalde de Ciudad Victoria en 2022.
En los documentos oficiales del gobierno de Tamaulipas quedaba registrada, en puño y letra, la firma y el nombre de José Francisco Mendoza Gómez. Con un descaro que llamaba la atención, no se limitaba a la sombra: también acudía personalmente a participar en los trámites de las contrataciones, moviéndose entre oficinas y funcionarios como si su poder fuera natural e incuestionable.
Megamax recibió contratos que incluían pavimentación y rehabilitación hidráulica y asfáltica de calles en municipios como Gómez Farías, Llera, Aldama y Nuevo Laredo; conservación de caminos en Ciudad Victoria, Güémez e Hidalgo; además de la rehabilitación de una escuela primaria en Ciudad Victoria.
El poder de José Francisco me alcanzó de manera inesperada. Tras publicar la investigación de su relación comercial con el gobierno el 14 de agosto de 2025, mi celular se vio inundado por cientos de llamadas y mensajes que repetían un simple pero inquietante “saludos”. Se trataba de un intento de apoderarse de mi teléfono, según una organización defensora de periodistas.
Durante las horas posteriores a la publicación de mi investigación, mi credencial de elector, con mi dirección, apareció filtrada en páginas de internet y distintas redes sociales. Poco después, comenzaron a llegar a mis propias cuentas amenazas de muerte, con mensajes que advertían sin rodeos: “tus horas están contadas”. Mientras todo esto ocurría, Marisela apelaba su sentencia en la Corte Distrital de Virginia, buscando reducir los dieciséis años y ocho meses que se le habían impuesto en 2019. Lo hacía después de haber entregado a su gran amor, a quien había decidido “llevar consigo” en un acto de venganza al descubrir que él había formado otra relación.
La caída de José Francisco Mendoza El Yiyo
En diciembre de 2024, elementos de la Fiscalía General de la República llegaron hasta el fraccionamiento privado Villarreal de Ciudad Victoria, donde José Francisco vivía rodeado de comodidades: su enorme jardín con alberca y un camino de pinos que llevan a la fachada de su hogar, de ahí lo llevaron al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, de la capital donde permaneció ocho meses antes de ser extraditado. Habían pasado ocho años desde su primera acusación en Estados Unidos.
En agosto de 2025, su nombre apareció entre los veintiséis reos entregados por el gobierno mexicano a Washington. Para las autoridades estadounidenses, el acuerdo no sólo buscaba castigar: era la llave para abrir una caja de secretos que había circulado durante años entre fronteras, socios y silencios. Para él, significaba el precio de una sentencia menor. Para quienes alguna vez apostaron a su lado en la pista de El Árabe, era la señal inequívoca de que el tiempo de las apuestas había terminado.
Los cargos que enfrentaba en Estados Unidos podían haberlo hundido para siempre en una prisión federal del estado de Virginia. La cadena perpetua no era un escenario lejano: era una posibilidad real y tangible. Acorralado por el peso de las pruebas y la presión de un sistema judicial implacable en casos de narcotráfico internacional, José Francisco eligió la única salida que le ofrecía una rendija de esperanza: declararse culpable del cargo de conspiración.
El acuerdo implicaba desnudar su vida financiera ante el gobierno estadounidense: revelar cada uno de sus bienes e intereses económicos, desde cuentas bancarias hasta propiedades escondidas bajo fideicomisos, empresas o prestanombres. Debía entregar las declaraciones de impuestos de los últimos cinco años y someterse, si era requerido, a exámenes financieros exhaustivos y pruebas de polígrafo para demostrar la veracidad de su información. Además, tenía que detallar cualquier activo superior a los cinco mil dólares que hubiera transferido a terceros desde la fecha del primer delito que originó su caso, conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína: nombres, montos, ubicaciones, fechas. Nada podía quedar fuera.
Después de su sentencia, José Francisco Mendoza permanece recluido en prisión de Estados Unidos, con una condena de diez años; aún sigue sin definirse si cumplirá su sentencia en una instalación federal de máxima seguridad en Carolina del Norte o en Florida. Yo, en cambio, sigo exiliada de mi propio estado, cargando con la sombra de su poder y la colusión que ejerció sobre autoridades.
GSC
