M+.- El 11 de julio de 2025, un joven tembloroso, delgado y con la mirada perdida hablaba ante una jueza de los Estados Unidos en Chicago, Illinois. Vestido con un traje naranja de presidiario, Ovidio Guzmán López formalizaba un acuerdo de culpabilidad y de cooperación que lo obligaba a colaborar con el gobierno estadunidense so pena de pasar el resto de sus días en prisión como su padre, el infame Chapo Guzmán.
En aproximadamente seis meses, tres oficinas del Departamento de Justicia y la división antilavado y contra narcóticos habrían de cerrar un segundo trato, prácticamente igual, con el hermano de Ovidio, Joaquín, quien en su desesperación para obtener un trato que lo dejara fuera de prisión en el menor tiempo posible, secuestró y entregó a uno de los colaboradores de su padre y fundador del Cártel de Sinaloa: Ismael Zambada García, El Mayo.
Los hermanos Guzmán López comparten, junto con otros acusados como El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada, el mismo número de caso en la corte federal de Chicago, Illinois, el 1:09-cr-00383, según los documentos legales consultados por MILENIO.
La estrategia legal de los fiscales estadunidenses es simple: los muchachos debían declararse culpables de cargos criminales que implicaran prisión mandatoria de por vida, la cual podrían evitar solamente si aceptaban y, de hecho, cooperaban con las autoridades estadunidenses a discreción del propio gobierno de ese país.
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Los cargos presentados por la justicia de EU para Ovidio Guzmán
Las investigaciones aseguran que Ovidio y Joaquín Guzmán López, y sus medios hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, fueron y son, respectivamente, los líderes de Los Chapitos, una célula criminal al amparo del Cártel de Sinaloa y de Joaquín Guzmán Loera, padre biológico de los cuatro jefes criminales.
Según la acusación, desde 2008 y hasta el arresto de Ovidio y Joaquín, en 2023 y 2024 respectivamente, se involucraron en los negocios de su padre y que en 2016, tras el arresto y posterior extradición y enjuiciamiento del Chapo, tomaron control de las operaciones que dirigía Guzmán Loera.
Para el caso de Ovidio Guzmán, su acuerdo de culpabilidad, firmado dos días antes de su presentación en la corte, un 9 de julio de 2025, consiste en cuatro cargos emanados de dos acusaciones, una en Illinois y otra en Nueva York. Los primeros dos cargos, los de Illinois, son tráfico de cocaína, heroína, mariguana y metanfetamina, y crimen organizado. Para el caso neoyorquino, tráfico de fentanilo y crimen organizado.
De acuerdo con la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos, un cargo por crimen organizado, específicamente por participar en una empresa criminal continua, acarrea una sentencia obligatoria de cadena perpetua, mientras que los cargos por tráfico de drogas van de diez años hasta prisión de por vida.
Incluida en la negociación viene una cláusula en la que El Ratón, como conocían a Ovidio Guzmán en el Cártel de Sinaloa, se compromete a colaborar con las autoridades para declarar o entregar información cuando le sea solicitado.
“Al momento de su sentencia, el gobierno debe dar a conocer al juez de la sentencia la extensión de la cooperación del acusado. Si el gobierno determina que el acusado ha seguido proveyendo una cooperación completa y verdadera, como es requerida por este acuerdo, entonces el gobierno deberá solicitar a la corte, con base en la norma 18 USC 3553, a disminuir de la sentencia mandatoria mínima del cargo dos de la doceava acusación ampliada y del cargo uno de la acusación del Distrito Sur de Nueva York”, se lee en el acuerdo de culpabilidad de Ovidio Guzmán.
Joaquín Guzmán y su acuerdo de culpabilidad
Joaquín Guzmán López firmó su acuerdo de culpabilidad el 1 de diciembre de 2025, por un cargo por tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana, y otro por crimen organizado, siendo el último el que también lo obliga a colaborar con las autoridades para que soliciten una reducción en su condena.
En un caso sin precedentes, El Güero, apodo con que conocían a Joaquín Guzmán en el Cártel de Sinaloa, también admitió haber secuestrado a El Mayo Zambada en Culiacán, Sinaloa, el 25 de julio de 2024, y que lo hizo con la esperanza de obtener aún más créditos para él y para su hermano, aunque también aceptó que Washington nunca le pidió, ni solicitó, aprobó o condonó dicha operación, que hoy mantiene tensas las relaciones entre Palacio Nacional y La Casa Blanca.
“Guzmán López, por lo tanto, reconoce que, como se discute más abajo, no recibirá créditos de cooperación por el secuestro, ni lo hará su hermano”, se lee en el acuerdo firmado por Joaquín Guzmán López.
Si nada cambia, el próximo 27 de julio Ovidio Guzmán López tendrá su audiencia intermedia en la que es probable que la fiscalía estadunidense anuncie si el hijo del Chapo, en efecto, ha seguido colaborando de manera efectiva para que después reciba una sentencia, o en el peor de los casos para el mexicano, que se le negara una reducción de condena y pase lo que le resta de su vida en prisión.
Joaquín Guzmán está calendarizado para comparecer hasta el 31 de agosto, en las mismas condiciones que su hermano.
El precedente Zambada Niebla
El 3 de abril de 2013 cayó el primero de los hijos de los capos incluidos en el caso 1:09-cr-00383, albergado en la Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en Chicago. Vicente Zambada Niebla firmó su acuerdo de culpabilidad por tráfico de cocaína y heroína, y al mismo tiempo, negoció su colaboración a cambio de una reducción de condena que hoy lo tiene fuera de prisión.
Además, logró que la fiscalía estadunidense asegurara en el acuerdo de culpabilidad que solicitaría medidas de protección para El Vicentillo, como conocían a Zambada Niebla en el Cártel de Sinaloa, así como para su familia.
La jugada resultó favorable para El Vicentillo, quien hoy se encuentra en libertad en los Estados Unidos, aunque tuvo que participar como testigo colaborador en uno de los juicios contra un mexicano más sonado en los Estados Unidos, el del Chapo Guzmán.
Mientras El Vicentillo, El Ratón y El Güero se convertían en testigos de Washington, el Departamento de Justicia construía otros casos criminales de relevancia con respecto al Cártel de Sinaloa, como la acusación en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios estatales y locales, quienes, según investigaciones, estuvieron o están en la nómina de Los Chapitos y la facción de Los Mayos.
AH
