Antes de que Donald Trump cumpliera el primer mes de su segundo mandato presidencial, el Gobierno de Estados Unidos materializó el inicio de su estrategia para combatir a los cárteles mexicanos mediante una orden para clasificar a seis de estos grupos como organizaciones terroristas.
Los cárteles de Sinaloa (CDS), Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste (CDN), Unidos, del Golfo (CDG) y La Nueva Familia Michoacana quedaron fichados por representar una amenaza a la seguridad nacional de la Unión Americana.
Según las leyes en aquel país, la designación de un grupo como organización terrorista extranjera acarrea múltiples consecuencias para sus integrantes, desde el impedimento para ingresar a Estados Unidos hasta la aplicación de severas medidas para aislarlos del sistema financiero.
En este sentido, a lo largo de 2025 el Departamento del Tesoro estadunidense emitió sanciones contra un total de 87 empresas debido a que, presuntamente, su funcionamiento se traducía en beneficios operativos para los cárteles.
A partir de la información revelada por la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), MILENIO elaboró una base de datos que permitió conocer cuáles fueron los giros más comunes en las empresas utilizadas por estos grupos, ya sea para lavar dinero, o bien, para enmascarar otras actividades ilícitas.
Bienes raíces, la fachada predilecta del narco
De las 87 entidades incluidas en la lista negra de la OFAC por sus nexos con cárteles, 18 manifestaron desempeñar actividades vinculadas a los bienes raíces, desde la construcción hasta la gestión de propiedades, lo que convierte a este sector en el más nutrido del catálogo.
La primera empresa de este rubro sancionada por la OFAC en 2025 fue Grupo Vindende S.A. de C.V., establecida en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y presuntamente utilizada por Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa para lavar dinero.
Según las investigaciones del Tesoro estadunidense, esta compañía de "construcción de proyectos de ingeniería civil" sería parte de una red de blanqueo de activos controlada por Alberto David Benguiat Jiménez. Hasta marzo de 2025, se estimaba que su entramado criminal habría logrado lavar más de 50 millones de dólares provenientes de la venta de drogas.
Cinco meses después de la sanción contra Grupo Vindende S.A. de C.V., la OFAC reveló los nombres de 13 empresas utilizadas por el CJNG para mantener a flote un lucrativo esquema de fraudes con tiempos compartidos, de las cuales ocho estaban ligadas con actividades de este rubro.
Entre inmobiliarias y supuestas agencias dedicadas a comprar o gestionar la ocupación de estas propiedades, el cártel de las cuatro letras estableció en Puerto Vallarta una red de estafas que dejó más de seis mil víctimas y 300 millones de dólares en pérdidas entre 2019 y 2023.
Restaurantes, la 'tapadera' preferida de Los Mayos
Las empresas relacionadas con servicios alimenticios —desde restaurantes hasta supermercados— representaron un 17 por ciento de las entidades sancionadas por la OFAC en 2025. Al analizar los reportes oficiales, resalta el hecho de que la mayoría de negocios de este rubro estaban bajo el control de Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa que mantiene una disputa frontal con Los Chapitos.
Según las investigaciones del Tesoro estadunidense, Los Mayos establecieron una red de 15 empresas —de las cuales 11 son restaurantes— para afianzar su control en Playas del Rosarito, un municipio de Baja California ubicado a poco más de 20 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
Al frente de dicha estructura, según las autoridades, se encuentra René Arzate García, alias La Rana, un operador de alto nivel que junto con su hermano Alfonso (alias El Aquiles) tendría a su cargo el trasiego de enormes cantidades de fentanilo.
En el boletín con el que anunció las sanciones contra la célula afín a Los Mayos, la OFAC también señaló la supuesta colaboración de figuras de la esfera política, como la ex alcaldesa Hilda Araceli Brown Figueredo.
Acorde con los señalamientos, Brown Figueredo y dos hombres cercanos a ella se habrían encargado de recaudar pagos de extorsión para los hermanos Arzate, así como de brindarles protección de la Secretaría de Seguridad local.
Los restaurantes sancionados por ser presuntamente utilizados para facilitar las operaciones de esta agrupación delictiva son:
- JR Alimentos Del Mar, S. De R.L. De C.V.
- Grupo JRCP, S. De R.L.
- Sabor Tapatío, S. De R.L. De C.V.
- Gotoco Alimentos Procesados S. De R.L. De C.V.
- Operadora De Espectáculos, Alimentos Y Bebidas J&R S.A. De C.V.
- Sunset Servicios Gastronómicos S. De R.L. De C.V.
- JJ Gonver S. De R.L. De C.V.
- Operadora De Alimentos Con Orígenes De México, S. De R.L. De C.V.
- Veintiuno Mexicali, S. De R.L. De C.V.
- Coco Beach Bar, S. De R.L. De C.V.
- Cavally Antro & Bar
¿A qué otros sectores pertenecen las empresas sancionadas por la OFAC?
Aunque los bienes raíces y los servicios alimenticios tuvieron la mayor concentración de empresas, las medidas aplicadas por el Tesoro estadunidense alcanzan a una amplia variedad de giros, desde el comercio minorista hasta el turismo.
Las células delictivas que mostraron tener una mayor diversificación en su lista de empresas asociadas fueron Los Chapitos y la organización de tráfico de migrantes liderada por Vikrant Bhardwaj, la cual "recibe apoyo operativo de personas empleadas por el cártel de Sinaloa".
Los hermanos Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar fueron incluidos en la lista negra de la OFAC el 9 de junio de 2025, al igual que una red empresarial en Mazatlán con la que sostenían actividades como narcotráfico, extorsión, secuestro y lavado de dinero.
De acuerdo con el reporte, en las 10 entidades vinculadas a Los Chapitos eran identificables al menos seis sectores distintos: bienes raíces, turismo, servicios profesionales, publicidad, comercio mayorista y farmacéutica/belleza.
Por otro lado, la red criminal encabezada por Vikrant Bhardwaj —ciudadano indio-mexicano— tenía bajo su control otras 10 empresas, repartidas en siete tipos de actividades distintos: transporte, turismo, servicios alimenticios, bienes raíces, servicios profesionales, comercio minorista y servicios de entretenimiento.
Cártel de Sinaloa, vinculado a 82 por ciento de las empresas sancionadas
Aunque en 2025 el Tesoro estadunidense también impuso sanciones contra personas físicas que pertenecen a distintos grupos criminales, sólo dos cárteles se repartieron la totalidad de empresas penalizadas.
La organización más golpeada por estas medidas fue el Cártel de Sinaloa, pues se le asoció con 72 de las 87 entidades identificadas por la OFAC a lo largo del año, lo que representa un 82 por ciento del total. El resto, según las indagatorias, estaría bajo el control del CJNG.
Si se revisan a detalle los bloqueos financieros dictados por el Departamento del Tesoro, es posible identificar que tanto la célula de Los Chapitos como la de Los Mayos están relacionadas, de forma directa o indirecta, con 31 empresas cada una. Para el caso de las 10 compañías vinculadas con la organización de tráfico de migrantes de Vikrant Bhardwaj, la OFAC no especificó cuál sería la facción que le habría brindado apoyo.
BM.
