La mañana del 3 de junio, el medio Los Angeles Times dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos habría iniciado investigaciones contra dos gobernadores mexicanos como parte de su estrategia para combatir al crimen organizado.
Acorde con los reportes de la y el periodista Kate Linthicum y Steve Fisher, los gobernadores Alfonso Durazo Montaño, de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, habrían sido despojados de sus visas durante el desarrollo de las investigaciones penales.
Previamente, el 6 de mayo, el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió que estaban en curso múltiples indagatorias contra políticos mexicanos e incluso contra un juez.
Las recientes revelaciones se suman a una oleada de cargos que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York le atribuyó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y múltiples perfiles cercanos a él por presuntos vínculos con la facción criminal de Los Chapitos.
Rocha Moya y Los Chapitos: la primera avalancha de cargos anunciados por EU
El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un expediente de 34 páginas en el que se detallaban los presuntos nexos del Cártel de Sinaloa con 10 servidores públicos y exfuncionarios del estado.
La lista de imputados estuvo encabezada por Rubén Rocha Moya, quien asumió la gubernatura en octubre de 2021, pero también incluyó a:
- Enrique Inzunza Cázarez: exsecretario general de Sinaloa y senador de Morena
- Enrique Díaz Vega: exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa
- Juan de Dios Gámez Mendívil: alcalde de Culiacán
- Dámaso Castro Zaavedra: vicefiscal general de Sinaloa
- Marco Antonio Almanza Avilés: exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa
- Gerardo Mérida Sánchez: exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
- Alberto Jorge Contreras Núñez: exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa
- José Antonio Dionisio Hipólito: exsubdirector de la Policía estatal
- Juan Valenzuela Millán: excomandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán
En los días siguientes a la difusión del expediente judicial, Rubén Rocha Moya, Juan de Dios Gámez Mendívil y Dámaso Castro solicitaron licencias a sus respectivos cargos, bajo el argumento de no interferir con las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) inició por los señalamientos.
Por otro lado, el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, se entregó el 11 de mayo a autoridades de Estados Unidos, en donde se le acusa de recibir sobornos de Los Chapitos a cambio de notificarles sobre redadas en narcolaboratorios para que los miembros del grupo criminal pudieran huir y trasladar la droga a otros lugares.
Las sospechas de EU contra Américo Villarreal y Alfonso Durazo
Según las fuentes citadas por Los Angeles Times, la visa de Alfonso Durazo habría sido cancelada desde el año 2025 debido a las investigaciones por sus presuntos nexos con el crimen organizado. Los viajes del gobernador de Sonora a la Unión Americana, añadió el medio, estarían relacionados con el tratamiento de una condición médica.
Tras la publicación de la investigación, el Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora calificó la información como "completamente falsa" y aseguró que Durazo aún cuenta con una visa vigente.
"No ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los estados Unidos", aseguró Paloma Terán, titular de Comunicación Social del gobierno estatal.
Por otro lado, según los reportes obtenidos por Los Angeles Times, la investigación en torno a Américo Villarreal estaría relacionada con un esquema de contrabando de combustible de procedencia ilícita. Ante estas sospechas, el gobernador tamaulipeco aseguró que "siempre ha actuado con transparencia", acorde con un comunicado retomado por el medio estadunidense.
En este sentido, la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Tamaulipas, encabezada por Gerardo Algarín, se refirió a los reportes periodísticos como "señalamientos falsos que pretender presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde".
A través de su cuenta de X, Algarín aseguró que no existen documentos, expedientes ni evidencia que acredite las suposiciones sobre vínculos entre Villarreal Anaya y grupos criminales.
BM.
