El envío de presos mexicanos a Estados Unidos durante el actual sexenio ha tenido un impacto desigual entre las organizaciones criminales, pero ninguna ha resentido tanto la cooperación bilateral como el Cártel de Sinaloa.
El grupo criminal acumula 24 de los 92 integrantes trasladados, una cifra que exhibe la profundidad de la ofensiva judicial contra la estructura que por décadas ha dominado el tráfico de drogas hacia el país de las barras y las estrellas.
Ese golpe se explica por la composición interna de la organización que fue señalada directamente por el gobierno de Estados Unidos, en la administración de Joe Biden, como el principal traficante de fentanilo hacia ese país, en especial brazo armado liderado por Los Chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
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Capos del Cártel de Sinaloa en EU
De acuerdo con una revisión de los delincuentes deportados hacia cárceles estadunidenses, nueve de ellos pertenecían al Cártel de Sinaloa antes de la ruptura entre Ismael El Mayo Zambada y los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán; mientras que otros siete estaban alineados con la facción de Los Mayos y ocho más con Los Chapitos, lo que obliga a leer el impacto como un solo bloque criminal, pese a sus fracturas internas.
Entre los casos más relevantes figura José Ángel Canobbio Inzunza, El Güerito, identificado como operador armado de Los Chapitos, encargado de la seguridad de rutas, casas de seguridad y sicarios en Culiacán.
También destaca Inés Enrique Torres Acosta, El Kiki Torres, jefe de seguridad del entorno de El Mayo Zambada, pieza clave en la protección de líderes históricos y el resguardo de cargamentos rumbo a Estados Unidos.
A esa lista se suma Hernán Domingo Ojeda López, El Mero Mero, identificado por el gabinete de seguridad como el tío de Ovidio Guzmán y responsable del trasiego de fentanilo desde Sinaloa hacia territorio estadunidense, así como generador de violencia en la sierra.
Su captura y posterior traslado ilustran el énfasis de Washington en perseguir a quienes alimentan la crisis de opioides sintéticos.
Otro perfil relevante es Héctor Eduardo Infante, fundador de Los Rusos, brazo armado del Cártel de Sinaloa en Baja California, acusado de sostener disputas violentas por el control de Tijuana.
Así como operadores logísticos como José Bibiano Cabrera Cabrera, El Durango, y Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando, ambos ligados a la protección de rutas y laboratorios.
Los Zetas también son golpeados
El segundo grupo más afectado son Los Zetas, con 12 integrantes enviados a Estados Unidos, una cifra que confirma que, pese a su fragmentación, sus remanentes siguen siendo prioridad para las agencias estadunidenses.
El caso más emblemático es el de Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, y su hermano Óscar Omar Treviño Morales, El Z-42, considerados responsables de la etapa más violenta del grupo y de su expansión basada en el terror.
Junto a ellos aparecen mandos operativos como Lucio Hernández Lechuga, El Z-100, Ramiro Pérez Moreno, El Rama, y Juan Pedro Saldívar Farías, El Z-27, todos vinculados a ejecuciones, secuestros y control territorial en el noreste del país, además de Daniel Manera Macías, Danny, identificado como sicario de alto impacto.
¿Qué pasa con los capos del CJNG?
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ocupa el tercer lugar en afectaciones, con 10 integrantes trasladados. Entre ellos sobresale Antonio Oseguera Cervantes, El Tony Montana, hermano del líder del grupo, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, señalado como operador financiero y logístico.
Así como Abigael González Valencia, El Cuini, líder de Los Cuinis, el brazo financiero que permitió al CJNG expandirse internacionalmente mediante lavado de dinero y alianzas transnacionales.
También figuran mandos tácticos como Armando Gómez Núñez, El Delta 1, identificado como responsable del entrenamiento de células armadas, y operadores regionales como Itiel Palacios García, El Compa Playa, acusado de homicidios y control violento de plazas en Veracruz.
Otros cárteles afectados
El resto de los envíos completa un mosaico del crimen organizado mexicano. Los Beltrán Leyva suman siete integrantes; los cárteles del Golfo, del Noreste y Juárez aportan tres presos deportados cada uno y aparecen casos aislados de organizaciones históricas como el Cártel de Guadalajara, con un nombre altamente deseado por Estados Unidos como Rafael Caro Quintero.
La entrega de este capo, fundador del Cártel de Guadalajara y reclamado por el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, representa uno de los gestos más simbólicos de la cooperación con Estados Unidos, al tratarse de una figura que durante décadas fue intocable y que concentró tensiones diplomáticas entre ambos países.
Un caso aparte es el de Andrew Clark, identificado por las autoridades como enlace operativo entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa, encargado de facilitar contactos y logística para el tráfico internacional de drogas hacia Estados Unidos, un perfil relevante porque muestra que, pese a las disputas públicas, existían canales funcionales de cooperación criminal entre organizaciones rivales.
A la lista se suman integrantes de los Arellano Félix, La Familia Michoacana y Caballeros Templarios, además de 24 casos clasificados oficialmente como “no especificados”, correspondientes a personas reclamadas por homicidio, tráfico de personas o delitos federales sin adscripción pública a un cártel.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha anunciado en lo que va del sexenio tres envíos de presos mexicanos a Estados Unidos que, en conjunto, suman 92 personas trasladadas bajo procesos de extradición o entrega directa, en operativos coordinados con autoridades estadunidenses y justificados por razones de seguridad nacional, cooperación judicial.
Estos envíos responden al interés de ambos gobiernos porque los capos enfrenten cargos por narcotráfico, homicidio, delincuencia organizada y tráfico de fentanilo ante Cortes federales estadunidenses.
RM
