En lo que va del segundo periodo de gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, casi medio centenar de migrantes detenidos en las redadas y operativos del ICE han muerto tras haber sido ingresados a centros de reclusión improvisados y con múltiples deficiencias.
Uno de cada tres de los migrantes fallecidos era de origen mexicano.
Desde un joven de 19 años de edad que, según el reporte oficial, se habría suicidado, hasta hombres de mediana edad muertos por supuestas complicaciones médicas.
El común denominador son reportes oficiales iniciales sobre las causas de muertes que, en todos los casos, excluyen de responsabilidad a las autoridades, y recalcan el supuesto perfil criminal de los migrantes fallecidos.
Tras conocerse del último caso ocurrido el 11 de abril en un centro en Luisiana, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó al personal consular mexicano visitar diariamente los centros de detención, y anunció que presentarán una demanda por estos casos ante el sistema interamericano de derechos humanos.
Previamente, la Presidenta había reiterado que a través de los canales diplomáticos se emitieron reiterados posicionamientos exigiendo transparencia y claridad en la investigación de los casos, así como medidas urgentes de no repetición.
Sin embargo, del lado de la administración de Trump no ha habido ninguna reacción al menos públicamente. Mientras, los casos se han seguido acumulando.
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De acuerdo con datos oficiales, desde enero de 2025 hasta el corte de esta semana, 49 migrantes han muerto tras haber sido detenidos y trasladados a centros de retención.
Algunos han fallecido dentro de la instalación, y otros en traslados u hospitales derivado de complicaciones que comenzaron cuando estaban en dichos sitios.
De ese total hay 15 confirmados de origen mexicano, lo que representa poco más del 30 por ciento. Hay un caso más de un migrante cuya identidad no ha sido confirmada, pero se presume también podría ser mexicano.
Estos datos ubican a los migrantes mexicanos como el grupo más afectado y de forma significativa. Los extranjeros hondureños son el segundo grupo con cinco ciudadanos de ese país fallecidos en instalaciones migratorias, que equivalen a la tercera parte de los primeros.
Con cuatro muertos se ubican los migrantes originarios de Guatemala; con tres, los de Nicaragua, Cuba, Camboya y China; y el resto se reparten en una decena de nacionalidades.
Las víctimas y las supuestas causas
Entre los migrantes mexicanos que han perdido la vida hay cuatro que han sido señalados de, supuestamente, haberse suicidado. Entre ellos figura el caso de Royer Pérez-Jiménez, quien apenas tenía 19 años al momento de su deceso, lo que lo convierte en el extranjero más joven fallecido en retención del ICE. El caso ocurrió el 16 de marzo en el Glades County Detention Center en Florida.
Los otros casos son el de Heber Sánchez Domínguez, quien supuestamente se suicidó el 14 de enero, en su celda del Robert A. Deyton Detention Facility, en Atlanta; tenía 34 años de edad.
Leo Cruz Silva, también de 34 años, fue reportado como suicidio por ahorcamiento en su estancia en la cárcel de Genevieve County en Missouri. Y Jesús Molina-Veya, quien supuestamente fue hallado muerto con una liga en el cuello, en julio de 2025 en el centro de detención Stewart Detention Center, ubicado en Georgia.
A estos casos se suman los de los migrantes que, según los reportes oficiales, han fallecido por presuntas complicaciones de salud cuando estaban internados.
Por ejemplo, Alberto Gutiérrez Reyes, de 48 años de edad, falleció por aparentes complicaciones derivadas de la diabetes cuando se encontraba en un centro de detención en California. Activistas y familiares acusaron que su deceso en el hospital fue resultado de una deficiente atención oportuna en el centro de reclusión.
Una situación casi idéntica se presentó también en California, concretamente en el centro de detención y procesamiento del ICE en la localidad de Adelanto, con José Guadalupe Ramos-Solano, quien fue encontrado inconsciente en su cama por los agentes del centro de reclusión. El reporte oficial indicó que la muerte fue por complicaciones de diabetes e hipertensión.
“El 25 de marzo de 2026, el personal de seguridad de Adelanto observó a (José Guadalupe) Ramos inconsciente y sin respuesta en su litera. Inmediatamente llamaron al personal médico del lugar, quienes iniciaron maniobras de salvamento, incluyendo reanimación cardiopulmonar (RCP).
“El personal también llamó de inmediato a los servicios de emergencia, quienes respondieron rápidamente al lugar e iniciaron intervenciones avanzadas de soporte vital. Ramos fue trasladado al hospital, donde fue declarado fallecido”, señaló el reporte oficial.
En este, como en otros casos, no se clarifica si el migrante había requerido algún tipo de asistencia médica antes de quedar inconsciente, si recibía los medicamentos adecuados para sus padecimientos crónicos, ni algún otro dato.
En el mismo centro de procesamiento también falleció en noviembre pasado Gabriel García-Avilés, quien tenia 56 años de edad. La razón, según la información oficial, fue un paro respiratorio resultado de una abstinencia al alcohol. Sus familiares exigieron una indagatoria e indicaron que el cuerpo presentaba marcas de golpes.
La misma tónica sucedió con otros migrantes como Oscar Duarte Rascón, Abelardo Avelleneda-Delgado, o Ismael Ayala Uribe, quienes fueron reportados muertos en distintos centros de procesamiento por supuestas complicaciones de salud. Hay un caso, el de Lorenzo Antonio Batrez Vargas, quien tenía solo 32 años cuando fue reportado muerto en un centro de detención del ICE en Arizona por supuestas “complicaciones pulmonares agudas”.
En el caso más reciente, el de Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años de edad, quien hasta antes de su detención llevaba viviendo 25 años en los Estados Unidos, el reporte oficial del ICE ni siquiera identifica una potencial causa de deceso. Simplemente refiere que fue encontrado inconsciente en su estancia en el centro de procesamiento de Luisiana.
Alto riesgo, pobre atención
Distintas organizaciones, activistas, políticos y medios de comunicación en los Estados Unidos han documentado las condiciones de riesgo y arteramente violatorias de derechos humanos en las que son recluidas los migrantes detenidos por agentes fronterizos y del ICE, la mayoría de los cuales no tenían mayor antecedente criminal que el haber ingresado sin documentos al país.
El disparo en el número de redadas y detenciones como parte de la política migratoria de Trump, sin que se hubiera preparado una infraestructura para ello, ha dado paso a la improvisación. El gobierno ha recurrido a contratistas privados para poner en marcha de forma exprés prisiones migratorias, e incluso ha echado mano de cárceles convencionales para criminales.
En Nueva York, por ejemplo, datos oficiales indican que hay cerca de 200 migrantes detenidos por ICE recluidos en la Cárcel Metropolitana de Brooklyn, que es en realidad un reclusorio federal en el que se encuentra presos criminales de alto nivel, entre ellos, múltiples jefes del narcotráfico mexicanos.
Uno de los migrantes recluidos ahí es Jonathan, de 34 años de edad, quien en una demanda legal por violaciones a sus derechos humanos recuperada por el medio local The City, reportó que ha tenido que padecer por días terribles dolores de muela derivado de una extracción que no le han realizado, y para la cual solo le dieron ibuprofeno.
“El dolor afecta su capacidad para comer y dormir; simplemente le han dicho que espere”, escribió su abogado en la demanda.
La arquitectura del sistema de detención migratoria actual se apoya de manera casi vital en cárceles privadas y centros locales que operan bajo contratos de ICE.
Un análisis de las 49 muertes ocurridas en este periodo muestra que la mayoría de los incidentes fatales se concentran en instalaciones que han ignorado sistemáticamente las recomendaciones de seguridad, de acuerdo con una investigación publicada por el diario San Francisco Chronicle.
Centros de reclusión como Stewart, en Georgia y Adelanto, en California, han sido señalados por fallar en completar entrenamientos básicos de prevención de suicidios y por mantener personal médico insuficiente.
En el centro de Stewart, por ejemplo, donde falleció Jesús Molina-Veya, se documentó que el personal no realizaba las rondas de vigilancia obligatorias en las unidades de aislamiento, facilitando eventos de autolesión.
Un reporte entregado al ejecutivo al Congreso por un grupo de trabajo de 21 senadores documentó que tan solo en los primeros seis meses de la nueva administración de Trump se efectuaron más de 400 llamadas de auxilio al 911 provenientes desde los 10 centros de detención migratoria de mayor dimensión de país, de las cuales 50 involucraron potenciales eventos cardiacos; 26 fueron por convulsiones activas de las personas recluidas; y 17 lesiones más por lesiones grave sen la cabeza.
Mas allá de las situaciones de emergencia, lo que el análisis advierte es que el hecho de que se haya buscado apoyo externo a través del 911 pone en evidencia la insuficiente cobertura y atención médica que existe en estos centros ante situaciones en las que la vida de las personas detenidas está en juego.
El ICE ha insistido en que con independencia de si los centros de detenciones son privados o públicos, o si se trata de cárceles convencionales, todos cumplen con un regulación estricta y mecanismos de supervisión.
En cada reporte de un nuevo migrante fallecido, los comunicados subrayan que el ICE está comprometido con “garantizar que todas las personas bajo custodia residan en entornos seguros, protegidos y humanos” y agregan que “se proporciona atención médica integral desde el momento de la llegada y durante toda la estancia”.
Sin embargo, un análisis publicado en enero por parte de la premiada organización Proyecto de Supervisión Gubernamental (POGO por sus siglas en ingles), documentó a partir de datos oficiales una disminución del 36.2 por ciento en los informes de inspección de centros de detención de ICE publicados en 2025 en comparación con el año anterior.
Esto es relevante porque con esas inspecciones es como se verifica si las instalaciones cumplen con una serie de estándares de detención, incluyendo aquellos que determinan las condiciones fundamentales de salud y seguridad para las personas allí recluidas, como la prestación de atención médica adecuada, el monitoreo y la prevención efectiva del suicidio, la provisión de alimentos de calidad y el mantenimiento de un alojamiento habitable.
Falta investigación, sobra criminalización
Hasta la fecha, ninguna autoridad federal o local en los Estados Unidos ha dado cuenta de los resultados de alguna investigación relacionada con las condiciones en las que se produjeron los decesos de los migrantes mexicanos en los centros de reclusión migratorios. En casi todos los casos, la única información oficial que existe es el reporte emitido por ICE sobre el fallecimiento.
Lo que sí subrayan la mayoría de esos reportes, algunos desde el primer párrafo, el carácter supuestamente 'criminal' de las personas fallecidas, una situación que también fue criticada en la investigación que hicieron el grupo de senadores estadunidenses en enero pasado.
“En lugar de asumir la responsabilidad por las muertes bajo custodia gubernamental y proporcionar información detallada sobre las circunstancias de cada fallecimiento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha intentado empañar la reputación de las personas fallecidas, haciendo hincapié en detalles sobre su estatus migratorio y sus supuestos delitos cometidos en Estados Unidos”, indicaron los legisladores en su documento.
La Secretaría de relaciones Exteriores (SRE) ha insistido en diversas misivas enviadas al Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la urgencia de que haya investigaciones profesionales en cada uno de los casos y que se reporten públicamente los resultados. Sin embargo, hasta ahora no parece que estas peticiones hayan tenido mayor efecto.
“Lo que hemos solicitado es la investigación, porque la investigación tiene que hacerla el gobierno de los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, en caso de una denuncia, el Ministerio Público y el Poder Judicial para ver en qué condiciones (…) No ha habido respuestas puntuales a cada caso” dijo Sheinbaum en su conferencia del 14 de abril.
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