El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentará un proyecto de sentencia que, de ser aprobado, acabará con las esperanzas del ex comisario de la extinta Policía Federal (PF), Javier Herrera Valles, quien reclama la responsabilidad patrimonial del Estado por 70 millones 637 mil 570 pesos, por concepto de reparación de daños y perjuicios materiales y daño moral.
Javier Herrera ha dicho que su detención y encarcelamiento derivó por denuncias que realizó contra el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, quien hoy está preso en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el caso el próximo miércoles. El ministro no pone en duda las afirmaciones del ex mando policiaco, pero deja claro que en este asunto la Fiscalía General de la República (FGR) no incurrió en una actividad administrativa irregular.
En el expediente, obra la Recomendación 30/2011, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde se solicita que se repare el daño ocasionado a Javier Herrera por medio del apoyo psicológico y de rehabilitación necesarios.
Sin embargo, el ministro enfatiza que dicha recomendación estaba encaminada a Genaro García Luna, en relación con el personal bajo su cargo, “más no estaba dirigida a la (entonces) Procuraduría General de la República ni hace alguna recomendación respecto de los servidores públicos adscritos a ella”.
“…toda vez que la narración de los hechos, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apuntan a que los daños físicos que podrían actualizar una actividad administrativa irregular serían imputables a los agentes de policía y, por tanto, a la SSPF y no así a la PGR”, indica el proyecto.
Javier Herrera también reclamó que no se tomó en cuenta que fue exhibido como colaborador de la delincuencia ante los medios de comunicación y que la PGR proporcionó la información.
“…el quejoso acudió a diversos medios de comunicación para proteger su integridad ante los supuestos abusos cometidos en su contra. Esto es, la PGR no fue quien lo presentó ante los medios de comunicación, sino que él acudió ante ellos por así convenirlo a sus intereses. Por ello es claro que ese concepto de violación es infundado”, detalla el expediente.
Hace unos meses, el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México pidió atraer el asunto porque reunía los requisitos de “interés y trascendencia” para que la Corte se pronuncie sobre el tema de reparación integral del daño frente a violaciones graves de derechos humanos, donde está de por medio una resolución de la CIDH.
Herrera Valles impugnó la resolución dictada el 16 de junio de 2022, por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la cual reconoció la validez del pronunciamiento dictado el 16 de abril de 2019 por la directora general de Asuntos Jurídicos de la FGR en el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial del Estado que concluyó que las pruebas ofrecidas eran insuficientes.
Es de mencionar que, el 5 de septiembre de 2014, el ex comisario presentó un escrito en la PGR donde reclamó la responsabilidad patrimonial del Estado, derivado de la detención ilegal que lo llevó a un arraigo en 2008.
También impugnó el maltrato en custodia, deficiencias y demoras en el proceso penal, que culminó con la sentencia condenatoria de 23 de diciembre de 2011 y que fue revocada el 6 de septiembre de 2012, donde fue exonerado porque se utilizaron testimonios falsos.
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