Una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional de la Presidencia de la República, donde impugnaba la orden de un tribunal federal para que se continúe con el proceso de designación de los 18 magistrados anticorrupción propuestos por el ex presidente Enrique Peña Nieto.
En abril, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, ordenó al Senado continuar con la designación y determinar si los candidatos reunían el perfil para ocupar y ejercer el cargo.
MILENIO informó que, si el Senado rechaza total o parcialmente las designaciones propuestas el 24 de abril de 2017, el presidente Andrés Manuel López Obrador deberá realizar el nombramiento de los que integrarán la Tercera Sección y las cinco salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Para ello, tendrá que justificar el perfil de cada una de sus propuestas y enviar la designación a la Cámara de Senadores, o en sus recesos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para su ratificación. Si son rechazados, el Presidente procederá a la designación y nombramiento definitivo.
El consejero de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, interpuso la controversia contra la orden que derivó del amparo otorgado al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que reclamó la comisión del Senado de ratificar o rechazar a los 18 magistrados nombrados por Peña.
El consejero señaló que la resolución representa una invasión de esferas competenciales “con motivo del desconocimiento de la facultad y competencia constitucional del titular del Ejecutivo Federal de designar a los magistrados que integrarán la Tercera Sección y las cinco salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.”
La ministra Norma Lucía Piña Hernández mencionó en su acuerdo que existe una jurisprudencia de la Corte en el sentido de que, por regla general, las controversias constitucionales no proceden en contra de esa clase de actos.
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El Tribunal confirmó la sentencia emitida por Fernando Silva García cuando era juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, quien consideró que el comité tiene facultades para solicitar que se continúe con el proceso de designación.
En el fallo se menciona que el juez de primera instancia ordenó a Peña justificar la idoneidad de las personas designadas, pero el ex presidente solo se limitó a resumir el curriculum vitae de las personas designadas.
