Lo que parecía un simple partido de futbol terminó en una masacre presuntamente orquestada por miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL). El domingo 25 de enero, un ataque armado en la comunidad de Loma de Flores, municipio de Salamanca, Guanajuato, dejó 11 personas muertas.
Los reportes de seguridad indicaron que entre las víctimas mortales al menos cinco fueron identificadas como presuntos miembros de una empresa de seguridad privada ligada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo con el que el CSRL se disputa el territorio.
El hecho causó indignación entre los presentes, familiares de las víctimas y en la misma comunidad civil; sin embargo, esta no sería la primera ocasión en que el Cártel de Santa Rosa de Lima está detrás de una masacre en Guanajuato.
En esta edición de Archivo Criminal te contamos la vez que sicarios armados irrumpieron y abrieron fuego en un centro de rehabilitación en el municipio de Irapuato.
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Así fue el ataque en centro de rehabilitación: ¿Cuántos murieron?
Durante la tarde del primero de junio de 2020 un convoy armado arribó a las instalaciones de un centro de rehabilitación en Irapuato conocido como Recuperando mi vida. Los testigos relataron que, cerca de las 18:00 horas de ese día, los agresores llegaron a bordo de un vehículo color rojo y, sin pensarlo dos veces, comenzaron a abrir fuego.
Los hechos ocurrieron en la calle Jardines de Arandas, de la colonia Aranda, municipio de Irapuato, donde el comando armado irrumpió en el anexo y comenzó el tiroteo contra los internos, cuyos cuerpos quedaron tirados en distintas partes del inmueble.
La información obtenida por MILENIO en aquella ocasión reveló que en una de las habitaciones del segundo nivel del lugar se encontraron los cuerpos de la mayoría de los jóvenes, quienes, de acuerdo con fuentes de primer nivel, tenían entre 18 y 40 años de edad.
“Llegaron los matones y lo mataron. Mi hijo tenía cuatro meses, no tenía problemas, tenía 35 años. Estaba ahí para rehabilitarse”, dijo la madre de una de las víctimas tras registrarse el ataque.
El saldo final de esa tarde fue de 26 personas muertas y entre cinco y siete heridos graves, según varios reportes locales. Incluso, meses después del ataque, se manejó la versión de que uno de los lesionados terminó sumándose a la lista de víctimas mortales.
Tras el ataque, más de 100 elementos de la Guardia Nacional, policías municipales, agentes de Investigación Criminal y peritos llegaron a la escena del crimen para controlar la situación y esclarecer los hechos, pero en el lugar solo quedaban los cuerpos de las víctimas.
“Para qué vienen, si ya los mataron, mi hijo me lo mataron”, fue el testimonio de otro de los familiares de la víctima que recuperó este medio en ese entonces. La persona se quejaba, detrás de las cintas amarillas de prohibido el paso, por el tiempo que tardaron las autoridades en arribar al punto.
Universidades y comunidad civil condenan el ataque
Casi un mes después, varias universidades locales comenzaron a ejercer presión sobre las autoridades para detener a los responsables de la masacre, entre ellas la Ibero de León.
En el comunicado de la Universidad Iberoamericana acusaron que el ataque no se trató de un hecho aislado, ya que en ese año se habían registrado al menos cuatro eventos similares contra centros de rehabilitación en Irapuato.
De acuerdo con la Ibero, en los seis meses previos a la masacre, Irapuato se había convertido en la entidad con más homicidios registrados en el estado:
“De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para mayo (2020), se registraron mil 405 homicidios dolosos, equivalente al 11% del total nacional; ocupando el primer lugar en este tipo de violencia”, detalló la Ibero en su comunicado.
Por su parte, el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) condenó el incremento de la violencia en el estado de Guanajuato, lo cual calificaron como un riesgo para los derechos humanos de la población y la comunidad estudiantil.
De esta manera, las universidades emitieron un pliego petitorio de cuatro puntos que consistía en exigir justicia por las 26 muertes del centro de rehabilitación de Irapuato:
- Primero: Al (entonces) fiscal General del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, que, en el marco de su obligación de garantizar una investigación seria, eficaz e imparcial, se esclarezca y se sancionen los hechos
- Segundo: Al (entonces) gobernador, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, que se adopten las medidas necesarias, adecuadas y eficaces para poner fin a la violencia en la entidad, misma que ha venido en aumento por la penetración de grupos del crimen organizado y por la deficiente actuación en la impartición de justicia.
- Tercero: A los funcionarios antes mencionados les demandamos que cumplan las funciones para las que han sido designados en cuanto a la salvaguarda de la seguridad ciudadana
- Cuarto: Al gobierno federal (durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador), solicitamos una adecuada coordinación con las entidades de la República con altos índices de violencia para que avancemos en estrategias de seguridad ciudadana que sean eficaces y que garanticen los derechos de todas las personas en México.
Cabe señalar que el documento fue firmado por el Programa Universitario de Derechos Humanos, Ibero León; Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz, Ibero Torreón; Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ.
Así como por el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco; Programa de Derechos Humanos, Ibero CdMx; además del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J., Ibero Puebla.
A estas quejas se sumaron la de los propios familiares de las víctimas. El día de la masacre MILENIO recuperó el testimonio de una de las madres de los pacientes del centro de rehabilitación que murieron. La mujer recordó cómo su hijo le había pedido que lo sacara del lugar poco antes del ataque.
El primero de junio de 2020, la mujer encontró a su hijo muerto en una de las habitaciones del anexo. Otros padres de familia esperaban afuera del centro de rehabilitación para que la Guardia Nacional les permitiera el acceso y así identificar a sus seres queridos.
Cuartoscuro tomó una fotografía de la escena del crimen en la que se ven los cuerpos de las víctimas apilados en uno de los cuartos del anexo.
Sobre estos hechos, el entonces gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se limitó a condenar el ataque y a señalar al crimen organizado como el responsable de la masacre y de robarle la paz a la población.
"Las vidas arrebatadas por la violencia duelen. Guanajuato y sus instituciones tenemos un compromiso absoluto con la Justicia. Hoy más que nunca es necesaria la intervención coordinada de autoridades federales y estatales, como única vía para afrontar con éxito esta situación", escribió el entonces gobernador del estado.
Lamento profundamente y condeno los hechos ocurridos esta tarde en #Irapuato; la violencia generada por la delincuencia organizada no solamente priva de la vida a los jóvenes, sino además roba la paz de las familias guanajuatenses. (1/3)
— Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) July 2, 2020
Cártel de Santa Rosa de Lima, detrás del ataque: La verdad sale a la luz
El mismo día de la masacre, el entonces fiscal del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, informó que designó a un equipo especializado para la investigación y esclarecimiento de los hechos. La autoridad aseguró que detendría a los responsables.
Pocos meses después la verdad comenzó a salir a la luz tras la detención de los presuntos implicados. Los primeros sospechosos se identificaron como gente del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, El Marro.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato descubrió que el comando armado tenía como objetivo a un hombre identificado como Francisco, quien supuestamente se encontraba en el centro de rehabilitación.
Los sobrevivientes del ataque explicaron que el convoy armado ingresó al anexo con un lenguaje soez y exigieron saber dónde se encontraba “Francisco”. Al no tener respuesta comenzaron la masacre.
Las víctimas señalaron que un grupo de mujeres se encontraba en la planta baja del lugar y que los hombres armados sometieron a los “padrinos” —como se les conoce a los encargados de los centros de rehabilitación— y les quitaron las llaves de la puerta del segundo piso. Solo dejaron escapar a las personas del género femenino.
Al momento de escuchar que entraba el comando, algunos de los internos alertaron: “Ahí vienen, no digan nada, nos van a matar”.
Después de que los creyeron muertos, los agresores se quitaron los pasamontañas, grabaron los cuerpos de algunos internos y uno de ellos realizó una llamada; sin embargo, nunca imaginaron que algunas de las víctimas se hicieron pasar por muertos.
Los sobrevivientes dijeron que escucharon a los presuntos agresores decir: “No está, no está ¿Qué hacemos?”. Posteriormente, luego de fingir su muerte, escaparon del anexo y pidieron ayuda. Tiempo después identificaron a tres hombres y mencionaron que los agresores vestían de negro.
¿Quiénes fueron los presuntos responsables?
Entre los detenidos por este caso resaltan varios miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos un hombre llamado Jesús ‘N’, El Jordan, identificado como el primer sicario en abrir fuego al interior del anexo de la comunidad de Arandas.
El Jordan, quien en ese entonces tenía 25 años de edad, fue detenido antes de la masacre, el 20 de junio de 2020, junto con María Eva ‘N’, identificada como madre de El Marro; sin embargo, recuperaron su libertad.
Tras las entrevistas con los sobrevivientes, la Agencia de Investigación Criminal elaboró retratos hablados de cuatro hombres más que posteriormente fueron detenidos.
Cabe señalar que El Jordan participó en la masacre del centro de rehabilitación con el pelo teñido de azul para que no lo reconocieran.
De acuerdo con fuentes allegadas a la investigación de la FGE, Francisco ‘N’, El Muletas, era el objetivo del ataque en el anexo de Irapuato y, según datos proporcionados, el hombre operaba como jefe de sicarios del CJNG, revelando que la rivalidad con el Cártel de Santa Rosa de Lima se remonta a varios años atrás.
RM
