Epigmenio Mendieta abogado del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, señalados por presuntamente formar parte de una red de huachicol fiscal, declaró que los procedimientos administrativos iniciados por la Secretaría de Marina para darlos de baja no han generado efectos legales, ya que ambos casos se encuentran impugnados mediante amparos.
En entrevista para MILENIO Televisión con Carlos Zúñiga, explicó que se trata de dos procedimientos administrativos distintos, identificados como 01/2025 y 02/2025, iniciados contra Manuel Roberto y Fernando Farías, respectivamente, los cuales —aseguró— no están relacionados con las acusaciones por huachicol fiscal.
Detalló que, en el caso de Manuel Roberto Farías, el procedimiento se inició con base en el artículo 87, fracción octava, de la Ley Orgánica de la Armada de México, que contempla la baja por estar imposibilitado para cumplir obligaciones militares por causas no imputables a la institución. Contra ese inicio, dijo, se promovió un amparo que fue desechado en diciembre de 2025, aunque posteriormente se interpuso otro recurso que está pendiente de resolución.
Sobre Fernando Farías, el abogado indicó que el juez concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, por lo que la Secretaría de Marina “no puede resolver su baja hasta que se determine el fondo del asunto". Añadió que la dependencia fue notificada y no estuvo conforme contra esa suspensión mediante el recurso correspondiente.
Sostuvo que es incorrecto afirmar que ambos ya fueron dados de baja, pues, aunque exista una resolución administrativa, sus efectos no se han ejecutado.
“Retirar antigüedad o servicios médicos son consecuencias de una resolución que, en este momento, no ha causado efectos porque está impugnada”, explicó.
En cuanto a las acusaciones por contrabando de combustible, el abogado confirmó que está a cargo de la defensa de los hermanos y afirmó que, a partir de la información contenida en la carpeta de investigación, consideran que se trata de una actuación selectiva: “parece que todo se trata de una persecución de chivos expiatorios”, expresó.
Planteó que el entramado descrito por la Fiscalía —que incluye la importación de millones de litros de combustible desde el extranjero, el uso de buques tanque y una compleja logística de distribución nacional— no podría ser operado por dos mandos de nivel medio, ya que declaró “no tendrían la capacidad económica ni operativa para hacer algo de esa magnitud”.
Indicó que existen empresas, agentes aduanales y otros actores plenamente identificados que participaron en los procesos de importación y distribución de combustible, pero que no han sido llamados a rendir cuentas, mientras que sus clientes son señalados como presuntos líderes de la red, sin que la Fiscalía haya presentado pruebas suficientes para acreditarlo.
CHZ
