Javier Bello Orbe, ex comandante de la Policía Ministerial de Guerrero, abandonó el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, porque una jueza federal determinó que no hay elementos que lo vinculen con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En una audiencia celebrada ayer, Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segundo de Distrito en Materia Penal del Segundo Circuito, resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) no aportó pruebas suficientes que hagan presumir que Javier Bello es probable responsable de los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
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El ex mando policiaco permaneció seis días retenido en el penal de alta seguridad mientras se resolvía su situación jurídica.
De acuerdo con los señalamientos de la Fiscalía General de la República (FGR), el ex comandante supuestamente bloqueó con su patrulla la circulación de los autobuses en los que viajaban los normalistas en la ciudad Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014.
La imputación de la fiscalía se basó en testimonios de testigos protegidos que afirmaron que el ex uniformado participó en los citadios hechos.
Jueza rechazó liberar a militares
Cabe señalar que hace unos días, la juzgadora rechazó modificar la medida cautelar de prisión preventiva que enfrenta el capitán José Martínez Crespo y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, quienes fueron señalados por la FGR por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Duarte Cedillo determinó negar la imposición de otras medidas cautelares e impuso de nueva cuenta la prisión preventiva justificada, en dos audiencias que se celebraron por videoconferencia.
En la audiencia de revisión de medidas cautelares del capitán Martínez Crespo, la jueza consideró que y representa un riesgo para las víctimas directas e indirectas, el procesado no cuenta con un arraigo en su domicilio actual, además que las penas de los delitos que se le imputan son demasiado altas.
Mientras que, en el caso del subteniente Alejandro Pirita, Ivette Duarte consideró que no se estableció debidamente el arraigo domiciliario y familiar del procesado.
Asimismo, la jueza manifestó, que quedó evidenciada la mala conducta de este elemento castrense al existir, supuestamente, dos carpetas de investigación en su contra.
GGA
