La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se perfila a matizar el criterio que por años le permitió invalidar de manera automática leyes que incidan de manera directa en los derechos de las personas sin realizar una consulta previa.
El martes 18 de agosto, el pleno coincidió en que es una obligación consultar a las personas con discapacidad antes de aprobar leyes.
Te recomendamos leer...
Tamaulipas se verá afectado
Por ello, ordenó dejar sin efecto una norma que en el estado de Tamaulipas establece como requisito la “certificación de capacidades” para laborar en el sector público, ya que es discriminatoria.
Sin embargo, dejó viva otra parte de la ley, la misma que se debe invalidar de manera diferida en un plazo de 12 meses.
La norma que queda vigente obliga a las autoridades estatales y municipales a destinar al menos tres por ciento de su base laboral a la contratación de personas con discapacidad.
La decisión de mantener esta parte de la ley es para evitar un perjuicio en derechos laborales de las personas con discapacidad que actualmente trabajan en el sector público. Si la norma no es perfeccionada por los legisladores estatales, será invalidada.
Efecto dominó de Lenia Batres provocó la modificación
La discusión se dio en un ambiente de cordialidad, a casi diez meses de la disputa que generó un proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama porque no quiso eliminar unos párrafos de su proyecto de sentencia y quien fue la que originalmente propuso abandonar el criterio de la anterior integración de la Corte, asunto que aún está pendiente de resolver.
Tras dicho debate, la Corte realizó tres foros con personas con discapacidad para escuchar de viva voz sus demandas los días 20, 21 y 22 de octubre de 2025.
Durante la sesión de este martes, la ministra Lenia no expuso su punto de vista sobre el tema, solo hizo uso de la voz para votar y para enfatizar que el criterio de la anterior integración todavía no se invalidaba porque no formaba parte del tema expuesto hoy.
Mañana la Corte continuará con la discusión de otras acciones de inconstitucionalidad relacionadas con el tema, por lo que se prevé que surja un nuevo criterio matizado ante la coincidencia de puntos de vista de la mayoría.
¿En qué consiste el proyecto?
El asunto derivó porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por el Congreso de Tamaulipas a la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad y al Código Municipal.
El ministro Arístides Guerrero García propuso invalidar una parte de la norma y dejar viva otra.
Dejó claro que la consulta debe ser siempre obligatoria cuando en una norma hay una mención expresa para personas con discapacidad.
Ministra pide calma
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa aprovechó para recordar el debate que sostuvo el pleno el 7 de octubre, aludiendo a lo sucedido con Lenia.
“Hago un llamado para que el calor del debate no nos lleve a ser invisible los derechos de las personas con discapacidad”.
“Nos hemos preocupado por los derechos de las mujeres, de las infancias, de las personas indígenas y todos aquellos grupos vulnerables que acuden a exigir justicia. No podemos dejar atrás al grupo más vulnerable de la sociedad, al que históricamente ha estado en desprotección, al que no se le ha hecho justicia…”, expresó.
Ministra con discapacidad pone de ejemplo su caso
La ministra Loretta Ortiz Ahfl expuso que ella tiene una discapacidad, porque es sorda de nacimiento, ya que no escucha en su oído izquierdo, razón por la que utiliza un implante coclear.
“No saben de verdad lo que significa no escuchar de un oído, no lo saben, no se pueden poner en nuestros zapatos, no saben lo que nos beneficia o no nos beneficia. A mí otra persona cuando me dice, ‘ay, pues pobre no’. Toda mi educación lo padecí… por eso recurrí tanto a los libros, porque no me quedaba de otra”, comentó.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, quien se opuso a invalidar el apartado relacionado con el tres por ciento, recordó que la anterior integración de la Corte eliminó normas por falta de consulta, “normas que claramente eran benéficas para el pueblo”.
“Recuerdo una la ley de creación de una universidad autónoma comunal. Se cayó por falta de consulta, volvió a emitirse después de la consulta y ahora ya no es autónomo”, apuntó.
RM
