En los estados en que ya está en funcionamiento el nuevo sistema de justicia penal, la duración de un juicio se reduce de 180 a 34 días, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
"La duración promedio del proceso penal se redujo de 180 días a solo 34. Es decir, que antes de la implementación del nuevo modelo, una persona tenía que esperar prácticamente medio año para conocer el resultado del proceso", dijo el funcionario en la inauguración del "Encuentro internacional sobre la reforma al sistema de justicia penal: experiencias compartidas".
Osorio afirmó que también se ha reducido el uso de la prisión preventiva, ya que "nadie debe pisar la cárcel sin razón o motivo justificado, gracias a los mecanismos de resolución de controversias, estamos ahorrando tiempo, recursos y desahogando la sobrepoblación penitenciaria".
Destacó que algo importante del nuevo sistema es que se está logrando la reparación del daño y "evitando el desgaste en el tejido social".
A un año de que se cumpla el plazo para que se implemente el nuevo sistema penal en todo el país, Osorio dijo que "el éxito del sistema requiere cambiar de leyes y fundamentalmente exige modificar la mentalidad y prácticas de quienes lo aplican".
Explicó que transitar al nuevo sistema requiere de modificar casi 500 leyes a nivel local.
Expresó que su implementación busca lograr que las violaciones al debido proceso sean cosa del pasado y de lograr justicia donde la ley se cumpla sin dilaciones ni pretextos, además de dar pie a juicios orales públicos, transparentes y expeditos.
Dijo que el reto que tienen todas las autoridades del país es asumir que el sistema funcione en cada rincón del país, "la justicia debe ser la misma, ya sea en el norte o en el sur; en las ciudades o en las zonas rurales".
Mencionó que la justicia no admite banderas ni ideologías, ya que está para servir a la gente y construir un país mejor, por lo que es fundamental que en los nueve estados donde se renovarán las gubernaturas, la transición no signifique retraso en la implementación del sistema penal.
Indicó que una justicia eficaz brinda confianza a la inversión, certeza a las personas y tranquilidad a las familias, además de que afianza el ejercicio de derechos humanos y garantiza libertades.
