Una jueza federal rechazó suspender el plazo de cinco días que le otorgó a Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán, para que cumpla con las medidas de aseguramiento que le impuso, como el pago de una garantía de un millón de pesos para que continúe vigente la suspensión definitiva que evita su aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con registros judiciales, el ex mandatario estatal impugnó los términos en que la suspensión le fue concedida, motivo por el cual interpuso un recurso de revisión que ahora será analizado por un Tribunal Colegiado.
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Sin embargo, Jovita Vargas Alarcón, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal, dejó claro que mientras el asunto lo revisa el Tribunal de Alzada no suspenderá el plazo que le dio para que cumpla con lo ordenado.
“Ahora bien, respecto a su solicitud consistente en que se suspenda el plazo de cinco días a que se condiciona la efectividad de la suspensión definitiva, con motivo del recurso de revisión interpuesto, hágase del conocimiento de la parte quejosa que no ha lugar a acordar de conformidad dicha petición”, detalla el acuerdo.
La juzgadora le recordó a Silvano Aureoles que se encuentra vigente su obligación de cumplir con las medidas de aseguramiento decretadas en la resolución interlocutoria de 14 de mayo del año en curso, así como el apercibimiento decretado en dicho auto, de las cuales tiene pleno conocimiento.
Jovita Vargas puntualizó que las medidas impuestas son para garantizar que el ex gobernador no tratara de escapar de la justicia.
“Máxime que, dichos requisitos de efectividad obedecen a la necesidad de evitar que el quejoso evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación”, subrayó la jueza.
Cabe señalar que, hace unos días, Patricia Sánchez Nava, jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, y quien libró la orden de aprehensión, citó a Silvano Aureoles para que se presente a la audiencia inicial que se celebrará el próximo 20 de agosto, en la que la FGR lo imputará por los presuntos delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, debido a un quebranto de 3 mil 412 millones de pesos por la compra a sobreprecio, de cuarteles para la Guardia Civil.
En marzo pasado, Sánchez Nava vinculó a proceso a cuatro ex colaboradores del ex gobernador, quienes fueron imputados presuntamente por ocasionar un daño patrimonial al gobierno federal y estatal.
La FGR ha señalado que Silvano Aureoles y cuatro de sus ex colaboradores presuntamente causaron un daño patrimonial por la compra, a sobreprecio, de cuarteles de la Guardia Civil para los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, en Michoacán.
ROA
