La Fiscalía General de la República (FGR) quiere sentar al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en el banquillo de los acusados antes de que acabe el año.
El Centro de Justicia Federal del reclusorio Norte ha programado para el martes 30 de diciembre una audiencia inicial a petición de la fiscalía para la presentación de una nueva imputación y solicitud de apertura de un proceso penal en contra del ex mandatario estatal, por su probable responsabilidad en el desvío de recursos federales destinados al sector salud.
De acuerdo con autoridades federales, la audiencia se había programado originalmente para el 27 de noviembre, pero un supuesto problema de salud de Duarte provocó que la misma fuera pospuesta.
MILENIO reveló el 8 de diciembre que la FGR tramitó y obtuvo en los últimos meses la autorización del gobierno de Guatemala para procesar a Duarte por nuevos cargos, distintos a aquellos por los que fue extraditado de dicho país centroamericano en 2017.
Una nueva acusación
Las autoridades consultadas indicaron que se trata de un trabajo de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) que encabeza la fiscal María de la Luz Mijangos.
La nueva imputación se desprende de un paquete de más de 100 carpetas de investigación que la FGR tiene en curso por las denuncias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otras instancias presentaron en contra de la administración que Duarte, derivado del millonario desvío de recursos federales en dicho gobierno.
De forma estrategia, se ha determinado escoger uno de esos casos, relacionado con malos manejos por más de cinco millones de pesos de un fondo de salud, para presentar la imputación y la solicitud de vinculación a proceso en contra del ex mandatario. Si la fórmula tiene éxito podría replicarse la misma ruta en las otras indagatorias que se encuentran en curso.
Las fuentes consultadas indicaron que la audiencia se ha programado para dar inicio, aproximadamente, a las 11:00 horas.
Liberación en duda
Para el ex gobernador de Veracruz la apertura de un nuevo proceso penal en su contra puede significar un obstáculo para su liberación de prisión en 2026, luego de que en abril de ese año terminará la sentencia de nueve años de cárcel que se le impuso originalmente por lavado de dinero y asociación delictuosa.
Se trata de un escenario que su defensa quería evitar y, por ello, en noviembre pasado intentaron infructuosamente que una jueza federal le concediera una libertad anticipada, aunque fuera por apenas unos meses.
El ex mandatario ganó tiempo a finales de febrero al solicitar el diferimiento de la audiencia de presentación de nuevos cargos, pero ahora estría forzado a comparecer e incluso salvo la presentación de algún otro recurso de último minuto.
Si su defensa no logra evitar la apertura del nuevo proceso por peculado, se abriría la posibilidad para la FGR de solicitar una medida cautelar que podría ser, incluso, de prisión preventiva justificada mientras avanza el caso. Si eso ocurre su libertad no podría materializarse en abril de 2026.
IOGE
