Jimena y Gabriel tenían una serie de claves para comunicarse en su vida cotidiana. Él colgaba el teléfono cuando trasladaba pasajeros en su taxi, mientras su esposa esperaba que devolviera la llamada.
El día que su hijo se graduó de sexto de primaria, en el verano de 2015, ella se dirigió con anticipación a la escuela ubicada en la zona metropolitana de Jalisco. Era la presidenta de la asociación de padres de familia y preparaba todo para tener un evento ameno y memorable. Hizo la llamada, su esposo colgó; Jimena dejó el teléfono a un lado esperando la respuesta, pero ésta no llegó.
Volvió a llamar y entró directo el buzón de voz, significaba que el teléfono estaba apagado. No había forma de contactarse, pero era extraño porque él nunca se quedaba sin batería y debía llegar al evento. Era un padre amoroso y presente.
Esa tarde, la del 15 de julio, Jimena sintió que algo era distinto. Decidió no ir a la graduación y pidió a su amiga que la acompañara a buscar a Gabriel en la base de taxis a la que estaba adscrito para pedir información.
El primer viaje que tomó era el único que había registrado, el radio no funcionaba. Nadie de sus conocidos sabía de él desde el momento en que salió. En 16 años siempre había vuelto a casa.
A partir de ese día, Jimena y sus tres hijos se enfrentaron al proceso de búsqueda y reconocimiento de los delitos que terminaron con la vida de Gabriel, quien fue víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial por parte de un policía que pertenecía a la Fuerza Única de Jalisco y un expolicía.
La mañana de aquel día un oficial y su acompañante abordaron el taxi de Gabriel, le pidieron que realizara un viaje a Chapala que llevaría 40 minutos aproximadamente. En el trayecto, los pasajeros exigieron que hiciera varias paradas, las cuales aumentaron el precio del servicio. Una vez que el conductor les solicitó el pago, lo asesinaron con dos balazos, robaron su auto, lo repintaron y llevaron su celular a una casa de empeño.
Su cuerpo estuvo desaparecido poco más de cuatro meses. A Jimena la Fiscalía de Jalisco le brindó muy pocos datos sobre el hecho. Relata que fue gracias a investigadores privados que pudo saber qué le sucedió a su esposo, de no haber buscado ayuda considera que a la fecha no conocería su paradero.
“Desde que llegué a la Fiscalía empezó la primera caída. Desde la atención, como los pintan en las películas: que son groseros, que están comiendo mientras tú estás presentando una denuncia, que son sobrados, que no tienen nada de ética, nada de empatía”, relata.
Después de dos semanas, los investigadores contratados por ella le informaron la localización del cuerpo en el Río Santiago, un sitio cercano a Ixtlahuacán de los Membrillos y la Rivera del Lago de Chapala. En días posteriores, la prueba de ADN confirmó que era Gabriel.
Al policía que cometió el homicidio lo removieron del cargo y en septiembre de 2021, casi seis años después, a él y a su compañero les dictaron sentencia. Miguel Rentería pasará 50 años privado de la libertad, mientras Javier Carretero 30 años.
Jimena es una de las pocas víctimas indirectas que logró una sentencia en contra de sus agresores en Jalisco. Sin embargo, la reparación del daño todavía no llega por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado a pesar de la insistencia de su defensa legal. El camino burocrático ha sido lento y aún no reciben la indemnización por responsabilidad patrimonial.
Brutalidad sin castigo
Con los datos entregados por las autoridades vía Ley de Transparencia, se pudo conocer que de 2015 a 2020 hubo 16 víctimas de ejecución extrajudicial, delito que se tipifica cuando un servidor público comete un asesinato. También informaron que se judicializaron seis carpetas por ese motivo.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) notificó que durante ese mismo periodo abrió expedientes de queja por tres homicidios dolosos en los que estuvieron involucrados policías: uno en 2016, en el que se señala a un agente de la Comisaría General de Seguridad Pública del Estado; los dos restantes se iniciaron en 2017 y 2020, los denunciantes mencionaron que elementos adscritos a la Fiscalía General del Estado fueron los agresores.
Durante ese lustro también se abrieron en la fiscalía estatal 100 carpetas de investigación por el delito de lesiones presuntamente cometidas por funcionarios públicos de distintas corporaciones. Sólo dos se judicializaron, mientras que el total de víctimas registradas fue de 112.
En lo que respecta a abuso de autoridad, se iniciaron 295 averiguaciones a nivel estatal, mil 94 en lo municipal y 916 en lo ministerial; sumaron 2 mil 305. De éstas se judicializaron 16, de acuerdo con lo que informó la FGE, lo que equivale al 0.7 por ciento. Por estos actos sólo se detuvo a 18 personas.
Los datos recabados en los últimos años por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), que ha documentado violaciones a los derechos humanos en Jalisco, demuestran que en los casos de tortura y desaparición forzada el nivel de impunidad es de casi 100 por ciento, además los gobiernos que han llegado al poder en el estado niegan la existencia de estas violaciones a los derechos humanos, lo que limita sus acciones para contrarrestarlos.
Por su parte, la fiscalía acumula el mayor número de quejas ante la CEDH de Jalisco. Anna Karolina Chimiak, co directora de CEPAD, comenta que en la entidad las autoridades apuestan a la impunidad y también a la tolerancia de los actos de corrupción.
Chimiak menciona que su organización ha documentado “una grave colusión que existe entre las autoridades, sobre todo municipales, pero también estatales, con los grupos de delincuencia organizada”.
Éstos han utilizado a las policías de distintos niveles como blancos para cometer acciones ilegales y la combinación de los factores dio paso al incremento de los crímenes, pues en el panorama no existen sanciones a las autoridades, mientras que los miembros de los cuerpos de seguridad temen a represalias de la delincuencia que los presiona para cometer delitos, añade la especialista.
Entre las fallas observadas por CEPAD también se encuentra la falta de investigaciones exhaustivas, no sólo en los casos de violencia cometida por las autoridades, sino en el total de las denuncias.
El largo camino para la reparación
Después de que Jimena atravesó todo el proceso funerario para enterrar a su esposo Gabriel, un par de abogados se ofrecieron a llevar la defensa legal para iniciar un proceso en contra de los ex policías y las instituciones que los respaldaban.
Estaba negada a seguir. El camino hasta localizarlo generó muchas heridas en su familia. Las rutinas cambiaron, pues encontró un trabajo para poder mantener a sus hijos y el duelo era una carga que sobrellevaba; sin embargo, aceptó la propuesta e inició el juicio por responsabilidad patrimonial con el propósito de que el Estado reparara el daño cometido por el ex policía y el elemento de seguridad, junto con el juicio penal.
En noviembre de 2018, tres años después de que su marido fue víctima de una ejecución extrajudicial, el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad dictaminó que sería acreedora a una indemnización por parte de la institución responsable.
La Fuerza Única de Jalisco, corporación a la que pertenecía Miguel Rentería cuando cometió el asesinato de Gabriel, desapareció al final del gobierno de Aristóteles Sandoval y con la llegada de Enrique Alfaro, se promovió una reforma para que se dividieran las tareas de la institución entre la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad.
Pese al cambio, la demanda siguió en contra de las dos entidades públicas. Cristian Frías Lomelí, abogado de Jimena, expone que aunque las instituciones desaparezcan por nombre, existen responsables administrativos de las acciones que atentan contra la vida y la integridad de los ciudadanos.
Tanto la fiscalía como la Secretaría de Seguridad se ampararon para evitar pagar la indemnización de 12 millones de pesos que estableció el tribunal para la esposa y los hijos de Gabriel, en un proceso en el que las instituciones calificaron a la familia como “terceros interesados”, lo que no reconocería su calidad de víctimas y que contradice a la tesis XXVII de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala que en los juicios de amparo quien fuera víctima u ofendido se le debe nombrar como tal.
El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito determinó negar el amparo promovido por las autoridades y mantuvo la orden para la reparación del daño, la cual aún no se ha pagado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a pesar de los apercibimientos promovidos por la defensa. Siete años después de que ocurrió el homicidio.
El caso de Jimena es una excepción a la regla, pues la impunidad es el común denominador ante los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad.
Tierra de desaparición y tortura
Jalisco es la entidad con mayor número de desapariciones a nivel nacional. Las cifras que difunde la Comisión Nacional de Búsqueda muestran que en esa demarcación hay un registro de 15 mil 932 personas que no han vuelto a casa.
Durante la administración de Alfaro, que inició en diciembre de 2018, al menos 125 agentes o mandos se involucraron en la desaparición forzada de personas, de acuerdo con los datos del gobierno del estado. De todas las investigaciones abiertas por esos actos, sólo se han dictado cuatro condenas.
En lo que respecta a la tortura fue el mismo abogado, Cristian Frías, quien consiguió la primera sentencia a nivel nacional relacionada con este delito en 2014, después de que el comandante de la policía del municipio de Tala y su escolta torturaran hasta asesinar a Alfonso Altamirano, quien fue detenido por presuntamente robar los frutos de una milpa, pero durante el violento interrogatorio fue inculpado por presunto robo a casa habitación.
En el resto de los casos de tortura, de acuerdo con CEPAD, no hay fallos contra algún funcionario del estado por la comisión de este delito. Con base en respuestas oficiales, entre 2015 y 2020 se iniciaron 67 carpetas contra elementos estatales y 28 municipales, sin que se informara cuántos fueron judicializados.
Por la naturaleza de los casos de violencia policial, menciona Denisse Montiel Flores, co directora de CEPAD, “siempre va a estar involucrada alguna persona servidora pública, ya sea por comisión directa, por autorización o por aquiescencia, es decir, con consentimiento o permiso (de la autoridad), entonces no existe confianza” para realizar una denuncia.
Además de que la unidad encargada de investigar los casos pertenece a la misma corporación señalada como responsable, por lo que las personas que denuncian no esperan que las autoridades realicen las indagatorias necesarias al respecto.
La impunidad a cargo
Mientras avanzaba su caso, Jimena percibió que las autoridades le negaban información, la única persona que la ayudó fue retirada de la investigación. Comenta que los funcionarios le argumentaban no tener conocimiento de que el responsable de la muerte de Gabriel era un policía.
De acuerdo con el procedimiento, una vez que se identifican casos de servidores públicos que cometen delitos en contra de ciudadanos, deben ser apartados de su cargo; en caso de ser encontrados culpables, no podrán continuar con sus labores; sin embargo, eso no ocurre en todas las indagatorias, ya que se han identificado ascensos o cambio de posiciones para evitar sanciones a los probables responsables.
“Las personas servidoras públicas que ocupaban algunos cargos como policías o asistentes en las Agencias del Ministerio Público con recomendaciones (de la CEDH), años después los vemos también mencionados en otras, nuevamente por actos de tortura, pero ya con cargos mayores”, menciona Montiel Flores.
Uno de los ejemplos más relevantes es el de Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal general del Estado, entre diciembre de 2018 y enero de 2022, a quien promovieron al inicio del gobierno de Enrique Alfaro, después de ser procurador general entre el 2000 y el 2005. Mientras desempeñaba su cargo fue señalado por participar en la represión de manifestaciones el 28 de mayo de 2004, donde se documentó la detención arbitraria de 118 personas y se reportaron actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
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En 2020, mientras Solís de nuevo estaba en el cargo, también se registraron agresiones contra civiles que protestaron durante el 4, 5 y 6 de junio. Al menos 25 detenidos por elementos de la Fiscalía del Estado presentaron lesiones. Las movilizaciones exigían justicia para Giovanni López, un joven detenido en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos por no portar cubrebocas durante la pandemia.
Miembros de la policía estatal lo detuvieron y murió mientras se encontraba bajo custodia policial, víctima de tortura. De acuerdo con los datos preliminares su cuerpo reportaba traumatismo craneoencefálico y una bala en el pie izquierdo.
Prevenir, capacitar y sancionar
Jimena dice estar agradecida con su equipo legal. El caso de su esposo alcanzó la justicia después de siete años, con las sentencias condenatorias dictadas y la indemnización establecida por los tribunales.
Tras la denuncia de la desaparición, las autoridades cuestionaron si Gabriel no tenía una doble vida, relaciones con otra persona, una nueva familia o contacto con grupos criminales, esto fue a lo primero que se enfrentó en la fiscalía su esposa, después a la falta de acompañamiento psicológico en todo el proceso.
“Ellos no tienen nada, nada de sensibilidad. Debería de haber una persona capacitada para recibir una demanda, en el aspecto legal y proporcionarte el apoyo, pero también alguien que emocionalmente te auxilie, que esté ahí, que te entienda, que trabajen de la mano, para que a ellos los hagan más humanos”, afirma.
Con el objetivo de combatir la brutalidad policial en el estado y en otras regiones, el abogado Cristian Frías recomienda profesionalizar a las policías, capacitarlas con un nivel de educación superior para tener conocimientos legales, respeto a los derechos humanos, las acciones que pueden o no realizar y la atención a la ciudadanía.
Tan sólo para 2022 el gobierno federal proyectó un mayor presupuesto para el área militar que para las policías locales. Dentro del proyecto presupuestal se propuso brindar a las fuerzas policiales de los estados 7 mil 988 millones de pesos, mientras para Fuerzas Armadas un gasto de 141 mil 858 millones.
Las especialistas de CEPAD consideran que se debe combatir la impunidad y de esta manera las autoridades garanticen que haya consecuencias justas en caso de que sus integrantes cometan violaciones graves a los derechos de las personas. De igual forma, consideran necesario generar políticas de prevención, fortalecer las instituciones y aplicar un enfoque práctico en las evaluaciones, así como el reconocimiento del problema.
Datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco reportan que se capacitó a 13 mil 509 elementos de 2015 a 2020. Los cursos sumaron un total de 480 mil horas impartidas; sin embargo, no hay evaluaciones que determinen si estas han servido para contrarrestar los abusos policiales detectados a nivel estatal.
*Esta investigación se realizó como parte de la Convocatoria 2021 del Programa Piloto de Apoyo al Periodismo en México de la UNESCO. Su contenido es responsabilidad de los autores, quienes formaron parte de la Unidad de Investigación de ONEA México. Editor del Programa: Francisco Sandoval Alarcón.
DMZ
