Dos paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, y otro de Protección Civil del municipio de San Pedro, son investigados por la Fiscalía General de Justicia, por el posible contubernio para apoderarse del reloj del joven David Yarte, asesinado en Plaza Tanarah el pasado 17 de febrero.
Al salir de la reunión diaria de pacificación y seguridad estatal en Palacio de Gobierno, el vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez, informó que rastrean las primeras versiones que proporcionaron los tres involucrados tendientes a ocultar el Rólex Oyster Perpetual, que finalmente así fue, ya que por lo menos uno de ellos lo tenía oculto.
Te recomendamos
"Estamos construyendo la mecánica del hecho, para saber quién fue la persona que tomó el reloj, y estaría en contubernio con estas otras dos personas, y que estamos investigando con la desaparición, apoderamiento indebido y ocultamiento del reloj", dijo.
El vicefiscal de Ministerios Públicos reveló que de actualizarse el delito, podría tipificarse el de robo calificado, por lo que la pena máxima sería de 15 años.
Sin embargo, al tratarse de una víctima con lesiones después de una agresión, la penalidad del delito aumentaría a 21 años.
"Pensamos que alguno de los delitos que se pudiera actualizarse es el robo calificado por la penalidad, y que se persigue de oficio; por el robo, atendiendo al valor del objeto, es una pena de 15 años, y agravado por cometerse en perjuicio de víctimas de catástrofes o personas heridas, son hasta 6 años de prisión", señaló Orozco Suárez.
El viernes pasado, la dependencia que encabeza Gustavo Adolfo Guerrero. informó que el artículo se encontraba en posesión de personal de la Cruz Roja de Monterrey, el cual está sujeto a la carpeta de investigación y cuya situación jurídica se resolverá a la brevedad.
El pasado 17 de febrero el joven fue asesinado en el estacionamiento de Plaza Tanarah, tras resistirse presuntamente a un robo.
Un día después, se reveló que el reloj valuado desde los 300 hasta los 800 mil pesos, había desaparecido de la cadena de custodia, lo que generó la investigación y entrevistas a 23 funcionarios, policías estatales, socorristas y médicos.
