La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la solicitud que hizo su gobierno a Estados Unidos, de detención provisional con fines de extradición de Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, es parte de una investigación iniciada hace tiempo.
MILENIO reveló este viernes que, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), la cancillería hizo esa solicitud, la cual actualmente se encuentra en estudio por parte de las autoridades competentes estadunidenses.
“Es parte de una investigación que viene de hace tiempo de la Fiscalía General de la República”, dijo la mandataria en la conferencia de prensa matutina en Guadalupe, Zacatecas.
La FGR acusa a Pereyra de participar en una red de corrupción y lavado de dinero. Según las indagatorias, ella presuntamente formó parte de una red delictiva, mediante la cual se habrían obtenido “contratos ilegales y abusivos” para el equipamiento de las cárceles públicas federales del país.
México solicita detención y extradición de Cristina Pereyra
El gobierno de México solicitó a los Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, por su presunta participación en una red de corrupción y lavado de dinero.
Según información conseguida por MILENIO, la solicitud fue enviada por la Fiscalía General de la República (FGR) y actualmente se encuentra en estudio por las autoridades estadunidenses.
La orden de aprehensión que dio pie a la solicitud de detención con fines de extradición de Pereyra Gálvez data de 2023. El 19 de julio de aquel año, la FGR informó públicamente la existencia de órdenes de aprehensión en contra de “la esposa y de varios hermanos” de Genaro García Luna por los delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Pereyra Gálvez fue una pieza importante en una presunta red delictiva en la que habrían participado más de medio centenar de personas, y a través de la cual se habrían obtenido “contratos ilegales y abusivos” para el equipamiento de las cárceles públicas federales del país. La Fiscalía sostiene que esto dejó daños superiores a los 5 mil 112 millones de pesos al erario.
AG
