Amnistía Internacional (AI) calificó de ineficaz la estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto para combatir a los cárteles de la droga, y aunque los asesinatos disminuyeron entre 8 y 13 por ciento en el primer año de su gobierno, quedó muy lejos de la meta prometida, de 50 por ciento.
"Tal vez más preocupantemente , la violencia se ha extendido", advirtió AI, ya que en los últimos seis meses de gobierno de Felipe Calderón las ejecuciones relacionadas con las drogas se registraron en 217 municipios, mientras que en los seis primeros meses de la administración peñanietista se dieron en 236.
Por lo que se refiere a los secuestros y extorsiones, los casos aumentaron a sus niveles más altos en más de 15 años.
En desapariciones, el gobierno de Peña Nieto también "ha sido decepcionante", consideró Amnistía Internacional.
El 20 de febrero de 2013 Human Rights Watch publicó un informe que documentaba las desapariciones generalizadas cometidas durante el gobierno de Calderón.
El gobierno de Peña Nieto reconoció públicamente, por primera vez, tener contabilizadas a 26 mil personas desaparecidas, y se comprometió a crear una fiscalía especial para investigar los casos.
Aunque es un paso prometedor, reconoció Amnistía, la administración federal anunció la formación de dicha fiscalía sólo después de que más de una docena de padres de los desaparecidos se declaró en huelga de hambre.
Dicha unidad contó inicialmente con tan sólo 12 fiscales, aproximadamente uno por cada 2.170 personas reportadas como desaparecidas, y carecen de un mandato claro. Meses después se sumaron 10 fiscales más.
El gobierno de Peña Nieto informó también de la creación de una base de datos de los cuerpos no identificados; más de 16 mil de estos cuerpos han sido encontrados en los últimos años, muchos en fosas comunes.
Amnistía señaló que pese a estas acciones, "las desapariciones han continuado". Cita como ejemplo que en Nuevo Laredo se informó de una ola de nuevos secuestros entre junio y julio de 2013.