Gabriel Arturo 'El Pinocho' Castillo, de 52 años, un ciudadano originario de Monterrey, Nuevo León, se declaró culpable ante una corte federal en Texas por liderar una sofisticada red de lavado de dinero que operaba bajo el esquema de 'mercado negro de pesos' para beneficiar a organizaciones criminales mexicanas.
El regiomontano, quien fue extraditado desde México en agosto de 2025, admitió su responsabilidad en una conspiración internacional que durante años permitió el flujo de millones de dólares provenientes del narcotráfico hacia las arcas de los cárteles.
Lavado de dinero, el motor de los cárteles
Según la investigación encabezada por la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), Castillo coordinaba el movimiento de capitales a través del corredor comercial de Laredo, utilizando negocios legítimos para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Sobre el desmantelamiento de esta estructura financiera, las autoridades federales estadunidenses señalaron la importancia estratégica de capturar a facilitadores de este nivel.
De acuerdo con el expediente judicial, el gobierno de los Estados Unidos afirmó que “el lavado de dinero es el motor que impulsa a los cárteles internacionales de la droga y les permite expandir su alcance mortal”, cita atribuida a la oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Texas.
Modus operandi de 'El Pinocho'
El esquema operado por Castillo evitaba el transporte físico de efectivo a través de la frontera. En su lugar, el dinero de la droga recolectado en ciudades estadunidenses era utilizado para comprar mercancías que luego se exportaban a México.
Una vez vendidos en territorio nacional, el dinero ya procesado era entregado a los grupos delictivos, cerrando así el ciclo de blanqueo basado en el comercio.
La jueza federal Marina García Marmolejo ha programado la audiencia de sentencia para el próximo 7 de julio, donde el imputado podría enfrentar una pena de hasta 20 años en una prisión federal.
Estas acciones judiciales fortalecen la colaboración entre México y Estados Unidos, debido a que ambos gobiernos mantienen una agenda estrecha respecto al combate contra el narcotráfico y cualquier actividad ilícita vinculada, reafirmando el compromiso conjunto por desarticular la infraestructura financiera que sostiene la violencia en la región.
AG
