México enfrenta una arraigada problemática de corrupción que involucra a funcionarios de todos los niveles. A pesar de los esfuerzos por combatirla, como la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales, la impunidad sigue siendo una constante.
Una investigación realizada por MILENIO, para evaluar el desempeño de las Fiscalías Especializadas en el Combate a la Corrupción en las 32 entidades federativas, reveló una alarmante brecha entre el número de carpetas de investigación iniciadas por las autoridades y el número de sentencias conseguidas entre 2018 y 2024.
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¿Cuántas carpetas de investigación terminan en detenciones?
Mediante solicitudes de transparencia a las instancias encargadas de la investigación, prevención y persecución de delitos por hechos de corrupción, MILENIO identificó que, en total, se iniciaron 69 mil 735 carpetas de investigación.
Sin embargo, de ese total, sólo se consiguieron 625 órdenes de aprehensión, de las cuales 543 derivaron en vinculaciones a proceso y, finalmente, 245 en sentencias.
Es decir, de las más de 69 mil carpetas de investigación abiertas, únicamente 0.89% resultó en una orden de aprehensión; 0.77% en una vinculación a proceso, y sólo 0.35% en una sentencia.
En los últimos años, numerosos casos de corrupción han involucrado a ex gobernadores e incluso a funcionarios federales de alto nivel, con delitos que van desde la tortura hasta la colusión con el narcotráfico.
Si bien se han impulsado reformas para fortalecer el Estado de derecho, como la transformación de la entonces Procuraduría General de la República en una Fiscalía General autónoma, los resultados siguen siendo limitados.
Un claro ejemplo de esta situación es el rastreo realizado, en el que la efectividad de las indagatorias es cuestionable. Por entidades federativas, el Estado de México encabeza la lista con más denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción, con 30 mil 425 casos, seguido de Nuevo León, con 7 mil 345, y Jalisco, con 6 mil 607.
En cuanto al número de órdenes de aprehensión obtenidas, Querétaro ocupa el primer lugar con 124; seguido de Sonora, con 69; y Durango, con 64.
En lo referente a vinculaciones a proceso, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro también lidera con 124 casos, mientras que Durango y el Estado de México registran 59 y 52, respectivamente.
Las sentencias son el talón de Aquiles de todas las Fiscalías. En este rubro, Querétaro se mantiene a la cabeza con 65 resoluciones, seguido de Durango, con 59, y Puebla, con 29.
Las Fiscalías Especializadas en el Combate a la Corrupción en el ámbito estatal, presentes en las 32 entidades, son un componente clave en la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, enfrentan desafíos como la falta de recursos, la injerencia política y la capacitación inadecuada del personal, según el informe México: Una mirada más cercana a las Fiscalías Estatales Anticorrupción, elaborado por la Fundación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Desempeño e impacto en la denuncia
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revela que sólo 4.8% de los ciudadanos denunció un acto de corrupción, lo que deja una cifra negra de 95.2 por ciento.
También muestra que 14% de los mexicanos mayores de 18 años fue víctima de corrupción, con una mayor afectación en los hombres (18.8%) que en las mujeres (9.6%).
El contacto con autoridades de seguridad pública es el trámite con mayor índice de corrupción (59.4%), una tendencia preocupante que se mantiene desde 2013.
En tanto, los trámites ante instancias estatales, como el pago de impuestos vehiculares o los relacionados con la propiedad, han sido históricamente los más afectados por la corrupción.
Sin embargo, la ENCIG 2023 muestra una disminución en este ámbito, mientras que la corrupción en trámites municipales, como el pago de agua o predial, va en aumento. No obstante, la interacción con policías y autoridades de seguridad pública sigue siendo la más problemática.
Seis de cada diez personas que tuvieron contacto con estas autoridades en 2023 fueron víctimas de corrupción. Otros trámites con alta prevalencia de actos corruptos incluyen los realizados ante el Ministerio Público o la Fiscalía estatal, así como la gestión de permisos relacionados con la propiedad.
¿Cuáles son los retos de las fiscalías?
De acuerdo con la Fundación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), en su informe México: Una mirada más cercana a las fiscalías estatales anticorrupción de marzo de 2021, las fiscalías anticorrupción estatales son un componente crucial del Sistema Nacional Anticorrupción.
Sin embargo, problemas recurrentes, como la falta de plena autonomía, junto con obstáculos externos y reticencias internas para centrar su trabajo en la corrupción de alto nivel y de alto impacto, han impedido que estas fiscalías alcancen su verdadero potencial.
“Las organizaciones de la sociedad civil que intentan supervisar y participar en la labor anticorrupción a veces se encuentran con una falta de transparencia o de voluntad política en las fiscalías”, señala el estudio.
A la luz de lo anterior, los esfuerzos por mejorar el trabajo de estas fiscalías, incluyendo la cooperación internacional cuando sea necesario, deben enfocarse en superar obstáculos estructurales, como los procesos de nombramiento y las jerarquías institucionales, que pueden amenazar o socavar la independencia de los fiscales.
“Sería de gran relevancia que las fiscalías contaran con planes de persecución que dieran prioridad a la corrupción de alto impacto, así como que la competencia de las fiscalías incluyera todas las prácticas corruptas relevantes”, concluye el informe.
RM
