El fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, informó al Congreso local que, para combatir la corrupción, iniciaron 110 investigaciones en contra de servidores públicos, de las cuales derivaron 179 expedientes judicializados, 93 servidores públicos vinculados al proceso y, hasta el momento, 33 sentencias condenatorias.
En su Cuarto Informe de Actividades, que cubre el periodo comprendido entre abril del 2025 y marzo del 2026, el fiscal dio cuenta a la Legislatura de que a través de distintos medios se recibieron tres mil 296 quejas, de las cuales mil 374 tuvieron solución inmediata y mil 922 derivaron en expedientes de investigación iniciados por diversos delitos.
El documento que fue presentado en el pleno establece el detalle de los logros en materia de extorsión, despojo, combate a la venta ilegal del agua, robo de vehículo, robo a transporte de carga, así como los operativos Enjambre, Atarraya, Bastión, Fortaleza, Restitución, Liberación Caudal, Senda, Desconexión, entre otros.
Rotaciones, medida para evitar malas prácticas
Dio cuenta de que, para evitar actos de corrupción y compromisos de las y los funcionarios de esta instancia, llevan a cabo un programa permanente de rotación en el cual participaron mil 60 servidores públicos; fueron cambiados de adscripción para evitar que creen intereses y malas prácticas.
En este periodo fueron dados de baja 579 servidores públicos, de los cuales 281 se desempeñaban como agentes del Ministerio Público, 118 realizaban labores administrativas, 115 los policías de investigación, 33 laboraban en Servicios Periciales, 11 oficiales conciliadores, 15 mandos medios y cinco eran mandos superiores.
"La mayoría de las bajas fueron voluntarias y 23 presentaron renuncias por actos de corrupción". En enero, a través de publicaciones en redes sociales, se difundieron probables actos delictivos, cometidos por supuestos policías de investigación de la Fiscalía, principalmente del Valle de México.
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En total iniciaron 110 investigaciones, 67 de ellas de oficio —por publicaciones en redes sociales— y 43 presentadas por las víctimas, donde identificaron a 47 personas presumiblemente relacionadas con hechos delictivos, de quienes 39 eran servidores públicos y ocho particulares.
Por ello, separaron a 10 servidores públicos, entre quienes estaba un coordinador regional, dos jefes de grupo y siete policías de investigación; además, cambiaron de adscripción a 40 elementos de investigación y lograron identificar que 22 de los 34 vehículos usados en actos contrarios a la ley eran oficiales.
Como ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, la Fiscalía tuvo 26 auditorías a unidades administrativas que por más de 10 años no habían sido revisadas. Emitieron 161 resoluciones por faltas administrativas graves como cohecho, actuación bajo conflicto de interés y enriquecimiento oculto e iniciaron 404 procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos de la institución.
Agentes acusados por corrupción
A través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción fueron judicializados 179 expedientes de investigación en contra de 538 servidores públicos, de los cuales 379 eran policías municipales, 60 policías estatales y 36 agentes del MP, por su probable responsabilidad en delitos como abuso de autoridad, cohecho y robo.
Obtuvieron vinculación a proceso en contra de 93 servidores públicos y obtuvieron sentencia en contra de 33 servidores públicos, con condenas de dos a nueve años de prisión.
PNMO
