Luis Iván mató a Sandra Karina Alemán el 18 de mayo del 2020. Aunque ya fue juzgado y sentenciado por este feminicidio a 55 años de prisión, un formalismo judicial ha abierto la posibilidad de que quede libre.
El Primer Tribunal de Circuito en el Estado de México ordenó la reposición de todo el juicio en el que Luis Iván fue declarado culpable en 2023. El argumento principal fue que en dos ocasiones se rebasó el plazo máximo de 10 días entre audiencias, que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece.
Te recomendamos leer...
Familia de la víctima promueve amparo
Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá pronunciarse al respecto, pues la familia de Sandra presentó un amparo directo en revisión, en el que señalan que reponer el proceso genera revictimización y pone en riesgo la sentencia ya alcanzada.
El máximo tribunal atrajo el caso, que será revisado por el ministro Giovanni Figueroa.
“En palabras simples, el Estado nos pide borrar nuestra lucha como si nunca hubiera existido, reponer el juicio no es un trámite, es una forma de revictimización y una muestra de cómo el sistema judicial sigue priorizando las formalidades sobre la justicia y la dignidad de las personas”, expresó Antonia Alemán, madre de Sandra.
En entrevista para MILENIO, la abogada Ximena Ugarte, quién es defensora de la familia de Sandra, explicó que el volver a vivir el proceso genera un riesgo a la sentencia ya alcanzada, no necesariamente porque la persona no sea culpable, sino porque con el paso de los años se van perdiendo ciertos órganos de prueba que son fundamentales dentro de estos procesos.
“A veces en algunos casos renuncian los peritos o por ejemplo nos ha tocado últimamente que desafortunadamente muchos policías de investigación han sido asesinados en el ejercicio de su deber o también algunos testigos ya no quieren participar y se pone en riesgo una sentencia que ya fue condenatoria con órganos de prueba que ante los tribunales desfilaron y convencieron a un juzgador o a una juzgadora de que efectivamente se había dado determinado la responsabilidad de estas personas más allá de todo lo razonable”, señaló.
También dijo que si bien entienden que este artículo del código existe con el objetivo de no alargar los procesos judiciales, lo cual también afecta a las víctimas y sus familias, en el caso del Estado de México, asegura que el Poder Judicial se encuentra rebasado ante la gran cantidad de casos por lo cual no siempre es posible cumplir con estos plazos que solicita la ley.
Actualmente, el Estado de México es una de las entidades con mayor número de casos de delitos contra mujeres, tan solo entre enero y septiembre de 2025 se reportaron 42 casos de feminicidio, 133 de homicidio doloso, mil 971 de violencia de género y 19 mil 502 de violencia familiar, ocupando los primeros lugares a nivel nacional.
“Las formalidades no pueden estar por encima de la justicia, si por ejemplo tenemos casos como el Estado de México donde hay menos jueces para resolver más casos que en el resto de estados del país, pues claramente a veces resulta imposible cumplir con esas formalidades”, lamentó.
Por lo cual destacaron la importancia de la revisión de este proyecto, ya que podría sentar un precedente positivo en casos de feminicidio para garantizar que las familias no tengan que volver a revivir el proceso por formalidades jurídicas.
Esto debido a que, de acuerdo con Ximena, además del caso que ella representa la Corte, también está revisando otros dos casos con características similares.
Apenas el 15 de octubre, la SCJN determinó que la reinserción social no es un factor que los juzgadores deben tomar en cuenta para dictar una pena contra un delincuente, pues únicamente deben basar su sentencia en la gravedad del delito.
Esta decisión derivó de un amparo promovido por la familia de Jessica González Villaseñor, quien fue víctima de feminicidio, crimen cometido por Diego Urik Mañón, en Morelia, Michoacán, en 2020, el cual buscaba reducir su sentencia argumentando su derecho a la reinserción social.
Búsqueda de la justicia
Como muchas, la familia de Sandra ha tenido que enfrentar un largo proceso para acceder a la justicia, ya que en un inicio en marzo del 2023 el feminicida de su hija fue sentenciado a prisión vitalicia y aunque en ese momento la familia celebró esa victoria jurídica, tan solo unos meses después se determinó reducir la sentencia a 55 años.
“Ese es un llamado a todos esos feminicidas que pueden seguir asesinando a mujeres, y violentándolas, violándolas, golpeándolas y no va a pasar nada, porque los están defendiendo, una sentencia vitalicia para mí significa que no va a salir de ahí nunca, y Karina no va a salir del cementerio jamás igual, por eso digo cuando Karina salga del cementerio que Luis salga de la cárcel” enfatizó Antonia durante una entrevista realizada tras conocer la reducción de sentencia en este caso.
Ahora, nuevamente, las autoridades buscan quitarles esa sentencia, la cual, si bien no le regresara a su hija, si es una manera de garantizar que no haya impunidad y que se garantice el acceso a la justicia para las mujeres que son asesinadas por razones de género en el país.
“Porque cada reposición de juicio envía un mensaje de impunidad y coloca sobre las víctimas la carga del error institucional, garantizar la no reposición no solo significa justicia para su familia, sino también un precedente trascendental para todas las víctimas de feminicidio y sus familias en el país”, precisó Antonia.
RM
