La jueza de control María Alejandra Ramos Durán, así como autoridades penitenciarias serán denunciadas por los delitos de homicidio, abuso de poder y negligencia, por la muerte del ex funcionario duartista, Lázaro Joaquín López Ramírez, ex director del Fideicomiso para el Desarrollo de las Actividades Productivas de Chihuahua (Fideapech), anunció el abogado Agustín Marván Lizardi.
López Ramírez fue detenido en marzo de 2018 por el presunto desvío de 6 millones de pesos de su organismo a la Unión Ganadera del Norte, cuyo directorio era encabezado por el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
El delito no ameritaba prisión preventiva oficiosa, es decir, se podía enfrentar en libertad. El ex funcionario ofreció garantizar la reparación del daño, pero la juez pidió una garantía de 10 millones de pesos, es decir, cuatro millones de pesos más de lo denunciado por la propia autoridad.
La defensa del procesado informó a la juzgadora que había un brote de covid-19 en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán, por lo que era necesario que el ex funcionario enfrentara su proceso en prisión domiciliaria, debido a su edad y padecimientos, es decir, por formar parte de la población vulnerable.
Después de varios días, Lázaro Joaquín se contagió y el 25 de agosto falleció. La defensa aseguró que la jueza María Alejandra Ramos Durán presuntamente rechazó que se le otorgará atención médica en un hospital.
Agustín Marván comentó a MILENIO que Lázaro Joaquín estaba programado para ingresar al hospital el sábado 22 de agosto, pero su traslado se ordenó hasta el día 25, fecha en la que murió. “Tres días lo tuvieron en el penal, sin hacerle nada”, declaró su abogado.
Al preguntarle los delitos por lo que presentarán la denuncia, mencionó que son negligencia, abuso de poder y homicidio, porque “textualmente la juez lo asesinó”.
Añadió que también presentarán una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debido a que no tienen confianza en las autoridades estatales.
El abogado agregó que la jueza no acató una resolución de un juez federal que ordenaba el traslado de manera inmediata del duartista al hospital. La orden judicial se emitió el 21 de agosto.
“Nunca había visto el abuso del poder tan vengativo, tan sañoso, tan estúpido. La acusación la fundan con testigos protegidos, que están prohibidos, y la fundamentan con el Código de Procedimientos Penales de Chihuahua, anterior, derogado. En dos años nunca nos dijeron quiénes eran los testigos”, apuntó.
Marván Lizardi expresó que durante el proceso demostraron con el contrato, que el fideicomiso era privado, y que no estaba en la cuenta pública, y que el gobierno de Chihuahia nunca le pagó un peso al fideicomiso.
Ahora, “la juez para lavarse la cara ordenó que se hiciera una investigación por homicidio”, lo que impide en estos momentos cremar el cadáver.
Por este caso, el fiscal de Chihuahua, César Peniche Espejel, confirmó que Lázaro Joaquín murió por covid-19 y se complicaron sus síntomas.
“José Lázaro Joaquín L. R., presentó malestares que requirieron atención inmediata; sin embargo, su salud sufrió un deterioro en pocas horas, por el cual fue trasladado al Hospital Central Universitario, en donde recibió servicios especializados”, decía el comunicado emitido.
Tras el deceso, el 28 de agosto, la Fiscalía Estatal se llevó el cadáver de la funeraria donde era velado el cuerpo del ex duartista para practicarle una necropsia, derivado de la investigación por homicidio que ordenó la juez, lo anterior pese a existir un acta de defunción, en la cual se establecía que murió por covid-19, y pese a la comunicación oficial de la fiscalía.
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