La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco investiga a 12 servidores públicos por presuntas omisiones y negligencias cometidas durante una inspección en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán. El caso involucra a personal de diversas áreas como el Ministerio Público, la Policía de Investigación y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
El fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz explicó en entrevista con Samuel Cuervo para Milenio Televisión dijo quue las posibles sanciones, las penas previstas van de uno a cinco años de prisión. “De una manera desafortunada las penas no son elevadas”, lamentó, aunque enfatizó que se busca responsabilidad administrativa y penal.
De la Cruz dijo que se detectaron diversas inconsistencias en el manejo de la escena del crimen. “Encontramos una serie de irregularidades, una serie de actuaciones que dejaron de llevarse con la debida diligencia que nos exige la ley”, puntualizó.
Gerardo de la Cruz, informó que la indagatoria se inició de manera formal , con el objetivo de esclarecer cómo actuaron los funcionarios “Empezamos a checar cuál había sido la actuación del personal de la fiscalía del estado, cómo fue que llevaron a cabo sus actos de investigación”, dijo.
De la Cruz abundó en que los indicios localizados ropa, zapatos y vehículos no fueron procesados conforme a los protocolos establecidos. “A la hora que no se trata como debe ser cada uno de los indicios... se está cometiendo un abuso de autoridad”, advirtió, lo que, según el Código Penal de Jalisco, configura una negación de acceso a la justicia.
Detalló que los delitos por los que se les imputa son “peritos cometidos en la administración de justicia” y abuso de autoridad. Este último, explicó, aplica cuando un servidor público favorece a una de las partes por acción u omisión dentro de un procedimiento penal.
¿Qué funcionarios son señalados por caso rancho Izaguirre?
Respecto a los perfiles investigados, el fiscal indicó que se trata de agentes del Ministerio Público, policías investigadores, peritos criminalistas y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Añadió que incluso un funcionario de nivel subdirección figura entre los señalados.
“Desde el Ministerio Público tiene que haber una conducción precisa... y quien ejecuta las órdenes también tiene responsabilidad”, sostuvo De la Cruz. Añadió que los investigadores presentes debieron compartir información y ordenar diligencias necesarias, cosa que, afirmó, no ocurrió.
Aseguró que al menos cuatro peritos que intervinieron en la inspección no cumplieron con los procedimientos adecuados, y que también se indaga a quien los coordinaba. “Hay alguien que los coordinaba, alguien a nivel subdirección, entonces a esta persona también la tenemos ahí”, puntualizó.
Al ser consultado sobre el acompañamiento de colectivos o comisiones de derechos humanos, De la Cruz reconoció: “En este momento no hemos tenido el acompañamiento de los colectivos de búsqueda”, aunque no descartó futuras colaboraciones en el desarrollo del caso.
SRN
