Una juez federal negó un amparo al teniente coronel Wenceslao Cárdenas Acuña, quien buscaba echar abajo la orden de aprehensión librada en su contra por presuntamente formar parte de una red de robo de hidrocarburos encabezada supuestamente por el general Eduardo León Trauwitz, ex jefe de escoltas del presidente Enrique Peña Nieto.
Yazmín Eréndira Ruiz, jueza Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, rechazó tumbar el mandamiento judicial girado por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, el 13 de mayo de 2021.
Durante dos años, el teniente coronel obtuvo resoluciones que dejaron temporalmente sin efecto la orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilícita de hidrocarburos.
Ahora, la jueza determinó que el juez de control fundó y motivó su falló al analizar los datos de prueba que aportó la Fiscalía General de la República (FGR) contra el integrante del Ejército.
Wenceslao Cárdenas estaba adscrito a la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde era coordinador especialista.
Según un testigo, de 2013 a 2017, el teniente coronel no reportó un número importante de tomas clandestinas. De acuerdo con comunicados respectivos, solo del periodo del 27 de enero de 2015 al 9 de agosto de 2016, no reportó 181 tomas, de las 206 que fueron encontradas.
“A partir de aquí se evidencia su actuar doloso, pues resulta evidente que si una persona, con el rango que el imputado tenía (coordinador especialista), sólo reportó 25 tomas clandestinas de las 206 encontradas, no actúa por descuido o negligencia, sino con la intención firme de no reportarlo; dado que era una persona que al menos desde 2013 laboraba en Pemex y el cargo conferido, aunque era reciente, no conduce a determinar que le era totalmente ajeno”, señaló la juzgadora.
La FGR aseguró que con bases a las directrices que permitió Eduardo León Trauwitz, subdirector del área de Salvaguarda Estratégica de Pemex, y que replicaron sus colaboradores directos, todos militares, se cometieron delitos, ya que nadie de menor rango podía ir contra sus órdenes.
Algunos de los soldados dijeron en entrevista al Ministerio Público Federal “que los imputados de mayor rango militar, aprovechaban esa investidura para obligarlos a actuar al margen de la ley”.
“Ante ello, utilizaron estas circunstancias para dirigir a los trabajadores de Seguridad Física con perfil militar y les ordenaron ocultar la localización de tomas clandestinas a las autoridades del daño que sufría Pemex en sus recursos”, indica la imputación de la FGR.
De acuerdo con las entrevistas de diversas personas que eran subordinados jerárquicos, a partir de mediados de 2013, hasta 2017, los mandos comenzaron a ejercer presión contra todos ellos, para que no reportaran las tomas clandestinas encontradas a las áreas respectivas, que no dieran parte al Ministerio Público de la Federación y que además las neutralizaran de manera rústica, lo que permita su reutilización.
“En este caso, el plan común desde los mandos jerárquicos en Pemex era intimidar a sus inferiores en la paraestatal para que las tomas clandestinas fueran neutralizadas en forma artesanal, sin dar intervención a las áreas expertas, para que fuera reutilizadas por las personas del otro grupo, esto es, los que físicamente extraían esos petrolíferos y así lograr el fin común y las ganancias multimillonarias que esto representaba”, detalla el expediente.
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