El equipo de abogados del empresario Eugenio Javier Maíz Domene, propietario de la empresa Next Energy, presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos de corrupción por parte de jueces de distrito y servidores públicos del estado de Aguascalientes para mantener privado se la libertad a dicho empresario.
En la sede de la FGR en la colonia Doctores, el abogado Adrián Arellano Regino, detalló que su defendido lleva más de ocho meses privado de la libertad y que suma cinco carpetas de investigación en su contra por delitos como amenazas y extorsión contra policías del centro penitenciario de Aguascalientes donde se encuentra.
“Existe una intención por parte del Aguascalientes de mantener ilegalmente privados de la libertad a este empresario, lo decimos por lo siguiente: el señor Eugenio Javier Maíz Domene enfrentó en un principio una denuncia por fraude por un tema netamente civil que tiene que ver con contratos civiles con el gobierno de Aguascalientes. Había obtenido la libertad en ese proceso y de manera sospechosa e inclusive muy rápido le generan una segunda carpeta para poderle ejecutar una orden de aprehensión y no dejarlo salir", expresó el abogado.
“Hasta el día de hoy lleva cinco carpetas de investigación por diversos delitos los cuales nos parecen improbables y sobre todo falsos“, dijo en entrevista.
Arellano Regino explicó que el tema central contra el empresario es por una acusación de fraude que corresponde a un incumplimiento de contrato y que debería tratarse de un proceso de carácter civil.
"Cómo es posible que un empresario podría estar extorsionando, amenazando a personas, policías del centro penitenciario de Aguascalientes. Nos parece lamentable que el poder judicial local y la fiscalía local se preste este tipo de circunstancias para mantener recluido a una persona que nunca ha vivido en Aguascalientes, que su centro de la familia está en Nuevo León y que le impiden continuar sus procesos", señaló.
A inicios del mes de agosto, se dio a conocer que la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, retomó el caso debido a presuntas irregularidades en un convenio firmado en 2019 entre la empresa Next Energy y el ayuntamiento del estado cuando la hoy gobernadora, Teresa Jiménez, era la alcaldesa.
El convenio con la empresa Next Energy consiste en el suministro de energía a pozos de agua, pero, según las denuncias, el municipio pagó más de un millón 500 mil pesos sin recibir el servicio.
AG
