Cinco exfuncionarios municipales de Aguascalientes de 2019 son buscados por la Fiscalía General de la República (FGR) por la contratación de la empresa Next Energy.
Se les acusa de uso ilícito de atribuciones y facultades, delito penado en los artículos 217 y 217 Bis del Código Penal Federal, por irregularidades detectadas en el contrato para la construcción de un centro de generación de energía solar, que supuestamente beneficiaría al municipio, pero le generó pérdidas multimillonarias.
Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción apuntan a que se usó dinero federal de manera indebida, pues el proyecto energético se suscribió a través de una Asociación Público-Privada en la que se usarían recursos estatales y aportaciones de la Federación.
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¿Quiénes son los funcionarios acusados?
Por ese motivo, el Ministerio Público Federal judicializó la acusación contra Alfredo Cervantes, exsecretario de Finanzas; Rodolfo Téllez Moreno, exsecretario de Servicios Públicos; Jaime Beltrán Martínez, exsecretario del Ayuntamiento; Luis Rivera Vargas, exsíndico procurador; y Mónica Díaz Aranda, encargada de despacho de la Secretaría de Administración.
Los acusados eran funcionarios durante la presidencia municipal de Teresa Jiménez, actual gobernadora de Aguascalientes. A nivel estatal, las investigaciones de la Fiscalía local se enfocaron en Eugenio Javier Maíz Domene, dueño de Next Energy, quien actualmente se encuentra detenido acusado de presunto fraude.
Apenas el 21 de julio, el empresario entregó a un juez un escrito en el que, de su puño y letra, afirma temer por su integridad física y la de su familia, además de responsabilizar a la gobernadora de Aguascalientes y otras autoridades estatales por cualquier agresión o intento de daño que pudiera sufrir.
Alerta por riesgo a su vida
En el documento, el imputado pidió al juez de la causa que quedara asentada su manifestación en el expediente.
“Temo por mi integridad física, así como la de todos mis familiares”, escribió Maiz Domene, quien extendió esa preocupación a su esposa, hijos, padres, hermanos, sobrinos y cualquier persona cercana a su núcleo familiar.
En el mismo escrito responsabilizó de cualquier situación que pudiera poner en riesgo su seguridad a la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel; a su esposo, Luis Alberto Villarreal García; al fiscal Manuel Alonso; a las vicefiscales; ministerios públicos; jueces locales; policías estatales y a todas las personas que, según su versión, han participado en las investigaciones iniciadas en su contra.
Asimismo, sostuvo que las carpetas de investigación fueron “fabricadas” y solicitó que quienes intervinieron en su integración sean llevados ante la justicia.
RM
