El secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri, señaló que entre 2024 y el 2025 se logró disminuir en un 42.44 por ciento el delito de extorsión en Hidalgo.
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Indicó que la Policía Cibernética, de la Secretaría de Seguridad Pública, ha dado cinco mil 13 atenciones por casos de extorsión y fraude, de las cuales mil 728 han sido por extorsión y dos mil 497 por fraude.
Agregó que estas atenciones suman cinco mil 13 sobre ambos delitos y apuntó que la Policía Cibernética realizó mil 295 pláticas de prevención en los 84 municipios del estado en beneficio de 121 mil 331 personas.
Cabe mencionar que el delito de extorsión superó en los últimos cinco años las mil carpetas de investigación iniciadas en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
Entre los años 2020 y el 2025 la Procuraduría reportó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mil 328 carpetas de investigación por extorsión.
En 2020 se iniciaron en la Fiscalía 133 carpetas de investigación por el delito de extorsión, en 2021 descendieron a 108, en 2022 se elevaron a 232 carpetas, el 2023 fue el año con más carpetas de investigación al llegar a las 365, en 2024 sumaron 311 y para el 2025 se registraron 179 carpetas. Entre enero y marzo de 2026 se han iniciado 23 carpetas.
El pasado 6 de marzo, el gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, envió al Congreso local una iniciativa de reforma Ley Orgánica del Ministerio Público con la que se plantea que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo cuente con una unidad y Ministerios Públicos especializados en materia de extorsión.
De acuerdo con la iniciativa, la cual se turnó a comisiones para su análisis y estudio, la Procuraduría contará con una unidad, Ministerios Públicos, policías y analistas capacitados, evaluados, certificados y especializados en materia de extorsión.
Esto, en términos de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, el cual establece que para la investigación de las conductas previstas en esta Ley, la Fiscalía General de la República y las Fiscalías o Procuradurías locales contarán con unidades, ministerios públicos, policías y analistas capacitados, evaluados, certificados y especializados en materia de extorsión, de conformidad con los criterios que establezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La iniciativa, informó el gobierno del estado, responde al incremento que ha registrado este delito en distintas regiones del país y que afecta principalmente a empresas, comercios y micro, pequeñas y medianas empresas.
