La reciente sentencia emitida en Estados Unidos contra integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas, quienes deberán pagar 578.5 millones de dólares al Estado mexicano, volvió a dar visibilidad a la relación que mantuvieron con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado de encabezar una red de corrupción y lavado de dinero.
¿Cuál es el vínculo entre los Weinberg y Genaro García Luna?
Desde hace años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó a integrantes de la familia Weinberg como presuntos socios y operadores financieros vinculados al esquema mediante el cual se habrían obtenido contratos públicos irregulares durante el paso de García Luna por el gobierno federal.
La relación entre ambas partes salió a la luz dentro de las investigaciones impulsadas por autoridades mexicanas y estadunidenses.
La UIF presentó en septiembre de 2021 una demanda civil en Florida en la que acusó a García Luna de encabezar una red de corrupción y lavado de dinero sustentada en contratos otorgados a diversas empresas.
Dentro de esa estructura aparecieron los nombres de Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, señalados por autoridades mexicanas como parte del círculo empresarial relacionado con el exfuncionario.
Las investigaciones contra esta familia se remontan al menos a 2019, las cuales apuntaban a presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y al uso de empresas para mover dinero derivado de contratos obtenidos con instituciones de seguridad pública.
Así habría operado la familia Weinberg
La UIF señaló en sus investigaciones que el esquema operó mediante contratos otorgados por dependencias gubernamentales a compañías relacionadas con García Luna y con los Weinberg.
Posteriormente, los recursos habrían sido transferidos y ocultados mediante mecanismos financieros y triangulaciones internacionales.
Incluso, en mayo de 2023, fueron giradas órdenes de captura contra García Luna, empresarios y decenas de personas más por delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero. Entre los señalados figuraban Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, identificados como presuntos colaboradores del exsecretario de Seguridad Pública.
Las autoridades mexicanas también han señalado que los Weinberg actuaban presuntamente como prestanombres y operadores financieros dentro de la estructura ligada a García Luna. Las investigaciones federales apuntan a que empresas relacionadas con esta familia participaron en la obtención indebida de contratos públicos y en el movimiento posterior de los recursos.
En mayo de 2025, la familia Weinberg alcanzó un acuerdo con la UIF para desechar algunos cargos en Estados Unidos, aunque eso no frenó los procesos civiles relacionados con la recuperación de activos y reparación del daño patrimonial al Estado mexicano.
Empresas vinculadas al caso García Luna deberán pagar 578 mdd
La nueva sentencia en Miami forma parte de esos procedimientos civiles impulsados por el gobierno mexicano para recuperar recursos presuntamente desviados durante el sexenio en el que García Luna estuvo al frente de la estrategia de seguridad federal.
El 20 de mayo se informó que un tribunal del estado de Florida, Miami, en Estados Unidos, dictó sentencia condenatoria a favor del gobierno mexicano para recuperar activos relacionados con un esquema ilícito de contratación pública.
La resolución condena a integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas al pago de 578.5 millones de dólares por reparación del daño patrimonial ocasionado al Estado mexicano.
Lo anterior, derivado de su participación en operaciones vinculadas con el esquema de corrupción.
“Durante el proceso, se acreditó la intervención de personas físicas y morales que participaron en mecanismos destinados a la obtención indebida de contratos públicos y en la posterior transferencia y ocultamiento de recursos”.
“Para ello, se integró un amplio acervo probatorio conformado por documentación financiera, declaraciones testimoniales y elementos obtenidos mediante mecanismos de cooperación jurídica internacional”, se lee en el documento.
La resolución se suma a las investigaciones financieras derivadas del proceso contra García Luna en Estados Unidos. El exfuncionario fue condenado por narcotráfico y delincuencia organizada, mientras que las investigaciones patrimoniales han buscado rastrear empresas, propiedades y cuentas vinculadas con su presunta red de corrupción.
ROA
