La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo una reforma impulsada por el Congreso del Estado de Colima, la cual permitía perseguir de por vida el delito de peculado, medida que advirtieron ministros se presta para venganzas o revanchas políticas, como a veces ocurre en el país.
Ex funcionarias solicitan amparo
El debate tuvo su origen en un amparo en revisión interpuesto por Yulenny Cortés León, ex presidenta municipal de Villa de Álvarez, así como la ex tesorera María de los Ángeles Sosa Chávez, quienes fueron vinculadas a proceso por el citado delito.
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Colima imputó a las panistas que ocuparon el cargo de 2015 a 2018, pues se les señaló por no entregar en tiempo y forma 25 millones 330 mil 607 pesos que habían sido autorizados por el Cabildo dentro de los presupuestos de egresos de los ejercicios fiscales 2017 y 2018, para el pago de los empleados.
Por otra parte, las mujeres que enfrentan proceso penal demandaron declarar inconstitucional los artículos 114, fracción II, y 237 Bis del código penal de la entidad.
Por su parte, Giovanni Figueroa Mejía, ministro ponente propuso declarar inconstitucional el artículo 114, fracción II y amparar a las mujeres contra dicho precepto, pero planteó validar el artículo que castiga la omisión por la no entrega de recursos.
Igualmente, la ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció por no amparar a las ex funcionarias contra el primero de los mencionados artículos.
Por ende, no compartió los razonamientos del ministro que afirmó que la imprescriptibilidad está reservada en el derecho internacional a crímenes graves, como el genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, por lo que el peculado no alcanza este umbral de gravedad.
Además, consideró que este razonamiento parte de una premisa incorrecta, pues si bien el Derecho Internacional impone a los Estados que esos crímenes no prescriban, los locales no pueden declarar como imprescriptibles otro delitos.
“En consecuencia, trasladar automáticamente el umbral del derecho penal internacional como parámetro de regularidad constitucional impone una restricción que la Constitución no consagra y vacía de contenido la competencia de las legislaturas estatales para diseñar su política criminal en materia de corrupción, que la idea es evitar la impunidad con la imprescriptibilidad”, expresó.
Ministros votan en contra del recurso
Por otro lado, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, también avaló la propuesta, pero disintió del argumento del proyecto, pues comentó que la imprescriptibilidad sí puede imperar en casos que afecten otros derechos humanos.
“No estamos frente a un delito que sólo afecte el patrimonio o los recursos del Estado, sino afecta a otros derechos y puede llegar a ser un delito, pues que se asimile a los delitos de lesa humanidad”, declaró.
Por su parte, la ministra María Estela Ríos también votó en contra de amparar a las ex funcionarias y habló de la persecución política que a veces ocurre en el país.
“No debe darse lugar a que esta imprescriptibilidad sea de tal manera que pueda convertirse, y lo digo aquí abiertamente, es una manera de perseguir políticamente a ex funcionarios públicos" explicó.
De igual forma, Lenia Batres Guadarrama votó en contra de amparar a las mujeres contra el artículo 114, pues también hizo mención al tema de las venganzas políticas.
“Tipificar la corrupción sin prescripción puede permitir múltiples venganzas políticas, más aún, cuando un sistema democrático permite la alternancia en el poder”, declaró.
Por mayoría de seis votos, el Pleno concedió la protección de la justicia a las ex funcionarias contra el artículo 114, fracción II, pero les negó el amparo contra el artículo 237, por lo que el asunto será devuelto a un Tribunal Colegiado para que resuelva cuestiones de legalidad.
AG
