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Corte admite impugnación de Presidencia contra suspensión a primera parte del 'Plan B' electoral

La ponencia de la ministra Loretta Ortiz Alhf será la encargada de elaborar el proyecto de sentencia que será votado en el máximo tribunal del país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las impugnaciones interpuestas por la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados, en contra de la suspensión concedida por el ministro Alberto Pérez Dayán para que la primera parte del 'Plan B' de la reforma electoral no se aplique en los comicios de Coahuila y Estado de México.

La ponencia de la ministra Loretta Ortiz Alhf será la encargada de elaborar el proyecto de sentencia que será votado en la Segunda Sala del máximo tribunal del país y de cuyo fallo se determinará si son procedentes estos recursos de reclamación interpuestos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, el presidente del Senado, Alejandro Armenta, y la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Karla Almazán.

“Se tiene por presentada a la promovente con la personalidad que tiene reconocida en la acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas al rubro indicadas, se admite a trámite el recurso de reclamación que hace valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse al momento de dictar sentencia", detalla la notificación de la SCJN publicada ayer.

El ministro Pérez Dayán determinó conceder la suspensión solicitada por diputados federales de oposición para que las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas no apliquen para los procesos electorales que ya están en marcha.

En su resolución, el ministro de la SCJN concluyó que, de no conceder dicha medida, "podrían causarse afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste".

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Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
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