El juez que rechazó otorgar las órdenes de aprehensión solicitadas contra 31 académicos, científicos y ex servidores públicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) consideró que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) operó bajo las reglas previstas en la ley, motivo por el cual los 244 millones de pesos que utilizó de 2013 a 2019 está amparado en la legalidad.
MILENIO tuvo acceso a la resolución emitida el 21 de septiembre por Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez (en el Altiplano), Estado de México, dentro de la causa penal 299/2021, misma que ya causó estado porque la Fiscalía General de la República (FGR) no apeló la resolución. Ahora, el Ministerio Público Federal deberá elaborar una nueva petición.
Alfredo Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia (FEMDO), ha declarado que están valorando cómo reformular su solicitud y también ha dejado entrever que aún no resuelven si pedirán la orden de captura por los mismos delitos, es decir, por peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En su resolución, el juzgador dejó claro que el foro surgió de la Ley de Ciencia y Tecnología, así como de los numerales 22 y 24 del Estatuto Orgánico del Conacyt, vigente en la época de los hechos.
“De esta manera, todos los hechos que invoca la fiscalía (General de la República) en los que se involucra el otorgamiento de financiamiento al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, de ninguna manera pueden ser analizados a la luz del derecho penal, porque la obligación del Conacyt de dotarlo de los recursos económicos para su adecuado funcionamiento, en su momento estuvieron previstos en la ley que regula precisamente el funcionamiento de dicho foro y en el estatuto entonces vigente”, puntualizó.
La FGR integró la carpeta de investigación y solicitó las órdenes de captura a partir de dos denuncias que presentó Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt, interpuestas el 10 de julio de 2020 y el 10 de junio de 2021. La fiscalía pretendía que los académicos y científicos fueran ingresados en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México.
La dependencia federal alegó que desde sus constitución el foro ha recibido a través de dos fondos del Conacyt (Fondo Institucional del Conacyt y el Programa Presupuestario de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación) más de 471 millones de pesos, los cuales han sido gastados en una casa residencial, viajes nacionales e internacionales, sueldos, impuestos, cuotas al IMSS, aportaciones para el SAT e Infonavit, banquetes, gasolina para autos particulares, servicio de telefonía móvil y tintorería, seguros, fianzas, etcétera, es decir, gastos completamente ajenos a los previstos en las reglas de operación de dicho consejo.
No obstante, Gregorio Salazar estimó “que la actuación que se atribuye a los activos (de 2013 a junio de 2019) estuvo amparada por el espectro de la legalidad, pues en la época en que se reprocha la realización de tales actos delictivos, las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Conacyt y el Estatuto Orgánico del Conacyt, en la época de los hechos se encontraban vigentes, lo que implica que los activos actuaban amparados en esas disposiciones”.
El FCCyT dejó de existir a partir de la emisión del Estatuto Orgánico del Conacyt, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de febrero de 2020 y por la reforma de que fue objeto la propia Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en el citado diario el 6 de noviembre de 2020.
El juzgador apuntó que sólo sería procedente analizar los hechos denunciados por la FGR, siempre y cuando se hubieran cometido a partir de que entró en vigor el referido estatuto y reforma a la citada ley, y “no antes, pues se entiende que las actuaciones de los activos antes de tales reformas citadas se adecuaron a las normas aplicables en ese entonces”.
El juez sólo analizó el tema referente al delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
“Por tanto, al no ser delictivas las conductas que la fiscalía hace depender de la ilegal constitución de una asociación civil, es claro que tampoco se está en posibilidad de analizar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, porque estos se pretendieron tenerlos por acreditados a partir de lo que, para la fiscalía resultó el ilegal funcionamiento por ser ilegal en sí misma, la asociación civil en mérito”.
“Por ende, debe negarse la orden de aprehensión solicitada por la fiscalía”, resolvió.
Científicos y académicos acusados
La FGR advirtió que volverá a solicitar la orden de captura y que promoverá todos los recursos procedentes que tenga para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial. Los académicos, científicos y ex servidores públicos señalados por FGR son:
El ex director general del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza; los ex coordinadores del FCCyT, Julia Tagüeña Parga y José de Jesús Franco López, y el ex oficial Mayor del consejo, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez.
Asimismo, Teresa de León Zamora, Jorge Antonio Villegas Rodríguez, Salvador Emilio Lluch Cota, Miguel Gómez Bravo Topete, Rosa Eugenia Sandoval Bustos, Mauricio Francisco Coronado García, Marcial Bonilla Marín, Gabriela Dutrénit Bielous, Patricia Zúñiga Cendejas o Patricia Zúñiga Bello, Francisco Salvador Mora Gallegos.
María Mónica Ramírez Bernal, Pablo Rojo Calzada, Regina María Alarcón Contreras, Adriana Ramona Guerra Gómez, David García Junco Machado, Jesús Arturo Borja Tamayo, Rafael Ortega Reyes, María Dolores Sánchez Soler, Miguyel Adolfo Guajardo Mendoza, Luis Gabriel Torreblanca Rivera, José Rodríguez Roque Díaz, Luis Mier y Terán Casanueva y Elías Micha Zaga.
Así como Inocencio Higuera Clapara, Julio César Ponce Rodríguez, Lorena Archundia Navarro y Rafael Pando Cerón.
IR
