Las comunidades indígenas de la Montaña baja de Guerrero acumulan más de una década atrapadas entre asesinatos, desapariciones, ataques armados y desplazamientos provocados por la disputa de grupos criminales como Los Ardillos y, más recientemente, Los Tlacos.
La nueva ola de violencia registrada en Chilapa y comunidades cercanas no surgió de manera repentina.
Organizaciones civiles, defensores y habitantes de la región sostienen que municipios como Chilapa, José Joaquín de Herrera, Quechultenango y zonas rurales de Chilpancingo arrastran, desde al menos 2015, una crisis permanente marcada por el control territorial de grupos criminales, incursiones armadas y desplazamientos forzados.
La región volvió a colocarse esta semana en el centro de la violencia luego de ataques armados y desplazamientos masivos en comunidades como Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, donde habitantes denunciaron incursiones de hombres armados ligados a Los Ardillos.
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) acusó que las agresiones incluyeron armas de alto poder, drones y explosivos improvisados.
Las comunidades denunciaron además el desplazamiento de cientos de familias nahuas y acusaron omisión de autoridades tanto estatales como federales.
Aunque el gobierno estatal reportó decenas de desplazados, organizaciones civiles y habitantes sostienen que el número real supera ampliamente esa cifra.
Atentados a comunidades indígenas
La crisis en la región no es nueva pues, en 2015, hombres armados irrumpieron en Chilapa y desaparecieron a por lo menos 30 personas, según documentación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Desde entonces, organizaciones civiles comenzaron a documentar asesinatos, desapariciones y ataques recurrentes en comunidades indígenas de la Montaña baja.
Tlachinollan ha sostenido que los pueblos nahuas de la región viven desde hace años bajo una combinación de violencia criminal, control armado y abandono institucional.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también emitió medidas cautelares para habitantes de Tula, Xicotlán e integrantes del CIPOG-EZ tras emboscadas y agresiones armadas atribuidas a grupos criminales.
Las propias comunidades han denunciado que la violencia dejó decenas de víctimas acumuladas durante los últimos años.
El CIPOG-EZ sostiene que 76 integrantes de sus comunidades fueron asesinados y otros 25 permanecen desaparecidos desde que comenzó la escalada de violencia en la región.
La disputa criminal evolucionó con el tiempo; primero aparecieron grupos como Los Rojos y células ligadas al narcotráfico regional.
Después crecieron Los Ardillos, organización criminal con presencia histórica en Chilapa y municipios cercanos, señalada por controlar rutas, extorsiones y zonas serranas.
Ascenso de Los Tlacos
En años recientes también se consolidaron Los Tlacos, grupo criminal que expandió operaciones en Guerrero y comenzó a disputar territorios estratégicos en corredores de amapola, rutas de droga y comunidades rurales.
La confrontación entre ambos grupos convirtió a comunidades indígenas en zonas de guerra, pues habitantes denuncian retenes armados, bloqueos, cobro de piso, desapariciones y ataques periódicos contra pueblos completos.
Además, la violencia provocó desplazamientos recurrentes de familias enteras que abandonaron viviendas, parcelas y ganado para refugiarse en cabeceras municipales o comunidades vecinas.
La Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió ayer que el gobierno federal desplegó apoyo médico, Guardia Nacional y atención a desplazados en Chilapa, aunque defendió evitar confrontaciones directas que pudieran derivar en más civiles muertos.
“Alguien podría decir que llegue el Ejército y desaloje a las personas que están ahí, sí, nada más que eso va a representar una confrontación donde puede haber civiles fallecidos”, sostuvo.
Mientras tanto, fueron desplegados diversos operativos militares en la región para garantizar la seguridad de las personas en esa región.
AG
