Al comparecer ante el juzgado quinto de distrito en Michoacán por el encarcelamiento de José Manuel Mireles, el fundador de los grupos de autodefensa de La Ruana, Hipólito Mora aseguró que las autoridades estatales y el entonces comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, avalaron desde un inicio que las autodefensas portaran armas de uso exclusivo del Ejército.
En tanto, el ex comisionado, quien también se tenía que presentar a declarar, envió un documento, en el que el jurídico de la Conade, dependencia que encabeza Castillo, pidió que la comparecencia del funcionario fuera por escrito, lo que el juez aceptó.
Mora expuso que desde el surgimiento de las autodefensas —en febrero de 2014— Castillo, el ex gobernador Fausto Vallejo y procurador del estado, José Martín Godoy, aprobaron que civiles estuvieran armados en la región de Tierra Caliente.
Incluso, declaró, durante los operativos que las autodefensas desplegaban para erradicar el crimen organizado de su región, operaban de manera coordinada con el Ejército y la Policía Federal.
"Cuando salíamos alguna veces a los callejones a patrullar, nos decían váyanse ustedes adelante y nosotros nos vamos a ir detrás a cierta distancia, para que no nos vean juntos o nos vayan a tomar una fotografía. Fue así como nos manejamos siempre".
Al ser cuestionado sobre si el grupo que lideraba Mireles se regía sobre el mismo contexto, señaló que las condiciones eran exactamente las mismas.
"Llegábamos en caravanas juntos y siempre nos dejaron trasladarnos juntos y con armas de uso exclusivo sin que tuviéramos algún problema con las fuerzas armadas".
El líder de las autodefensas de La Ruana dijo en todo momento que Castillo acordó siempre que los operativos en Tierra Caliente se efectuaran en coordinación con las autoridades, sin restricciones en armamento, ni en el número de civiles que participaban.