La desarrolladora Proyectos 9 y su propietario, José Aurelio Lobatón, enfrentan 27 carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que suman un monto millonario aún no cuantificado.
De hecho, las primeras audiencias de imputación empezaron a solicitarse como parte de los actos de investigación que se reactivaron de manera reciente.
La trama no podía ser más complicada: Lobatón no solo se esconde de aquellos que le confiaron su inversión y siguen esperando los desarrollos prometidos; ahora tampoco está disponible para las autoridades, que buscan citarlo para responder por los hechos que se le acusan.
“Se le han enviado cédulas citatorias, pero no lo han ubicado”, indicó una fuente de la Fiscalía estatal.
A pesar de ello, de momento no existe una orden de aprehensión girada en torno a Lobatón por parte de la autoridad investigadora.
Una fuente de la Fiscalía de Nuevo León indicó que seis de las 27 carpetas corresponden a un proyecto turístico denominado BrHiza del Mar, en el estado de Quintana Roo.
A través de la empresa Latitud 40, representada por José Aurelio Lobatón y otra persona, se ofreció a la víctima un supuesto desarrollo inmobiliario, asegurando que contaban con permisos y que la construcción iniciaría sin problemas.
Confiada de la propuesta que le mostraron, la víctima femenina celebró en agosto de 2021 tres contratos de compra-venta y pagó más de 22 millones y medio de de pesos como enganche por tres departamentos.
“Sin embargo, la obra nunca se inició y, al acudir al lugar en enero de 2025, la víctima constató que no existía ninguna construcción, pese a que el proyecto debía concluir en diciembre de 2024”, relató la fuente.
Por tal motivo, la presunción es que Lobatón y su socio actuaron con engaños desde un inicio, con el propósito de obtener un beneficio económico indebido.
Se estima que por este caso, el monto del presunto fraude oscila en los 28 millones 135 mil pesos, aunque está pendiente si se suman más denuncias por este desarrollo ubicado en Quintana Roo.
Apenas este lunes, el fiscal general Javier Flores Saldívar recibió a una comitiva de 10 personas que se dicen afectadas por el presunto fraude inmobiliario.
El compromiso fue reforzar los actos de investigación del Ministerio Público, a fin de judicializar los asuntos que les fueron presentados.
mrg/grt
