La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) otorgó casi 75 millones de pesos desde enero de 2015 a mayo de 2016 a 190 víctimas de diversas violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades federales y compensaciones como parte de la reparación integral del daño, aun cuando solo haya averiguaciones previas.
De acuerdo con la reglamentación vigente, estos recursos se otorgan si existe la presunción de un delito de orden federal o una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Por ejemplo, 40 por ciento de ese monto, unos 30 millones de pesos fueron entregados en forma de indemnizaciones a raíz de recomendaciones de la CNDH a víctimas directas e indirectas de los hechos en Tlatlaya.
En el caso de San Fernando, Tamaulipas, los recursos se entregaron aunque solo existe la averiguación previa, pero se presume un delito de orden federal y por ello se reembolsaron gastos funerarios.
En los expedientes de Tlatlaya, el sustento jurídico del pago a cargo de la comisión es la recomendación emitida por la CNDH.
También se otorgaron más de 20 millones a diversos casos de violaciones denunciadas en Tijuana, Baja California; 8.5 millones de pesos a familiares de víctimas de los hechos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y 4.3 millones en los casos de denuncias en Ensenada y la Ciudad de México, mientras que también aparecen los deudos de víctimas en San Fernando, Tamaulipas, con 884 mil pesos.
De acuerdo con la tabla de víctimas beneficiadas y monto de recursos erogados con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, con corte al 27 de mayo de 2016, publicado en los datos abiertos del gobierno federal por la CEAV, estos recursos fueron entregados a víctimas directas o indirectas de violaciones a derechos humanos por parte de autoridades federales, cuando ya existen resoluciones del Poder Judicial, averiguaciones previas o recomendaciones de la CNDH.
Hay casos como el de Iguala, Guerrero, y el de San Fernando, Tamaulipas, donde las ayudas se han dado como compensaciones por gastos funerarios y estos montos oscilan entre los 30 y 60 mil pesos, pero también se otorgan por conceptos como ayudas inmediatas o de emergencia y en estos casos hay pagos reportados por mil pesos en los expedientes de Iguala.
Los pagos más cuantiosos reportados en la lista de la CEAV corresponden en su mayoría a los de Tijuana, Baja California, con montos que van de 1.5 a 2.5 millones de pesos a madres, esposas, cónyuges o hijos de víctimas de violaciones a derechos humanos, que ya fueron materia de una recomendación de la CNDH.
Existen también casos como el de Coatepec, Veracruz, donde las reparaciones integrales se pagan por causas penales que causaron estado.
De acuerdo con el estado financiero del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral al corte del 31 de marzo de 2016, sumaba un activo de mil 476 millones 438 mil pesos.
Según la ley, pueden ser beneficiarios del fondo las víctimas de delitos de orden federal o de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales. Las víctimas pueden ser directas, es decir, quienes sufrieron el daño; indirectas, sus familiares o personas a cargo de la víctima con una relación inmediata.
Además, la ley reconoce como víctimas potenciales a personas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima o bien a grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos colectivos como resultado de un delito o violación a derechos humanos.
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