Un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Diana Sánchez Barrios, líder de comerciantes en la CdMx, detenida ayer en la noche por agentes de la Policía de Investigación (PDI), por su probable responsabilidad en delitos de extorsión y robo en pandilla, ambos agravados.
La medida fue impuesta tras calificar como legal el cumplimiento de la orden de aprehensión, realizada por los elementos de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CdMx) en la alcaldía Cuauhtémoc, y la imputación formulada por el agente del Ministerio Público, adscrito a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto.
En el desarrollo de la audiencia inicial, la defensa de la hoy imputada solicitó la duplicidad del término constitucional y el próximo lunes se determinará su situación jurídica.
Las indagatorias de la Fiscalía capitalina indican que el modus operandi de la organización, presuntamente encabezada por Sánchez Barrios, es obligar a comerciantes del Centro Histórico al pago de cuotas a través de agresiones, hostigamientos y amenazas a cambio de no dañar su integridad física o patrimonial.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de la lideresa de comerciantes ambulantes; luego de que esta misma dependencia la denunció por operaciones financieras irregulares en diciembre de 2020. Además, que estaría ligada a depósitos millonarios, producto de cobro de piso a comerciantes.
"La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya realiza el congelamiento de las cuentas bancarias de dicha lideresa de comerciantes. La propia UIF, presentó una denuncia ante el Ministerio de esta Fiscalía el 7 de diciembre de 2020, en la que se señalaron operaciones financieras irregulares de dos asociaciones de las cuales ella forma parte", aseguró.
"De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la FGJ-CdMx, dichas asociaciones posiblemente habrían recibido millonarias cantidades en cientos de depósitos de afectados que eran presionados a pagar las cuotas mencionadas”, informó el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara.
Con información de Rubén Mosso.
AESC
