La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto analizar el caso de Rita, un asunto ya juzgado, en el que una mujer que sufría violencia trató de acabar con la vida de sus cuatro hijos, por lo que recibió una sentencia de 20 de prisión tras acogerse a un procedimiento abreviado.
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) detectó que Rita no tuvo una defensa adecuada y mucho menos se le informó que podía apelar la condena.
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Buscan amparar a la mujer
La ministra Loretta Ortiz Ahlf presentará mañana miércoles 25 de junio a sus homólogos de la sala un proyecto en el que propone amparar a la mujer y ordenar reponer el procedimiento para que sea juzgada con perspectiva de género, lo que le podría ayudar a reducir su pena.
Sin embargo, está latente la posibilidad de que los ministros argumentan que el amparo directo interpuesto no procede, debido a que ya transcurrió el plazo que la ley establece para apelar la condena.
En su demanda, Rita mencionó que no presentó su escrito de apelación dentro de los 10 primeros días, previstos en el artículo 415, párrafo primero, del Código de Procedimientos Penales del estado de Chihuahua, debido a que la defensa omitió informarle que la sentencia podía recurrirse y que existía un plazo legal para ello.
Explicó que, la jueza que presidió la audiencia de procedimiento abreviado tampoco le informó que la sentencia podía ser recurrida.
Relató que es madre de cuatro hijos, de los cuales tres fueron procreados con Adán, con quien mantuvo una relación durante seis años en la que sufrió violencia física, psicológica y sexual. Indicó que incluso una de sus hijas presentó problemas de salud al nacer, como consecuencia de los golpes y malos tratos que sufrió durante su embarazo.
Violencia que sufrió en su relación
Durante el tiempo que duró su relación con el señor, éste le impidió trabajar, no le apoyaba económicamente con sus hijos e, incluso, en muchas ocasiones los dejaba encerrados bajo llave.
Por esa razón y debido a que la violencia que sufría iba en aumento, en 2016 decidió separarse definitivamente de él y se fue a vivir con su madre y tiempo después inició una relación con alguien más.
Aseguró que denunció esta violencia ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género Zona Centro, en Chihuahua, lo que dio origen a una carpeta de investigación.
Pero, el Ministerio Público no ejerció acción penal, pese a que dentro de dicha carpeta se recabaron diversos datos de prueba de los que se desprendía el nivel grave de violencia que sufría, lo que incluso le generó un trastorno mixto de ansiedad y estado de ánimo depresivo.
El 29 de marzo de 2016, ella y sus hijos fueron encontrados desmayados debido a que se habían intoxicado con el gas de la cocina. Fue detenida por la probable comisión del delito de homicidio calificado, en grado de tentativa, que se le atribuyó.
Se le condenó por la comisión del delito de homicidio agravado y calificado en grado de tentativa y se le impuso una pena de 20 años de prisión.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf considera que el amparo sí procede y se debe otorgar la protección de la justicia, para que se deje sin efectos la sentencia dictada el 22 de noviembre de 2022 y se inaplique el artículo 415, párrafo primero, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua a efecto de que se admita a trámite el recurso de apelación interpuesto por la quejosa.
Una vez hecho lo anterior, se ordena la reposición del procedimiento a partir de la diligencia inmediatamente anterior de donde surgió la vulneración al citado derecho, y que se le juzgue con perspectiva de género.
RM
