El traslado de Genaro García Luna a la cárcel de super máxima seguridad Florence en Colorado, considerada la prisión más vigilada y extrema de los Estados Unidos, cierra un semestre de múltiples complicaciones y decisiones adversas para la defensa del ex funcionario, desde que este condenado a 28 años de prisión por cargos de narcotráfico.
Sus abogados no sólo han tenido problemas para presentar en tiempo y forma los documentos de la apelación en su condena, sino que incluso no han logrado que las autoridades penitenciarias faciliten el contacto con el ex funcionario. Los cambios de penal, tres en el periodo, han complicado todo.
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Fuentes de su defensa dijeron a MILENIO que la razón de estos traslados, según lo expresado por las autoridades, es salvaguardar la “seguridad” del propio García Luna.
Pero a su vez atribuyen estos hechos a supuestas medidas de presión de los fiscales para que el ex funcionario de Felipe Calderón entre a un mecanismo de colaboración con ellos.
Además, apenas en mayo una corte civil en el estado de Florida condenó a García Luna al pago de una millonaria sanción de 740 millones de dólares por haber invertido en dicho estado recursos provenientes de hechos de corrupción.
La cadena de decisiones adversas de los últimos meses en contra del funcionario inició en octubre de 2024 cuando el juez a cargo de su proceso, Brian Cogan, rechazó la petición de los abogados del ex funcionario de reponer todo el juicio en el que había sido encontrado culpable de cargos de narcotráfico, bajo el amparo de que la evidencia usada en su contra era fabricada.
Cogan descartó esta petición tras considerar válidos los argumentos vertidos por los fiscales quienes registraron en audio intentos de sobornos del ex funcionario a otros internos a cambio de que refirieran que las declaraciones del caso estaban manipuladas.
Luego de oficializarse la sentencia de 38 años en su contra, la defensa del ex funcionario solicitó al juez Cogan que recomendara a la brevedad su traslado desde la penitenciaria metropolitana de Brooklyn, donde aseguraron que había amenazas de muerte en su contra.
Los abogados requirieron que dicho traslado fuera a una prisión cercana a Washington o del estado de Virginia, que es la zona donde se encuentra parte de su familia.
Aunque la petición de traslado fue concedida en diciembre pasado, las autoridades penitenciarias decidieron llevar a García Luna hasta el Centro Federal de Transferencia (FTC) en la ciudad de Oklahoma para analizar sus condiciones de reubicación.
En dicho sitio fue recluido en un módulo de alta seguridad donde comenzaron los problemas para hacer contacto.
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Doce intentos infructuosos y nuevo traslado
En enero de este año, García Luna fue trasladado al complejo penitenciario llamado UPS Lee en el estado de Virginia, una cárcel que en el papel se encontraba más cerca de la zona solicitada originalmente por su familia. Sin embargo, el movimiento resultó una pesadilla para sus representantes y familiares.
En marzo la defensa del funcionario presentó un escrito ante el Tribunal de Apelaciones de Nueva York denunciando que su cliente se encontraba prácticamente incomunicado pues fue aislado en una unidad de tratamiento especial conocida popularmente como “El Hoyo”.
MILENIO publicó en su momento que dicha unidad, denominada Unidad Especial de Albergue (SHU), era en realidad un área de segregación donde bajo argumentos de mayor seguridad o de imposición de castigos, los internos eran aislados casi en su totalidad.
Los defensores del ex funcionario, Cesar de Castro y Valerie A. Gotlib, obtuvieron en ese momento una primera ampliación del periodo para presentar una apelación a la condena del narcotraficante debido a los problemas de comunicación con este dentro del plazo original de 90 días establecido.
Sin embargo, la situación no mejoró. En mayo la abogada Gotlib envió un nuevo escrito al Tribunal en el que reportó que habían hecho hasta 12 intentos de comunicación con García Luna, pero que todos habían sido bloqueados por las autoridades penitenciarias de dicho instituto.
“He representado a múltiples clientes encarcelados en la apelación de sus sentencias ante este Tribunal, pero nunca había experimentado la incapacidad de comunicarme como la que estamos experimentando actualmente con el señor García Luna”, afirmó la abogada en ese momento,
En ese contexto la defensa consiguió un nuevo aplazamiento por 90 días más para la presentación de la apelación, el cual vence en septiembre próximo.
Sin embargo, semanas después de dicha audiencia García Luna fue trasladado nuevamente de penal esta vez al Centro Penitenciario de Florence en Colorado, considerada la instalación de mayor aislamiento y seguridad de los Estado Unidos.
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Acusan presiones
De acuerdo con fuentes de la defensa de García Luna consultadas por MILENIO, el también ex titular de la AFI había pedido desde mayo su traslado de la penitenciaria de Lee a otro centro carcelario debido a las condiciones de aislamiento e incomunicación a las que estaba sometido.
Sin embargo, su asignación a la penitenciaria de super máxima de seguridad de Colorado significa un nuevo revés en los intentos de mayor apertura.
De acuerdo con la lectura hecha por la defensa, este aislamiento cada vez más extremo al que se encuentra sometido el exfuncionario obedece a supuestas presiones de parte del Departamento de Justicia para que opte por alguna forma de colaboración y aporte datos de otros posibles funcionarios mexicanos implicados en hechos delictivos.
Estas supuestas presiones para convertirse en testigo colaborador e incriminar a otros en acusaciones con narcotráfico ya había sido señalada por el propio García Luna en una carta firmada de puño y mano en septiembre de 2024.
Con independencia del motivo, las fuentes consultadas indicaron que esta misma semana los abogados de García Luna harán contacto con el cuerpo directivo de la penitenciaria de Florence para solicitar el contacto con su cliente, y también las visitas de su familia.
Millonarias multas
Además de las resoluciones adversas relacionadas con la vía penal, el ex funcionario y su esposa, Cristina Pereyra, también recibieron resoluciones en su contra en la vía civil, y concretamente en el proceso judicial que estaba abierto desde hace cinco años en florida por la supuesta inversión de recursos provenientes de hechos de corrupción en México.
La jueza Lisa Walsh ordenó que García Luna pague 748 millones de dólares y su esposa mil 740 millones, sumando un total de 2 mil 488 millones de dólares que deberán ser restituidos al gobierno mexicano.
La demanda, presentada en septiembre de 2021 por el gobierno de México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acusó a García Luna y a su círculo cercano de crear una red de empresas fantasma para desviar fondos públicos mediante contratos inflados o irregulares otorgados durante su gestión y años posteriores.
García luna y su esposa perdieron dicha demanda casi por “default”, luego de que fallaron en comparecer a través de apoderados legales a la corte para que presentaran elementos a su favor. Personas cercanas al funcionario dijeron que ni el ni su esposa cuentan con recursos para cubrir los pagos reclamados.
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HCM
