La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuestionó las investigaciones internacionales sobre la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos al emitir una nueva recomendación sobre el caso Ayotzinapa, en la que las calificó de parciales.
Estos señalamientos se refieren principalmente al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), perteneciente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH).
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Postura de la CNDH sobre caso Ayotzinapa
“Es el caso de muchas de las evidencias del Expediente de la Recomendación 15VG/2018 que, o bien no se analizaron del todo, o bien se usó la información de manera parcial, ocultando unos hechos y resaltando otros, convenientes a una narrativa.
"Y lo mismo podríamos decir de otros instrumentos de referencia, informes y documentos de ONG nacionales y extranjeras, del GIEI-CIDH y CorIDH, porque el objetivo de esta Recomendación no es crear una narrativa más, o replicar una de las existentes, sino abonar a la verdad y a la justicia, siempre con elementos comprobables y/o fundados”, anotó la CNDH en el documento.
De acuerdo con el organismo, tras una revisión de la documentación del caso, a cargo de la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado en el Pasado Reciente, se determinó que esos órganos de protección de los derechos humanos no analizaron todas las evidencias para llegar al fondo del asunto.
La dependencia encabezada por Rosario Piedra Ibarra difundió la recomendación únicamente a través de sus redes sociales, sin ofrecer una conferencia de prensa ni avisar previamente a los familiares de las víctimas y a quienes integran el Comité de Madres y Padres de los 43 normalistas desaparecidos.
En dicha misiva, la CNDH sostiene que la nueva recomendación 208VG/2026 representa una reivindicación de la lucha de las víctimas directas e indirectas de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
Según las conclusiones de la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado en el Pasado Reciente, durante los hechos de 2014 se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
Entre ellas, violaciones al derecho a la libertad, a la integridad física y a la vida, derivadas del uso excesivo de la fuerza, así como a los derechos a la verdad y la justicia.
Sin embargo, muchas de las evidencias fueron omitidas durante las investigaciones, motivo por el cual el organismo de derechos humanos optó por realizar una revisión exhaustiva de todas las actuaciones ministeriales e incluso de las realizadas por la propia CNDH.
“Sobre todo de aquellas que, en su momento, no fueron utilizadas o bien que fueron interpretadas de manera sesgada y tendenciosa”, precisa.
Destacan colaboración de la Defensa
Por lo anterior, asegura que permanece en análisis la actuación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como el amparo que dio pie a la liberación de un importante número de responsables confesos.
Asimismo, destacó la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), al proporcionar información inédita, como el análisis de los denominados 800 folios “CRFI”, cuya desaparición había sido denunciada por los familiares.
“(La investigación) incorpora, entre otras, la documentación sobre los 800 folios ‘CRFI’, cuya desaparición se ha reclamado y respecto de los cuales nosotros requerimos una aclaración por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), y la obtuvimos”, indicó.
A decir del documento de la CNDH, la recomendación está dirigida a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda.
También está dirigida a autoridades estatales de Guerrero y a los ayuntamientos de Iguala, Cocula, Huitzuco, Taxco, Ixcateopan y Tepecoacuilco, entre otras instituciones involucradas en la investigación, búsqueda, atención y reparación integral de las víctimas.
RP
