Un juez federal admitió a trámite el amparo que interpuso Blanca Alicia Bernal Castilla, ex agente del Ministerio Público Federal, quien impugnó el auto de vinculación a proceso que se le dictó por irregularidades en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Por el momento, la ex servidora pública no podrá ser fichada tras su ingreso al penal femenil de Santa Martha Acatitla en Iztapalapa, procedimiento conocido como filiación administrativa (ficha signalética).
La ex agente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la administración de la justicia, tortura, ocultación de personas desaparecidas y falsificación de documentos.
Juan Mateo Brieba de Castro, juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, otorgó una suspensión provisional que impide que sea fichada.
El juzgador indicó que en este momento no es procedente conceder la suspensión respecto de la suspensión de sus derechos políticos y mucho menos para que obtenga su libertad, ya que esto se determinará cuando se resuelva en definitiva el amparo.
Sin embargo, se le otorgó la suspensión provisional para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la quejosa quede a disposición del juez por lo que a su libertad personal se refiere.
El pasado 11 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que Arturo Medel Casquera, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, la vinculara a proceso por los mencionados delitos.
¿Qué papel tiene en el caso de los 43 normalistas?
De acuerdo con funcionarios, Bernal Castilla intervino en las diligencias contra Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, señalado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) como uno de los integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos que participó en el ataque y desaparición de los estudiantes el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. En octubre de 2018, un juez federal ordenó la libertad de Sandoval Rodríguez.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseguró que la PGR había cometido una confusión, porque Sandoval Rodríguez no era la misma persona que apodaban La Rana, contra la que existían señalamientos de participar en el ataque.
El juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros no se pronunció si Erick Uriel Sandoval era o no la persona que participó en los sucesos de violencia; solo se limitó a señalar que las autoridades federales violaron el debido proceso, dentro la causa penal que se le inició por el delito de secuestro.
bgpa
