Víctimas del caso Atenco denunciaron omisiones y obstáculos por parte del gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR) en las medidas de reparación que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A días de cumplirse 20 años de los hechos, las sobrevivientes participaron en una audiencia virtual de supervisión, convocada por el Tribunal Interamericano, para escuchar cuál es el nivel de cumplimiento sobre el mecanismo de reparación.
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¿Qué pasó durante la audiencia?
En la audiencia, las víctimas denunciaron la prevalencia de impunidad, la indolencia en la garantía de acceso de atención médica y psicológica y la inadecuada implementación de garantías de no repetición.
"El Estado no ha cumplido con su responsabilidad de investigar y juzgar a los responsables y el caso permanece en impunidad. Nunca nos ha presentado un plan de investigación pese a qué lo hemos solicitado de manera reiterada. No ha garantizado la información y nuestro derecho a coadyuvar.
“Las acusaciones por la Fevimtra presentan errores, los cuales hemos señalado. Ustedes escucharán supuestos avances, pero esto no es así. Es importante que haga una resolución que tome en cuenta las exigencias y se marque el camino a seguir para su cumplimiento”, expresó Edith Rosales, una de las mujeres sobrevivientes.
Acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), las mujeres acusaron falta de coordinación entre la Fiscalía General de la República.
Así como de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Secretaría de Gobernación (Segob); y la falta de colaboración de la Guardia Nacional.
Mencionaron que en 2019 se instaló una mesa de alto nivel para cumplir con el fallo, pero este no se sostuvo en el tiempo.
Expusieron ante las juezas y jueces que a la fecha no ha habido avances en la investigación a cargo de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).
Incluso, mencionaron, tuvieron que interponer acciones legales frente a la fragmentación de las investigaciones en el fuero local y federal, sin que la FGR generara un plan de investigación integral que abordara el operativo en su conjunto e investigara la cadena de mando.
Además, resaltaron las omisiones de la Fevimtra en garantizarles su derecho a participar y ser informadas sobre la investigación.
“Al recibir la sentencia de la Corte estábamos convencidas de que sería una oportunidad para abrir un camino de justicia no sólo para nosotras, sino para otras mujeres que permanecen en prisión, sin acceso a acompañamiento, justicia o atención médica y psicológica.
“El Estado ha tenido 20 años para esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades, generar mecanismos para evitar la repetición de los hechos a múltiples escalas.
“Después de 20 años seguimos pidiendo algo que debería ser una certeza para todas las mujeres: seguridad, un trato digno y una vida libre de violencia para todas las mujeres”, añadió Norma Jiménez durante la audiencia.
RM
