La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 47 servidores públicos y una empresa fueron sancionados por irregularidades cometidas con castigos que incluyen destituciones, inhabilitaciones de hasta 10 años y multas que, en conjunto, alcanzan 4.6 millones de pesos.
Entre los casos más graves se encuentran actuaciones de personal médico que contribuyeron al fallecimiento de dos pacientes, funcionarios que permitieron la caducidad de medicamentos hasta provocar desabasto, trabajadores de una casa cuna involucrados en el maltrato de menores y cinco integrantes de la Guardia Nacional que presentaron certificados de estudios sin validez.
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Sanciones en varios hospitales
En el Hospital Infantil de México Federico Gómez fueron sancionados seis integrantes del Subcomité de Abasto porque, pese a conocer que había medicamentos próximos a caducar, permitieron que vencieran, lo que ocasionó desabasto y afectaciones en la atención médica.
Los castigos incluyeron destituciones e inhabilitaciones de hasta seis meses.
En otro caso, cinco servidoras públicas del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron inhabilitadas durante un año porque en 2021 no realizaron un diagnóstico oportuno de una hemorragia cerebral, lo que impidió que el paciente recibiera el tratamiento adecuado y contribuyó a su fallecimiento.
Otro caso similar ocurrió en la Unidad de Medicina Familiar 46 de Culiacán, Sinaloa, donde Rigoberto 'N' fue suspendido durante 30 días por no identificar correctamente los síntomas de un paciente ni ordenar los estudios básicos para evaluar su condición.
La dependencia señaló que la atención inadecuada también contribuyó a la muerte del paciente.
Buen Gobierno también reportó sanciones contra tres trabajadores de Casa Cuna Coyoacán. Ricardo 'N' fue destituido e inhabilitado durante seis meses por maltratar física y psicológicamente a dos menores en 2025, mientras que Zandra 'N' y César 'N' fueron suspendidos porque presenciaron las agresiones y no las impidieron ni dieron aviso a las autoridades.
Además, cinco integrantes de las oficinas centrales de la Guardia Nacional fueron destituidos luego de entregar copias de certificados de estudios presuntamente expedidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que resultaron no ser válidos. Los documentos eran necesarios para obtener la licencia para portar armas de fuego.
Multas económicas
Las mayores sanciones económicas, sin embargo, derivaron de irregularidades administrativas y contrataciones.
Una empresa identificada únicamente como “D” fue inhabilitada durante cuatro años y multada con 3.1 millones de pesos por presentar en 2021 facturas de vehículos alteradas para simular que cumplía los requisitos de una licitación de servicios de transporte.
De los demás servidores públicos sancionados, seis pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad, cinco al Instituto Mexicano del Seguro Social, dos al Consejo Nacional de Fomento Educativo dos al Servicio de Administración Tributaria y dos a Petróleos Mexicanos (Pemex)
Los 10 restantes estaban adscritos a nueve dependencias y organismos federales, entre ellos las secretarías de la Defensa Nacional junto con la de Salud y Agricultura. Los castigos incluyeron suspensiones, destituciones, inhabilitaciones de hasta 10 años y sanciones económicas.
RP
